El Gobierno ha dado el primer paso para que la siempre temida visita de la Inspección de Hacienda pase a la historia. Desde este miércoles, los inspectores de la Agencia Tributaria tendrán la oportunidad de utilizar un canal más, no presencial, para requerir información a los obligados tributarios sobre los que existen sospechas de fraude fiscal, solicitarles aclaraciones sobre determinados aspectos poco claros de sus declaraciones de impuestos o incluso trasladar documentación: la videollamada.
La Agencia Tributaria llevaba meses realizando pruebas de operatividad y seguridad para acelerar su implantación, pero ahora ya existe el marco jurídico necesario para hacerlo. La Administración Tributaria española podrá utilizar la videoconferencia como un canal más para relacionarse con los contribuyentes, prestarles asesoramiento, facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o realizar todo tipo de gestiones. El Gobierno ha aprovechado la aprobación del Real Decreto que regula el Fondo Covid de 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas para abordar un ajuste de la Ley General Tributaria que incorpora "los sistemas digitales que permiten la comunicación bidireccional y simultánea de imagen y sonido" como un canal más de relación entre Hacienda y los contribuyentes.
La modificación decretada por el Ministerio de Hacienda afecta a dos artículos de la norma general que regula la aplicación de las normas tributarias en España: el artículo 99 y el 151. El primero de ellos regula los canales legales a través de los cuales se pueden sustanciar las actuaciones y procedimientos tributarios. El segundo, el lugar de las actuaciones inspectoras. Hasta la fecha, y en virtud de lo recogido en la Ley General Tributaria, las actuaciones inspectoras debían realizarse necesariamente de manera presencial, ya fuera en la residencia fiscal del contribuyente o de su representante legal, en el lugar donde la empresa o particular realizara su actividad profesional, en el lugar donde hubiera prueba del hecho imponible o en las oficinas de la Agencia Tributaria.
La modificación introducida por el Ministerio de Hacienda habilita por primera vez a la Inspección de Hacienda a realizar sus actuaciones de forma remota, desde la oficina y contactando con los contribuyentes o sus representantes legales vía videoconferencia. La norma, eso sí, establece una cautela y es que este mecanismo solo se utilizará en los casos que los obligados tributarios den su consentimiento a la utilización de este sistema.
Garantizar la seguridad de las comunicaciones por este canal
Hay otras requisitos que se deberán cumplir y que tienen que ver con la seguridad de las comunicaciones mantenidas a través de este formato. Ése ha sido el principal quebradero de cabeza que los servicios informáticos de la Agencia Tributaria ha tenido que resolver en las pruebas que el organismo ha venido realizando desde hace varios meses y que se intensificaron a partir de marzo con la irrupción de la Covid-19, que urgía la posibilidad de utilizar la mayor cantidad de canales disponible para relacionarse con el contribuyente. La reforma aprobada el pasado martes en Consejo de Ministros por el Gobierno y activada este miércoles establece de forma clara que el sistema que se utilice deberá garantizar "la transmisión y recepción seguras de los documentos que, en su caso, recojan el resultado de las actuaciones realizadas, asegurando su autoría, autenticidad e integridad".
La iniciativa se recogía en el Plan de Control Tributario y Aduanero de la Agencia Tributaria para este año 2020, según recogió en su día 'Vozpopuli', en el que se decía que "en el contexto de digitalización de las actividades administrativas en el que se mueve la Inspección de Hacienda, 2020 será el año en el que cobre impulso un nuevo sistema informático capaz de permitir interactuar a los representantes y asesores de los contribuyentes con la Inspección sin necesidad de desplazarse a la sede del órgano inspector actuante". Según fuentes no oficiales de la Agencia Tributaria, las restricciones a la movilidad impuestas por el coronavirus y la previsión de que éstas se prolonguen de una manera u otra durante un tiempo prolongado a aconsejado a las autoridades tributarias acelerar la aprobación de esta medida para habilitar un canal no presencial tanto para el cumplimiento de las obligaciones tributarias como para la ejecución de las actuaciones de la Inspección, cuyas posibilidades presenciales pueden verse limitadas.
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