La inflación se ha convertido en una de las principales preocupaciones del Gobierno. El encarecimiento de la cesta de la compra, medido a través del Índice de Precios al Consumo (IPC), tiene incidencia no solo en los hogares, pero también en las partidas públicas, en especial sobre las pensiones, que desde este año se actualizan teniendo en cuenta la evolución media entre los meses de diciembre y noviembre anteriores. Por ello, el Ejecutivo se mantiene en alerta sobre el impacto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia en la economía española, que aunque reconocen será "moderado" sí tendrá consecuencias en cuanto a los precios.
En los últimos días, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha insistido en que el "poder adquisitivo de los pensionistas está garantizado" y ha señalado que espera a las proyecciones de los bancos centrales sobre cómo afectará el conflicto en Ucrania en la economía. Cabe recordar que la revalorización de las pensiones no incluye ningún límite al alza para las prestaciones. No obstante, si la evolución de los precios es negativa esta no se repercute en las pensiones públicas. Fuentes del Ministerio apuntan que a finales de año, la tasa de IPC será previsiblemente más baja, por lo que el incremento se producirá cuando los precios ya no avancen de forma tan extraordinaria.
Tal como publicó este periódico, el IPC puede llegar a marcar una tasa del 10% antes del verano, una cifra calculada por Funcas y que podría incluso elevarse más por la invasión de Ucrania. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, admitió que las estimaciones de Bruselas se sitúan en que por cada incremento del 10% de la energía, se produce una suma de 0,2 puntos a la tasa de IPC europea. En cualquier caso, según las previsiones, la revalorización de las pensiones estará por encima de lo inicialmente previsto si la inflación continúa durante todo 2022.
Además de las pensiones, la sanidad será otra de las partidas que sufrirá el impacto de los precios. Aunque se trata de una competencia cedida a las comunidades autónomas, es la administración central la que transfiere recursos a las regiones para financiar este servicio público. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) destacaba hace unos días que el "envejecimiento de la población es uno de los principales riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas en el medio y largo plazo" por el impacto presupuestario del gasto sanitario.
Desde el sector de la tecnología sanitaria alertan sobre el incremento en los costes de producción derivado de la crisis energética. La patronal Fenin añade que "este conflicto se suma a la actual crisis mundial de suministros marcada por una reducción significativa de la disponibilidad de determinadas materias primas y componentes electrónicos y el incremento de costes de las materias primas, de la energía y de la cadena logística/ de transporte", por lo que el coste de renovar los equipos de los hospitales será mayor, como consecuencia de la situación económica e internacional. De hecho, el Ministerio de Sanidad transfirió 400 millones a las comunidades autónomas en verano para este propósito, invertir en equipos de alta tecnología. Otro tipo de compras sanitarias no se ven afectadas por el índice de precios al consumo (IPC) al realizarse con contratos mayoristas en los que los precios se negocian a largo plazo. No obstante, se pueden encarecer si los costes de producción y de distribución se incrementan.
Más gasto estructural
En este sentido, además de los gastos que el Estado ha asumido por la pandemia, la inflación de este año provocará que se genere un mayor gasto estructural en materia sanitaria, que además crecerá a medio y largo plazo como consecuencia de la demografía del país. Estas variables no son las únicas que incrementarán el gasto público en los próximos meses. La AIReF ha advertido de que algunas de las inversiones del Plan de Recuperación, financiadas en su inicio con fondos europeos, pueden derivar en gastos a largo plazo, que tendrán un impacto presupuestario.
El Gobierno confía en el incremento en la recaudación tributaria, la mejora del empleo y la recuperación de la actividad para la reducción progresiva del déficit. Sin embargo, la inflación generará mayor gasto público del inicialmente previsto a medio plazo y el Ejecutivo todavía no ha planteado un plan para que el déficit vuelva a la senda de la sostenibilidad como le ha exigido el Banco de España o la AIReF.
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