Viernes, 16.11.2018 - 13:40 h
Misma meta, distintos caminos

La igualdad satura el Congreso: aluvión de iniciativas para colgarse medallas

Los grupos parlamentarios proponen desde auditorías salariales hasta multas de 50.000 euros a los empresarios que pongan trabas a la conciliación.

Mujeres en una manifestación por la igualdad.
Mujeres en una manifestación por la igualdad. / EFE

Que la sociedad española está cambiando es un hecho. La histórica movilización feminista del pasado 8 de marzo no fue más que el reflejo de un conjunto de reivindicaciones en materia de igualdad de género en torno a un sinfín de debates latentes en los últimos años: desde la corresponsabilidad y los cuidados familiares, hasta la brecha salarial y de pensiones, pasando por la  discriminación laboral y el denominado 'techo de cristal', y llegando hasta el acoso y la violencia sexual. Son muchos los frentes abiertos, tantos como iniciativas legislativas registradas en el Congreso de los Diputados. Todos los grupos quieren colgarse la medalla de la igualdad. La meta es la misma, pero los caminos –como nos viene ya acostumbrando la variopinta aritmética parlamentaria– bien distintos.

Cada maestrillo tiene su librillo. En estos momentos hay al menos cinco proposiciones de ley para garantizar la igualdad –sobre todo, en el ámbito laboral y empresarial– registradas en los últimos meses por los principales grupos parlamentarios en el Congreso. Dos del PSOE, una de Unidos Podemos, otra de Ciudadanos y la última, del Partido Popular. "Parece que van a ser necesarias 700 leyes y 700 debates para garantizar la igualdad", llegó a decir la diputada de Unidos Podemos Yolanda Díaz este martes, cuando el Congreso dio luz verde a la tramitación de la ley para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, impulsada por el grupo parlamentario socialista.

La propuesta del PSOE obtuvo el respaldo de todos los grupos, sin embargo, el debate parlamentario augura una tramitación repleta de enmiendas, como ya avanzaron desde el PP, Podemos o Ciudadanos. No en vano, todos ellos plantean sus propias normas, con la diferencia principal de que sus proyectos no desarrollan de manera tan extensiva un régimen sancionador.

Es la gran novedad de la ley que llevó al Congreso el grupo socialista. El capítulo de sanciones contempla multas de hasta 50.000 euros para los empresarios que impidan "el ejercicio responsable de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral". También se consideran infracciones muy graves la extinción de un contrato durante el periodo de prueba por razón de maternidad o el despido de una trabajadora víctima de violencia de género por el ejercicio de su derecho a la tutela judicial efectiva, entre otros. Infracciones consideradas leves, como no realizar estudios para constatar la existencia de situaciones de desigualdad, se sancionan con cuantías a partir de los 60 euros.

El texto de los socialistas también establece la obligación, a partir del año 2023, de contar con representación equilibrada de mujeres y hombres en los consejos de administración de las empresas. Una prioridad, habida cuenta de que las consejeras de las compañías que cotizan en Bolsa siguen sin ganar cuota de poder efectivo en los órganos de dirección. De acuerdo con el último informe de Gobierno Corporativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en 2017 apenas un 4,5% de los puestos ejecutivos fueron ocupados por mujeres, dos décimas menos que en el ejercicio anterior.

Estas y otras muchas medidas vienen a completar otra proposición de ley registrada por el mismo grupo el pasado mes de febrero. Aquella, centrada en materia retributiva, impone sanciones por importe de hasta el 1,3% de la masa salarial de la compañía que pague menos a una mujer que, con igual cualificación, desempeña el mismo trabajo que un hombre.

Declarar la brecha salarial ilegal

Al son de países como Alemania o Islandia, donde sus gobiernos ya han desarrollado todo un marco legal para acabar con la brecha salarial de género –entendida como la discriminación que se da cuando el promedio de las remuneraciones de un sexo es superior al del otro en un 25% o más–, el proyecto del PSOE incluye como mecanismo de control la realización de auditorías salariales en empresas de más de 250 trabajadores. Una medida que también incorporan en sus planteamientos el PP, Ciudadanos y Podemos, pero que no convence ni a los sindicatos ni a la patronal. A los primeros, porque creen que se queda corta y debería ampliarse la obligación de realizar auditorías salariales a empresas de menor tamaño, a partir de 25 trabajadores; y a los segundos, porque consideran que estas herramientas de transparencia elevan los costes y suponen pérdidas de competitividad para las empresas.

Esta proposición de ley, introducida por los socialistas cuando todavía estaban en la oposición, recibió el respaldo del Congreso sin ningún voto en contra y la abstención del PP, aunque fue criticada desde el partido morado por "calcar" el texto que ellos habían registrado meses antes, en octubre de 2017. Por aquel entonces, la ministra de Empleo Fátima Báñez ya centraba todos sus esfuerzos en trasladar a la opinión pública la necesidad de acabar con la brecha salarial, mientras su presidente Mariano Rajoy escurría el bulto en los micrófonos de Onda Cero con su polémico "no nos metamos en eso".

La realidad es que el anterior Ejecutivo ya había puesto sobre la mesa del diálogo social un borrador con todo un paquete de medidas de transparencia para cuantificar la retribución por género conforme a una tabla de clasificación profesional, incluidas las auditorías salariales, así como la obligación de inscripción y depósito de los planes de igualdad. Ahora, los populares, de la mano de Pablo Casado, acaban de registrar en el Congreso una proposición de ley que introduce además la figura del "delegado de igualdad" en las empresas de más de 50 trabajadores y propone crear una Oficina para la Prevención de la Brecha Salarial, dependiente de Ministerio de Trabajo.

Por su parte, la formación naranja registró el pasado mes de junio su propia proposición de ley de conciliación, igualdad y apoyo a las familias que, de nuevo, implanta las auditorías para garantizar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres e incluye medidas como la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad hasta 30 semanas y la oferta de clases de inglés gratuitas durante el mes de julio para alumnos de infantil y de primaria, entre otras.

El objetivo es el mismo: acabar con la desigualdad entre hombres y mujeres, empezando por la conciliación y terminando por la retribución. Alcanzarlo dependerá del diseño y desarrollo de la que, junto con la de las pensiones, será la gran reforma de esta legislatura. Si llega a tiempo, será el Gobierno socialista, el más paritario de Europa, el que se cuelgue la medalla de una ley pionera en España.

Ahora en Portada 

Comentarios