Más dinero por mantener la prestación de servicios públicos en los pueblos de la denominada 'España vaciada', aún a sabiendas de que es más costoso para el erario público; o para compensar la especial presión a la que se ven sometidos los servicios públicos de los municipios turísticos durante las épocas de temporada alta en que su población se multiplica varias veces. Los gobiernos autonómicos quieren que la negociación del futuro modelo de financiación autonómica, que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quiere poner encima de la mesa de forma inminente, se realice sobre bases muy diferentes a las que guiaron la discusión en 2009 y contemple la compensación financiera de situaciones que hoy en día o no son tenidas en cuenta o al menos no lo son todo lo que ellas quisieran.
En el modelo actual el 97% de los recursos del Fondo de Garantía, que constituye el núcleo de la financiación autonómica y aglutina el 75% de los fondos que se distribuyen, se reparten a partir de un criterio que se basa en la población existente en cada territorio, si bien luego se corrige según la distribución por edades, la concentración de personas mayores de 65 años o la población en edad escolar obligatoria (menos de 16 años), en un esquema que se ha dado en denominar de 'población ajustada'. Luego, hay un 3% de los recursos que se distribuyen por cuestiones como la dispersión poblacional o la extensión del territorio.
Hay todo un grupo de comunidades autónomas que consideran que ese reparto es injusto, que no valora de forma suficiente los sobrecostes que tiene la prestación de servicios públicos en regiones con una elevada dispersión de población y que tampoco pondera los costes de la gestión del territorio. "Hay que garantizar la igualdad y la financiación efectiva del coste real de la prestación de los servicios. Es evidente que el coste de prestar servicios en el mundo rural es mayor que el de hacerlo en un entorno urbano", argumenta el consejero de Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo. "Tenemos una población envejecida, centros educativos que solo tienen tres alumnos o una red sanitaria de 3.600 consultores locales que queremos mantener para prestar el mismo servicio a los 2.248 municipios de la región. La dispersión debe ponderarse más de lo que se hace ahora, así como el coste de servicios que no tienen relación directa con el número de habitantes de un territorio como la gesión forestal, la lucha contra los incendios, la conservación del patrimonio....".
Castilla y León es una de las comunidades autónomas que como Asturias, Aragón, Galicia, Cantabria, La Rioja, Castilla-La Mancha o Extremadura defienden un mayor peso de los factores 'despoblación' y dispersion poblacional en la financiación autonómica para compensar el sobrecoste objetivo que estas condiciones supone para la prestación de servicios. El actual modelo de financiación autonómica, sin embargo, puso más el foco en retribuir en función del número de habitantes, en un contexto en el que la población del país se había disparado por el 'boom' económico de la primera década de los años 2000.
Ese criterio dio lugar a 'ganadores' y 'perdedores', por mucho que el modelo se construyera sobre el principio de garantizar el 'statu quo', es decir, el nivel de ingresos que cada comunidad autónoma recibía del anterior modelo de financiación autonómica. Los informes realizados sobre el particular sitúan siempre a la Comunidad Valenciana y a Andalucía entre las regiones más perjudicadas en términos de ingresos por habitante...y eso es así por el juego de las ponderaciones de la 'población ajustada'y del resto de fondos de la financiación autonómica que minimizan la financiación relativa que recibirían en ausencia de esos mecanismos.
La Generalitat Valenciana y la Junta de Andalucía están gobernados por partidos diferentes, pero la financiación autonómica les une en una reivindicación: un reparto de recursos más equitativo en función de la población total de cada territorio. Este martes el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, en Sevilla para constatar sus coincidencias y constituir una especie de frente común para la defensa de determinados presupuestos de cara a la negociación del futuro modelo de financiación autonómica.
Uno de ellos es el reequilibrio de los fondos por habitante que reparte el sistema - lo cual implicaría suavizar la redistribución que se realiza en función de criterios como el envejecimiento de la población o la dispersión territorial -, pero también la necesidad de tener en cuenta el sobrecoste que soportan las zonas turísticas durante los meses de verano, en que sus servicios deben atender a un volumen de población mucho mayor al que reside de forma habitual en esas poblaciones y financia con sus impuestos esos servicios públicos, según aseguran fuentes de la Consejería de Hacienda de la Comunidad Valenciana. Entienden que la atención de esos flujos turísticos, en muchos casos procedentes de otros puntos del territorio español, son un servicio que se presta al conjunto del país no sólo a los ciudadanos de su municipio y por tanto deberían estar previstos en el sistema de financiación autonómica.
La idea base que Hacienda ha trasladado a las comunidades autónomas en los contactos iniciales que se han mantenido en las últimas semanas pasa por mantener el esquema básico de la distribución del Fondo de Garantía de 2009, pero incrementando la ponderación de los factores no vinculados de forma directa a la población hasta el 4%, incorporando de paso algún elemento nuevo como una especie de 'ingreso mínimo' para todas las comunidades autónomas por los costes derivados de su estructura de autogobierno, y redefiniendo también el concepto de 'población ajustada', dónde se auguran los principales enfrentamientos en la negociación.
Esos contactos han comenzado a perfilar las posiciones de las diferentes comunidades autónomas ante la futura negociación y también un consenso básico entre la mayoría de ellas: la exigencia de que el futuro sistema de financiación autonómica sea fruto de una negociación multilateral y no de un conjunto de negociaciones bilaterales o de una gran negociación bilateral con Cataluña, que luego el resto tiene que digerir. Una buena parte de la media docena de fuentes autonómias consultadas advierten de que ese modelo ya se ensayó en el año 2009 "y a la vista está que los resultados no han sido buenos", dice una de ellas.
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