El Ministerio de Hacienda ha dado el pistoletazo de salida a la negociación del futuro modelo de financiación autonómica con la presentación de su propuesta sobre los criterios que deben guiar la distribución de los fondos de la caja común, lo que se ha denominado el debate sobre la definición de 'población ajustada'. El planteamiento del departamento que dirige María Jesús Montero aboga por reforzar la financiación de la sanidad, la educación y los servicios sociales frente al resto de servicios no esenciales que prestan las comunidades autónomas e introduce alguna novedad como la posibilidad de reforzar la financiación a las comunidades autónomas que reciban a estudiantes de FP superior o universitarios procedentes de otros territorios.
La medida ya se planteaba en el informe de los expertos, que cuestionaba la exclusión de la enseñanza universitaria de los criterios de reparto de los fondos orientados a la financiación de la educación - que a día de hoy sólo sufragan de forma directa el coste de la enseñanza pública de 0 a 16 años - y en principio parece beneficiar a las comunidades autónomas más pobladas, que son las que disponen de una mayor red de centros universitarios y que se suelen acoger a estudiantes procedentes de otras CCAA menos pobladas y con una menor implantación de la enseñanza universitaria.
La propuesta de Hacienda en este punto no es cerrada. En principio aboga por un sistema mixto que retribuya a las CCAA por el número de estudiantes universitarios empadronados en su territorio, pero también establezca algún tipo de corrección o extra de financiación a las autonomías 'receptoras' para las que la llegada de universitarios procedentes de otras regiones también supone un gasto. No obstante, plantea otras dos opciones para el debate: la posibilidad de distribuir los fondos de manera exclusiva según el número de estudiantes de enseñanza superior (universidad y formación profesional) empadronados en una comunidad autónoma o por el contrario hacerlo exclusivamente por el número de matriculados en un territorio.
Lo que sí hace la propuesta de Hacienda es incorporar por primera vez la financiación de la enseñanza universitaria a la financiación autonómica. En concreto, el Ministerio plantea destinar entre el 20% y el 25% de los recursos orientados a financiar la educación pública a sufragar la factura de la enseñanza universitaria, hasta ahora excluida del modelo. También plantea incrementar del 20,5% a una horquilla de entre el 25% y el 30% los recursos del Fondo de Garantía de Servicios Públicos - la bolsa en la que están el 75% de los recursos distribuidos por el sistema de financiación autonómica - destinados a la financiación de la educación.
Más dinero para Sanidad y Educación
Otra de las orientaciones que se percibe de forma clara en la propuesta del Gobierno de España es la intención de concentrar más la distribución de los recursos de la financiación autonómica en los servicios esenciales que prestan las comunidades autónomas (Sanidad, Educación y Servicios Sociales), y reducir la financiación del resto de servicios, que en el modelo actual se llevan el 30% de los recursos y que en la propuesta de Hacienda se quedarían en el entorno del 20%. El planteamiento no atiende a lo que defienden la mayoría de las CCAA que entienden que el sistema tiene que financiar todos los servicios que prestan los gobiernos autonómicos, no sólo los servicios públicos esenciales.
La intención del Gobierno es garantizar que el grueso de los recursos que reciban las comunidades autónomas de la caja común vayan a sufragar los servicios que son más esenciales para los ciudadanos y que constituyen el núcleo duro de la gestión autonómica, y no acaben empleados en otras políticas para cuya financiación el futuro modelo parece apelar de forma más clara a los recursos propios que se procure cada gobierno autonómico. El esquema presentado este viernes, en el que el Gobierno lleva trabajando desde finales de 2018, plantea eso sí unos criterios de reparto algo más sofisticados. En el caso de la Sanidad, mientras a día de hoy la distribución se efectúa en función de siete grupos de edad que pretenden separar los que realizan un uso más intensivo de los servicios sanitarios - principalmente, población más envejecida - el futuro modelo diferencia hasta una veintena de grupos de edad diferentes.
En el caso de la Educación se pretende pasar de un modelo que sólo tenía en cuenta la población de entre 0 y 16 años empadronada en cada región a un modelo mucho más amplio que abarca también la formación superior. En el ámbito de los Servicios Sociales al criterio de población mayor de 65 años se añade también el de parados de larga duración.
Un guiño menor a la España Vaciada
El activismo durante las últimas semanas del bloque multipartidista de ocho comunidades autónomas (Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón) en reivindicación de una financiación autonómica que tenga más en cuenta los sobrecostes derivados de la dispersión poblacional, el declive demográfico y la extensión del territorio no ha tenido demasiado reflejo en la propuesta del Gobierno.
La configuración del criterio de 'población ajustada' planteado por el Ministerio de Hacienda incorpora en efecto, como avanzó en su día La Información, una suerte de ingreso mínimo autonómico para compensar a las siete comunidades autónomas de menor tamaño por el coste de tener que mantener un núcleo administrativo similar al de autonomías más grandes y el criterio de despoblación, pero no los hace valer ya que los incorpora a la bolsa de criterios de ajuste por dispersión y despoblación que ya existen en el actual sistema. Ahora esos criterios tienen reconocido un 3% de los recursos del Fondo de Garantía y la propuesta de Hacienda plantea o mantener ese 3% o como mucho subirlo al 4%, un avance mínimo.
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