El Gobierno descarta aplazar la entrada en vigor del nuevo impuesto al plástico, prevista para el próximo 1 de enero de 2023. Así lo adelantan a La Información fuentes del Ministerio de Hacienda que indican que la hoja de ruta de María Jesús Montero para gravar los plásticos de un solo uso continúa intacta. Desoye así a las patronales de los principales sectores afectados por la tasa, que empezará a operar el año que viene, y que le han pedido a la ministra por activa y por pasiva que posponga este 'castigo' en un contexto de elevada inflación que se verá agravado con el impuesto.
La automoción, la distribución, la industria química o los plásticos se han opuesto a la nueva tasa que gravará con 0,45 euros cada kilo de envase de un solo uso. Y también la industria alimentaria, desde donde advierten de que encarecer la producción de estos plásticos, tan presentes en los pasillos de los supermercados, provocará un incremento de los precios finales de los productos que integran la cesta de la compra. Solo hay que pensar en los envases que revisten pastas, legumbres, carnes, hortalizas... o en los que contienen yogures, embutidos, bebidas... o más allá, alimentos preparados.
El pasado mes de julio las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias, así como otras patronales como Aecoc, ACES, Anged, Asedas, FIAB, Adelma, Stanpa y EsPlásticos, reclamaron al Gobierno en un comunicado conjunto que se retrase al menos un año la entrada en vigor del nuevo impuesto especial por considerar que no es el momento de imponer una nueva tasa que repercutiría negativamente en la competitividad de las empresas y sobre el consumidor. En concreto, las organizaciones empresariales plantearon posponerla al 1 de enero de 2024.
Más recientemente, una quincena de patronales de sectores afectados, entre las que se incluyen la mayoría de las citadas anteriormente y a las que se suman los fabricantes de automóviles (Anfac), la industria química (Feique) y otras representantes de la industria de los plásticos como Aimplas, Cicloplast, Plastics Europe o la Asociación Española de Industrias del Plástico (Anaip) han dirigido una carta a la ministra de Hacienda en la que insisten en la necesidad de aplazar el impuesto hasta 2024 y advierten de que su puesta en marcha agravará la crisis de precios, encareciendo los productos que se venden en este tipo de plástico.
En la misiva, las organizaciones empresariales firmantes advierten de que "la introducción de una nueva carga fiscal a un sector sometido a grandes presiones y exigencias normativas no resultaría beneficiosa en estos momentos, sino todo lo contrario, contribuyendo al alza inflacionista". Además, los empresarios recuerdan a Montero que las previsiones de los principales organismos nacionales e internacionales apuntan en estos momentos a que "el contexto económico se mantendrá adverso en los próximos meses" y auguran "un futuro incierto y desfavorable".
Pero Hacienda desoye las advertencias de los empresarios de los sectores afectados por la nueva tasa y mantiene su entrada en vigor para dentro de tres meses. Y ello a pesar de que las propias organizaciones están advirtiendo de que las empresas repercutirán los costes en los precios finales de los productos, con lo que ello implica, especialmente, en la cesta de la compra de los alimentos para los colectivos más vulnerables y también para las clases medias. Fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero sostienen que el Impuesto Especial a los Envases de Plástico que contiene la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados "entrará en vigor como estaba previsto".
Los empresarios advierten a Hacienda de que repercutirán el impuesto en el precio final de los productos
Hay que recordar que en diciembre de 2021 el Congreso de los Diputados ya aprobó una propuesta del PP para aplazar un año el impuesto al plástico, que procede de la transposición de una directiva europea. El Gobierno, que quiso acelerar la aprobación de la ley porque ya estaba fuera de plazo, acabó accediendo a la presión de los populares, que advirtieron de que instaurar un nuevo impuesto que pudiera acabar en un encarecimiento de muchos productos de primera necesidad era contraproducente para la economía, y de la patronal CEOE, que pidió al Ejecutivo que demorara el gravamen en vista de que 2022 seguiría siendo un año de elevada inflación.
Pero "ya no hay más margen", sostienen fuentes gubernamentales que insisten en que "hay que poner en marcha el impuesto" y aclaran que su entrada en vigor va en paralelo a los Presupuestos Generales del Estado de 2023, que acaba de aprobar el Consejo de Ministros, por lo que una eventual negociación para posponerlo -que, recalcan, "en estos momentos está absolutamente descartada"- tendría que producirse al margen de las conversaciones que abre este mismo jueves Montero con los grupos parlamentarios para recabar apoyos a las cuentas públicas del próximo año.
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