Después de asegurar que tiene todos los escenarios controlados y que no dejará caer a las administraciones regionales, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado hoy que las comunidades autónomas calculan en 5.000 millones de euros el potencial impacto de la devolución del impuesto asociado a las hipotecas en caso de que el Tribunal Supremo decida que debe pagarlo el banco con una retroactividad de cuatro años.
Durante su intervención en el Foro Cinco Días, la ministra ha subrayado que el Gobierno tiene preparado un "plan" en caso de que la sentencia sea favorable a los compradores de vivienda, de manera que se coordinen las actuaciones con comunidades autónomas y entidades financieras. Esta respuesta viene en línea con lo adelantado desde el domingo por la noche por el ministro de Fomento (y secretario de Organización del PSOE), José Luis Ábalos, de que el Ejecutivo protegería a las comunidades en caso de tener que asumir la decisión de los tribunales de manera inmediata.
En cualquier caso, este plan del Gobierno también contempla el potencial impacto de que estas devoluciones, aunque sean temporales, afecten al déficit público, es decir, que coincida con la reclamación a las entidades financieras para que el déficit no lo tengan que soportar las cuentas públicas, informa Efe. "Si eso ocurriera", ha advertido, supondría un incremento de cuatro o cinco décimas en el objetivo de déficit, lo que "pondría en riesgo la salida del procedimiento del déficit excesivo".
El pleno de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo retoma hoy su análisis sobre la doctrina de la reciente sentencia que considera que la banca debe asumir el pago del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas, y no el cliente.
"Estamos todos expectantes para escuchar la deliberación de la sala del Supremo, de la declaración que se formule oficialmente", ha dicho Montero, quien ha revelado que, "evidentemente, el Gobierno tiene estudiados los diferentes escenarios", ha asegurado. La titular de Hacienda ha indicado que el Gobierno trasladará las medidas que correspondan cuando toque, pero primero debe pronunciarse el Supremo, que es "a quien le corresponde".
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