Hacienda negocia con la UE la fórmula para elevar el impuesto sobre Sociedades

Durante la clausura del XXXIII Congreso Nacional de Inspectores de Hacienda del Estado, celebrado esta semana en Burgos, el secretario de Estado de Hacienda en funciones, Jesús Gascón, confiaba en poder empezar a tramitar la trasposición del como 'Pilar Dos' sobre la fiscalidad de los grandes grupos empresariales y multinacionales "en las próximas semanas", siempre que la investidura de Pedro Sánchez -para la que sigue sin haber una fecha oficial- salga adelante y se forme un nuevo Gobierno. 

Hace apenas unos días, PSOE y Sumar anunciaron su acuerdo programático para configurar un Ejecutivo de coalición que, en virtud de esa directiva, fijaba un tipo mínimo del 15% en el impuesto sobre Sociedades aplicable al resultado contable o beneficios de las compañías. Esto, mientras a nivel europeo se trabaja de forma coordinada y a contrarreloj para cumplir con los plazos comprometidos con la OCDE en la traslación de estas nuevas normas que pretenden reducir el riesgo de erosión de la base imponible y el traslado de beneficios por parte de las multinacionales, garantizando así que estas abonen el impuesto al tipo mínimo global acordado.

Fuentes próximas al equipo económico de Sumar explican que la Comisión Europea está tratando de coordinar esfuerzos para que todos los Estados vayan al mismo ritmo en la aplicación de la reforma y que no surjan problemas con países que tienen fiscalidad agresiva. Los Veintisiete alcanzaron un acuerdo a finales del año pasado para aplicar a nivel comunitario el componente de la reforma fiscal internacional promovido por la organización que engloba a los países más desarrollados con el objetivo de limitar la competición a la baja ('dumping fiscal') entre los tipos del impuesto sobre Sociedades. 

Desde la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) recuerdan que cualquier variación de la normativa tributaria de este tipo a nivel europeo requiere unanimidad por parte de los socios comunitarios, de modo que gobiernos como el de Irlanda o el de Países Bajos (países cuya fiscalidad resulta más atractiva para las grandes corporaciones) pueden ser reacios a su aplicación, como hasta ahora, o buscar una fórmula que les perjudique menos a la hora de ponerla en práctica.

De lo acordado con la OCDE en 2021 se desprendía que las normas nacionales tenían que aprobarse a lo largo de este año para empezar a aplicar sus primeros aspectos en 2024 e implantarse totalmente en 2025, de forma que las primeras declaraciones deberían presentarse en el primer semestre de 2026. Fuentes próximas al Ministerio de Hacienda reconocen lo apurado de los plazos, dada la situación de interinidad en la que permanece el Gobierno a las puertas ya del mes de noviembre. 

La clave de la discusión está, sin embargo, en cómo se aplique finalmente esta medida, y los inspectores inciden en que este tipo de normas no debería basarse nunca en decisiones individuales por parte de los Estados, como se demostró cuando varios países europeos -entre ellos España- aplicaron de forma unilateral la Tasa Google y Estados Unidos reaccionó con el anuncio de aranceles.

Un paso complicado por el Congreso

En el Gobierno recuerdan que las más afectadas serán las empresas de mayor tamaño (con ingresos superiores a los 750 millones de euros), puesto que al tener parte de su negocio en el extranjero perciben del exterior beneficios y dividendos que de ahora en adelante podrían gravarse. Por el contrario, en el caso de las empresas más pequeñas, y que por tanto no cuentan con ingresos del exterior, la diferencia entre el resultado contable y la base imponible es menor. 

Precisamente, entre los problemas que citan los expertos está el hecho de que esas ganancias obtenidas en el extranjero por las multinacionales ya habrían tributado en el país en el que se obtuvieron. Sin embargo, no es el único punto que puede generar conflicto y traducirse en una mayor litigiosidad. Así, fiscalistas consultados auguran un futuro complicado a la reforma, hasta el punto de que los hay que descartan que los cambios anunciados por los socios de gobierno vayan a poder entrar en vigor antes de dos años.

Primero, por su complejidad, dado que se parte del resultado contable y habrá que hacer determinados ajustes, con tipología y requisitos diferentes (por ejemplo a la hora de corregir la doble imposición), y ahí es donde estará realmente la letra pequeña. Pero también, porque la norma deberá ser aprobada por un Congreso de los Diputados muy fragmentado en el que el Ejecutivo, hoy en funciones, podría toparse con reticencias por parte de formaciones como Junts per Catalunya o el PNV a dar su visto bueno a una reforma de este tipo, añaden los expertos a este diario.