Más de 10.000 viviendas más que se destinarán a alquiler social y a personas con menos recursos. Ese es el aumento que experimentará el Fondo Social de Vivienda tras el acuerdo al que ha llegado el Gobierno central con la Sareb y las entidades bancarias, por el que ambas ofrecerán numerosos bienes inmobiliarios de su cartera para aquellos que están en "circunstancias extremas". Un pacto que ha sido anunciado personalmente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha destacado que desde ahora el parque público de viviendas contará con hasta 24.000 viviendas. Y que es una de las primeras medidas del nuevo Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible, que estará dotado con hasta 1.000 millones que saldrán de los fondos europeos canalizados a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
En un acto celebrado en Moncloa para presentar el pacto, Sánchez ha explicado que la Sareb destinará cerca de 10.000 viviendas de su cartera que se ofrecerán a precios asequibles. 5.000 de ellas estarán disponibles para el Estado a corto plazo, mientras que las otras 5.000 están pensadas para el medio y largo plazo. Por lo que la entidad que preside Jaime Echegoyen será la que más aporte al bautizado como Protocolo sobre Alquiler Social de Viviendas. Un plan para el que se destinará la inversión necesaria para reformar esos pisos, labor que corresponderá al Ministerio de Transportes y Agenda Urbana que dirige José Luis Ábalos.
Los bancos también han llegado a un entendimiento con el Ejecutivo para contribuir a este protocolo, tal y como ha señalado el jefe del Ejecutivo. Esto se concreta a través de la prórroga hasta enero de 2022 del Fondo Social de Vivienda para familias vulnerables, por el que el sector aumentará en un 10% el número de propiedades que aporta a ese instrumento. Por lo que se pasará de 9.000 pisos actuales a los 11.000 con los que el Estado podrá contar desde ahora, y que pertenecen a las entidades de crédito. Unas casas a las que podrán acceder las familias y personas que hayan perdido su vivienda habitual, y que se ofertarán a precios reducidos.
"Es necesario y urgente renovar el parque público de viviendas de alquiler. Y vamos a favorecer que los grandes tenedores de vivienda o entidades financieras pongan parte de su cartera a disposición de personas en situación de vulnerabilidad", ha explicado Sánchez en su intervención, en la que ha admitido que en los últimos años se han producido subidas en el precio del alquiler que han dificultado el acceso a la vivienda para muchos ciudadanos. Lo que ha llevado a que se produzcan desajustes en el mercado, con zonas "muy tensionadas" en varias ciudades en las que alquilar es mucho más caro que en otros puntos de la misma región o término municipal.
El objetivo del Gobierno con este nuevo plan es que esos 24.000 pisos que formarán parte del parque público se repartan por esas zonas tensionadas, en las que impera una escasez de oferta que coincide con la subida de los precios. Por eso, esos 10.000 nuevos pisos que aportará la Sareb irán a parar a los ayuntamientos y las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en la materia. Hasta ahora, las entidades locales y las autonomías se encargaban de 5.000 viviendas. Tras este protocolo, tendrán en sus manos cerca de 15.000. Por lo que serán la vía principal para que quienes cumplan los requisitos puedan acceder a ellas. Un conjunto de políticas que el jefe del Ejecutivo ha asegurado que fueron "olvidadas" por anteriores administraciones. Lo que ha provocado que ahora sean los jóvenes "los que más sufren" para poder acceder a un techo en alquiler.
Además de los 1.000 millones con los que se financiarán estas políticas de vivienda, Sánchez ha destacado que el mismo Plan de Transformación y Resiliencia del que salen esos fondos tiene en la agenda urbana una de sus políticas palanca. Lo que permitirá "impulsar un ambicioso plan de renovación y rehabilitación de vivienda", con una inversión de cerca de 4.300 millones de euros. A lo que ha sumado los más de 500 millones para política social de vivienda y los 1.500 para rehabilitación de entornos residenciales que contemplan los Presupuestos Generales del Estado aprobados para este 2021. "La vivienda tiene que dejar de ser un bien de lujo y un motivo de estrés. Es un derecho garantizado en nuestra Constitución. Y tiene que ser un refugio y una vía de emancipación para los jóvenes", ha apuntado el presidente.
En lo que no ha profundizado Sánchez es en la nueva Ley de Vivienda estatal que prepara el ministerio de Ábalos. Y que es una de las más conflictos ha generado entre PSOE y Unidas Podemos en el Gobierno de coalición. Tan solo ha hecho mención a ella para destacar que será la primera norma de este tipo que sale adelante desde que se reinstauró la democracia. También ha mencionado que todas estas medidas buscarán dar respaldo público a los más vulnerables, perseverando en ese aumento del parque público. Pero no ha hecho mención a las medidas que están generando discrepancias en el Consejo de Ministros. Como las de modificar la figura de gran tenedor o limitar los precios del metro cuadrado por alquiler por ley.
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