La Ley de Vivienda está siendo una dura partida de estrategia a cuatro, o incluso a seis, bandas que está poniendo a prueba las costuras del Gobierno de coalición. El Ministerio de Transportes ha llevado hasta ahora la iniciativa e incluso ya maneja un borrador de anteproyecto de ley que muy pocos han visto. El departamento que dirige José Luis Ábalos está secundado por la Vicepresidencia Económica (Nadia Calviño) y por Moncloa. Reciben sus presiones, especialmente de los grandes fondos de inversión y los bancos. En el otro lado del tablero se sitúa la Vicepresidencia segunda de Pablo Iglesias que, pese a que pactó ser coproponente de la nueva norma, dejó hacer al equipo que dirige David Lucas, el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, y ahora se siente apartada. A Unidas Podemos también le llegan presiones, especialmente del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que también interlocutan con el PSOE, sobre cómo debería ser la nueva legislación estatal. Y en medio de toda esta negociación a varias bandas han irrumpido las elecciones catalanas, una cita que ha embarrado aún más un terreno de juego ya de por sí complicado desde hace años.
La coalición ya ha incumplido el plazo pactado junto a los Presupuestos para llevar la ley a Consejo de Ministros. Tres meses, acordaron PSOE y Unidas Podemos la noche del 31 de octubre. Fue una velada intensa, algún negociador, de hecho, ni durmió, que acabó con compromiso inédito hasta la fecha: "Bajar los precios" del alquiler. Nunca se había llegado tan lejos a nivel estatal en un pacto que, por cierto, cerró Moncloa y no Transportes. Como comentaba un ministro de Unidas Podemos la noche de marras: "De todo lo que hemos arrancado al PSOE esto es lo más importante". Desde entonces la Ley de Vivienda está siendo una bomba de relojería para la coalición. Sólo ha habido dos reuniones y eso, para una norma capital tanto para el PSOE como para Unidas Podemos y en la ambos lados del Ejecutivo quieren dejar su impronta, anticipa continuos enganches en este mes.
La tensión en el Ejecutivo ha quedado evidenciada a lo largo de los últimos días. En el PSOE critican a sus socios abiertamente y en Unidas Podemos tampoco se esconden. Ambos hablan de "deslealtad" mutua. De poco sirvió la reunión de 'conciliación' de la semana pasada en el Congreso donde los socialistas reprocharon al equipo de Pablo Iglesias "radiar" la mayoría de las discrepancias que existen. Los morados replican que "pacta sunt servanda" y que es el PSOE quien no tiene "voluntad política".
Un dato: el propio Lucas tenía previsto entregar esta misma semana a sus socios el citado borrador elaborado en Transportes con un primer planteamiento para negociarlo. Lunes, martes, miércoles... Esa noche el número dos de Ábalos comunicó a Ione Belarra, la principal negociadora de la Vicepresidencia segunda, que se congelaban las negociaciones hasta después de las elecciones catalanas. Los socialistas no creen oportuno dialogar sobre un asunto nuclear entre mítines y cálculos electorales que prevén que sus socios morados retomen las conversaciones, el día 15, debilitados, más si cabe tras lo ocurrido en País Vasco y Galicia. En UP el malestar con sus copartícipes es máximo y ya advierten que pase lo que pase el 14-F van a seguir siendo "muy cabezones".
Los principales problemas de la Ley de Vivienda
La Ley de Vivienda tiene, a la espera de conocer las posiciones de PSOE y Unidas Podemos, dos planteamientos iniciales. En el plan que maneja el Ministerio de Transportes, y que no ha compartido ni con sus socios ni con el sector, se contempla revisar la exención del 60% en el IRPF a la que pueden acogerse los propietarios de una vivienda en alquiler calculado en base a los ingresos que se hayan obtenido del piso en un año, menos los gastos también adquiridos. El PSOE apuesta, por tanto, por la vía de los incentivos o los beneficios fiscales, un modelo similar al que se aplica en Portugal. Pero Unidas Podemos discrepa de este modelo y lo tilda de "fracaso" en base a un informe de la Vicepresidencia segunda que analiza el modelo luso.
Desde Transportes explican que el equipo liderado por David Lucas, y en el que también ocupa un papel esencial en la negociación Javier Martín, director general de Vivienda, está trabajando en el citado borrador de la ley- Añaden que cuando tengan una posición concreta la compartirán con sus socios. "Hay un compromiso político", dijo Ábalos este jueves en el Congreso. El PSOE añade que va a cumplirlo, pero el tiempo se agota. Hay una nueva fecha límite: el 28 de febrero. El Gobierno únicamente tendría dos Consejos de Ministros más, tras las elecciones en Cataluña, para dar el visto bueno a la norma: el del día 16 y el del día 23.
La posición del equipo de Iglesias se encuentra en las antípodas a la del PSOE. Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 identifican cuatro puntos de fricción con sus socios. En primer lugar, Unidas Podemos propone "obligar a los grandes tenedores a que dediquen el 30% de sus viviendas al alquiler social". Esta medida es similar a la que ya se aplica en algunas comunidades autónomas. Por ejemplo, en País Vasco, que fue pionera, la vivienda protegida que se construye sólo puede salir en régimen de alquiler. Es obligatorio. O en Cataluña, con una normativa mucho más reciente, donde los promotores tienen que dedicar entre el 40% y el 50% de sus viviendas a VPO. Son espejos en los que se quiere fijar el equipo morado. La diferencia es que UP propone a nivel estatal reservar ese 30% al parque de vivienda de grandes tenedores ya construida, no a la nueva.
Más medidas que plantea Unidas Podemos para incluir en la nueva Ley de Vivienda y que el PSOE no ve. O, al menos, en las que no se ha manifestado con sus socios, de momento: la prohibición permanente de desahucios sin alternativa habitacional a familias vulnerables, la puesta en marcha de medidas efectivas que movilicen la salida de vivienda vacía al mercado de alquiler -Belarra planteó en La Información la posibilidad de aprobar un impuesto a la vivienda vacía que en el PSOE no ven por posibles "problemas de constitucionalidad"-, y una regulación que rebaje los precios del alquiler. Las posturas, en algunos casos, son antagónicas.
El jueves, el número dos de Ábalos comunicó a Ione Belarra, la negociadora de la Vicepresidencia segunda, que se congelaban las negociaciones hasta después de las elecciones catalanas
Respecto al último punto, "bajar los precios" del alquiler, en ambas partes del Gobierno apuntan a que la Administración central lo único que puede hacer es aportar la herramienta para que comunidades o ayuntamientos legislen en la materia. La competencia es autonómica y, por tanto, queda en manos de las administraciones ajenas a la central aplicar el límite o control de precios para evitar las subidas abusivas en zonas de mercado tensionadas.
A las tensiones en la coalición, que es donde se están librando las auténticas batallas políticas en ausencia de un Parlamento poralizado, se suman las presiones de los principales afectados por la regulación en ciernes. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos es un actor protagonista en esta normativa. Esta es su visión sobre la problemática. Jaime Palomera, su portavoz: "Hay que crear un verdadero sistema público de vivienda y ponerlo a la altura de la sanidad y la educación, pero esto no serviría de nada si al mismo tiempo no se regula el mercado y se prohíbe la especulación con la vivienda ya construida. De hecho, los países que más vivienda pública construyen, como Austria o Dinamarca, son también los que más regulan el mercado privado; sin ir más lejos, Viena ha fijado el precio del suelo en dos tercios del mercado para cortar el problema de raíz".
ASVAL es la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler y, por su parte, ya han hecho llegar a Transportes su visión de qué debería contener y qué no la nueva norma. Su directora general, Beatriz Toribio, explica que la futura ley "debe servir para desarrollar el mercado de vivienda en alquiler para alcanzar el nivel de nuestros vecinos europeos". ¿Cómo? "Es fundamental apostar por la colaboración público-privada como vía para canalizar y aunar los esfuerzos públicos -y la responsabilidad de la Administración en dotar de vivienda social y asequible a la población vulnerable- y privados". Es decir, para ASVAL la generación de vivienda social "es una responsabilidad de la Administración que está trasladando a los propietarios". Palomera opina justo lo contrario: "Lo que llaman publico-privado consiste en recibir suelo y recursos públicos sin ofrecer nada a cambio, con el objetivo de sostener los beneficios privados de los fondos. Esto es inaceptable: cualquier cesión de suelo o ayuda pública debe ir condicionada a que la vivienda sea protegida y a perpetuidad, como ya se hace en el País Vasco y en la Europa avanzada".
"Lo que los fondos no quieren entender es que el derecho a la propiedad privada está recogido en la Constitución, pero no el derecho a especular", aseguran desde el Sindicato de Inqulinas
"Lo que los fondos no quieren entender es que el derecho a la propiedad privada está recogido en la Constitución, pero lo que no está recogido en ninguna parte es el derecho a especular; de hecho, la Constitución deja claro que el derecho a la propiedad privada está delimitado por su función social. Y eso se traduce en que los Gobiernos deben actuar de acuerdo con lo que ha declarado el Parlamento Europeo: para impedir la especulación y asegurar el derecho a una vivienda digna y asequible en todo el sistema, tanto el público como el privado", destacan desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos.
"Necesitamos más vivienda en alquiler, no menos. Para ello, es imprescindible un marco regulatorio que genere seguridad jurídica a propietarios e inversores, y que incentive la inversión y el desarrollo del mercado", expone, por su parte, Toribio, que rechaza medidas "intervencionistas" como el citado planteamiento de Podemos de reservar el 30% de la vivienda vacía de los grandes tenedores al alquiler social. Y añade: "Medidas intervencionistas, que impongan aspectos restrictivos y lesivos para los propietarios, como el control de precios del alquiler -que se ha mostrado ineficaz en ciudades europeas como Berlín-, o el amparo a la ocupación, sólo contribuirán a reducir más la oferta de vivienda en alquiler, perjudicando a los más vulnerables, precisamente, aquellos en los que Podemos se ampara para justificar sus medidas; ellos van a ser los más perjudicados con todas estas medidas que se pretende imponer".
Palomera replica, sin embargo, que "hay quien quiere confundir seguridad jurídica con seguridad para poder seguir especulando. La ley 11/2020, que regula los precios del alquiler en Barcelona y Cataluña, está dando una seguridad sin precedentes a miles de familias, que hasta ahora vivían con la inseguridad de que les pudieran chantajear entre una subida del alquiler del 500 euros o el desahucio". "Gracias a esta ley -añaden-, cada semana estamos evitando muchas subidas del alquiler y negociando reducciones, como no habíamos podido hacer hasta ahora".
La vivienda, motivo permanente de conflicto entre PSOE y UP
Las negociaciones en materia de vivienda son un motivo permanente de conflicto para PSOE y Unidas Podemos. La tensión esta vez está tensando las costuras de la coalición, no hay dirigente consultado que lo niegue, pero no es la primera vez que ambas formaciones protagonizan serios encontronazos sobre este asunto. Basta echar la vista a enero de 2019, cuando Unidas Podemos, era un apoyo externo para Pedro Sánchez, para conocer de dónde viene esta trifulca. El PSOE presentó sus primeros Presupuestos negociados con sus hoy socios de Gobierno y ambos pactaron, de forma paralela, una ambiciosa legislación sobre vivienda a través de un decreto-ley en la que, por ejemplo, se contemplaba el control de precios municipal. Estaba negro sobre blanco en una negociación que llevaron el propio Ábalos y la diputada morada Lucía Martín, hoy concejala de Vivienda en el Ayuntamiento de Barcelona, pero finalmente Unidas Podemos tumbó la norma de los socialistas al no incluir esa medida. Acusaron a Calviño de no cumplir lo acordado. Los PGE de 2019, eso sí, continuaron adelante pero fue ERC quien no los apoyó y provocó el adelantó electoral.
El Sindicato de Inquilinas e Inquilino considera que "la gran pregunta es qué va a hacer el PSOE, si va a ceder a las presiones de los fondos o si va a proteger a millones de familias que esperan esta y otras medidas para poder mirar al futuro con algo de esperanza". Y concluye: "Tanto la Vicepresidencia Social como las fuerzas parlamentarias de la investidura han dejado claro que están a favor de blindar esta ley y extenderla, para permitir que otras comunidades puedan regular también". La partida está abierta.
Un detalle importante sobre toda esta contienda interna en el Ejecutivo es que la entente entre Sánchez e Iglesias no corre riesgos a corto y medio plazo. Así lo certifican diferentes fuentes gubernamentales consultadas. "Hay Gobierno de coalición para rato como va a haber conflictos en la coalición para rato", resume un ministro. Y eso que la Ley de Vivienda no es el único motivo de conflicto: hay que sumar el 'affaire' Escrivá con las pensiones, la complicada reforma laboral y la Ley de Igualdad. Las elecciones catalanas no devolverán, ni mucho menos, la calma a la coalición.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios