Ni en el detalle de las medidas discrecionales de gasto habilitadas por el Gobierno para paliar los efectos del Covid-19 incluido en la actualización del Plan de Estabilidad del Reino de España, remitido al filo de la medianoche del jueves a la Comisión Europea, ni en el Plan Nacional de Reformas. Tras semanas de tiras y aflojas sobre el cómo, el cuándo e incluso el qué de la medida, el Ingreso Mínimo Vital impulsado desde la Vicepresidencia Segunda del Gobierno de Pablo Iglesias ha desaparecido de repente de los planes oficiales en el momento clave en que ha tocado ponerlos negro sobre blanco para comunicarlos a Bruselas.
El Gobierno atribuye oficialmente esta presunta laguna a que se trata de una medida aún no aprobada y a que su impacto presupuestario -que se debería haber reportado sí o sí en la documentación remitida a Europa- está diluida en supuestas partidas de gasto de comunidades autónomas y ayuntamientos, pero lo cierto es que en las más de 180 páginas de la documentación remitida por el Gobierno a Bruselas solo figura una referencia al Ingreso Mínimo Vital y ésta se refiere a las demandas de medidas que los diferentes agentes sociales y económicos han trasladado al Ejecutivo dentro del procedimiento normal de elaboración de esta documentación, en concreto por parte de la Plataforma del Tercer Sector.
La ausencia de referencias en la documentación remitida a Europa al Ingreso Mínimo, cuyo coste presupuestario se cuenta como poco en cientos de millones de euros, alienta las dudas sobre la voluntad real de Moncloa de ponerlo en marcha este mismo año, por mucho que el presidente del Gobierno continúe situándolo como objetivo para el próximo mes de mayo. El Ejecutivo presume de haber blindado con su 'escudo social' las rentas de 7,1 millones de personas pero no incluye en ese perímetro ni en el gasto previsto por esas medidas la activación de esta Renta Básica, en la que se trabaja con la vista puesta en un horizonte algo más lejano desde el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.
Mientras el Gobierno se mueve en la indefinición en relación a este proyecto, lo que sí está claro es que el eventual coste del Ingreso Mínimo para las arcas públicas no se recoge en las estimaciones de gasto público remitidas a Bruselas que prevén un déficit público del 10,34% del PIB para 2020, no sólo por las medidas discrecionales dispuestas por el Gobierno -que éste evalúa en 35.000 millones de euros- sino también por el desplome de los ingresos y los mayores gastos derivados de la situación creada por la pandemia.
La factura de las bajas por coronavirus: más de 1.300 millones
La información proporcionada este viernes por el Gobierno aísla por primera vez el coste directo que para las arcas públicas ha tenido la cobertura de las bajas de los afectados de forma directiva por el Covid-19, tanto los trabajadores contagiados, como todos los que se han visto sometidos a confinamientos o cuarentenas por haber estado en contacto con algún infectado. La factura ascienda a 1.354 millones de euros y viene a traducir lo que habría costado esta crisis si no se hubieran dispuesto todas las medidas de apoyo que vinieron después para aliviar los efectos sobre trabajadores y empresas y que han elevado esa factura por encima de los 30.000 millones de euros.
Esa cobertura fue de hecho una de las primeras decisiones políticas que tuvo que adoptar el Ejecutivo como consecuencia de lo que por aquel entonces, finales de febrero, aún no estaba considerado como pandemia, y marcó de algún modo la pauta de lo que vino después: decisión unilateral del Gobierno, quejas de los agentes sociales, negociación precipitada y sucesivas correcciones de la posición inicial.
El Gobierno optó en principio por considerar los aislamientos derivados de cuarentenas como enfermedad común, lo que forzaba a los trabajadores a asumir contra su salario el coste de los tres primeros días de confinamiento y a las empresas a soportar la factura durante las dos semanas siguientes. Las protestas de sindicatos y empresarios llevaron al Gobierno a asumir esa factura y considerarlo como enfermedad profesional, lo que le ha acarreado un coste de 1.354 millones, en beneficio de trabajadores y empresas.
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