El Ministerio de Hacienda ha empezado a tantear con los gobiernos de las comunidades autónomas la posibilidad de instaurar dentro del futuro sistema de financiación autonómica una especie de 'ingreso mínimo regional' a modo de compensación por los gastos fijos en los que tienen que incurrir para mantener la arquitectura institucional que sostiene su autogobierno, según han confirmado a La Información fuentes de varias comunidades autónomas.
El departamento que dirige María Jesús Montero ha mantenido a lo largo de las últimas semanas una ronda de contactos con representantes de las comunidades autónomas de Régimen Común - todas, salvo las haciendas forales vascas y navarra - para empezar a perfilar las bases de algunos de los elementos clave del futuro sistema de financiación autonómica, cuya negociación formal el Gobierno pretende abrir el próximo mes de noviembre con una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Según las fuentes consultadas de media docena de gobiernos autonómicos, en estos encuentros, de carácter técnico, Hacienda ha trasladado a los gobiernos autonómicos su interés en reformular el concepto de 'población ajustada' que sirve de base para el reparto del 75% de los recursos del sistema de financiación autonómica - por el que este año 2021 recibirán 113.729 millones de euros - y su intención es incluir ese 'ingreso mínimo autonómico' como factor de corrección dentro del sistema.
No se trata de una idea revolucionaria. El primer sistema de financiación autonómica que sustituyó a los acuerdos quinquenales de financiación en el año 2001 ya establecía la cobertura de esos gastos fijos como uno de los elementos del sistema, aunque ese factor se derogó posteriormente en 2009. Las fuentes consultadas confirman que el Ministerio ha puesto su posible recuperación encima de la mesa en su ronda de contactos con las autonomías como uno de los escenarios posibles en los que se está trabajando. Lo hace siguiendo la recomendación del informe del comité de expertos de financiación autonómica, que hace ahora cuatro años propuso recuperar esa partida de gastos fijos "con el fin de ayudar a sufragar los costes fijos ligados a las instituciones de autogobierno y a otros servicios autonómicos, que son gravosos en el caso de las comunidades con menor número de habitantes".
La idea no entusiasma a todas las comunidades autónomas por igual. Algunas consideran que se trata de un esquema que favorecería a las comunidades autónomas más ricas. Los expertos apuntan a que favorece a las comunidades autónomas de menos población, ya que el planteamiento de base es que los fondos asociados a esos 'gastos fijos' se repartieran a partes iguales entre todas las autonomías sin atender a criterios de población. Se entiende que son éstas precisamente las que asumen un coste más alto por el desarrollo de las estructuras de autogobierno.
Un profundo conocedor del sistema de financiación autonómica sostiene que el dispositivo aporta una buena base para compensar a las comunidades autónomas que resultarían más perjudicadas por la potencial eliminación de la llamada regla del 'statu quo', la cláusula que más condionó el equilibrio técnico del actual modelo de financiación autonómica y que impone que ninguna comunidad autónoma pueda resultar perjudicada o, en otras palabras, recibir menos fondos como consecuencia de la reforma del sistema. Desde esta perspectiva el factor de los 'gastos fijos' se vislumbra como la llave que puede permitir derogar la regla del 'statu quo'.
Financiar por necesidades de gasto y no por población
El de los 'costes fijos' es uno de los factores de corrección en los que están trabajando los técnicos del Ministerio de Hacienda. Los 'factores de corrección' del sistema de financiación autonómica tratan de compensar diferentes peculiaridades que sobre el papel encarecen la prestación de servicios en determinadas comunidades autónomas. En el sistema actual éstos se llevan el 3% de los recursos del Fondo de Garantía - que distribuye el 75% de los fondos del sistema - y compensan situaciones como la insularidad, la extensión del territorio o la dispersión de la población. En los escenarios que Hacienda ha trasladado a las comunidades autónomas el peso de estos factores de corrección se eleva al 4% e incorpora el factor de los 'gastos fijos' a los ya conocidos de dispersión o insularidad.
Los contactos que Hacienda está manteniendo con las comunidades autónomas son de naturaleza exclusivamente técnica. De hecho, la unidad que se está encargando de los mismos está siendo la Subdirección General de Estudios Financieros Autonómicos, que está elaborando un informe técnico sobre la reformulación del concepto de 'población ajustada' con el objetivo de llevarlo al Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo mes de noviembre para abrir en una fase muy inicial la negociación sobre el futuro sistema de financiación autonómica.
Hacienda se ha cuidado de no enviar ningún papel a las comunidades autónomas con las que se está reuniendo, pero sí les ha trasladado que se trabaja en diversos escenarios para actualizar los actuales criterios de reparto y que uno de ellos pasa por replantear la distribución de esos fondos sobre la base de repartir un 96% en función de las necesidades de gasto asociadas a la prestación de la cartera de servicios básicos de las comunidades autónomas (sanidad, educación y servicios sociales) y un 4% de esos factores de corrección.
El modelo actual los factores de corrección pesan un 3% y el resto de los recursos se reparte según la distribución de población entre siete segmentos diferentes de edad (38%), la población del territorio (30%), la población de 0 a 16 años, que determina el gasto educativo (20,5%) y la población mayor de 65 años (8,5%). Según las fuentes consultadas, la idea que transmite Hacienda es que la distribución se realice según criterios de 'población ajustada', que tendrían en cuenta más el coste que ésta genera para la prestación de servicios que su peso cuantitativo. En la negociación de 2009 el factor población tuvo un peso muy significativo por la explosión demográfica que tuvo lugar en los años de la burbuja.
Desde las comunidades autónomas se ha puesto sobre la mesa aspectos como la importancia de compensar el elemento dispersión de la población, teniendo en cuenta el coste de la despoblación; y también otros elementos como la población flotante, que impacta particularmente sobre las autonomías con un mayor peso del turismo que durante el periodo estival ven sometidos a un especial estrés sus servicios públicos por el incremento exponencial de la demanda.
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