"Un nuevo derecho social en España" que supone "un paso de gigante" en la lucha contra la pobreza y, en definitiva, sitúa el 29 de mayo de 2020 como "un día histórico para nuestra democracia". Con estas palabras, los responsables gubernamentales, con el vicepresidente segundo Pablo Iglesias y el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, a la cabeza, presentaban este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el Ingreso Mínimo Vital (IMV), un salvavidas económico sin precedentes en este país que ha nacido prematuro para dar respuesta urgente a la crisis del coronavirus. Quienes han participado en su diseño destacan su complejidad y finura a la hora de determinar los colectivos más vulnerables y el esfuerzo llevado a cabo para evitar la denominada "trampa de la pobreza" que se produce cuando cobrar una prestación social compensa más que tener un trabajo precario.
Hechas las presentaciones, y a la espera de conocer la letra pequeña de esta prestación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los expertos se han puesto manos a la obra a analizar al detalle esta novedosa ayuda asistencial y, más allá de señalar la buena acogida social de una medida que si ya era necesaria se hace imprescindible en un momento como el actual, coinciden en advertir de algunas de las grietas que, a priori, presenta el IMV, en especial en lo que se refiere a la situación particular de los 850.000 hogares potenciales beneficiarios. El arco es amplio y va desde las familias más pobres y más necesitadas de este colchón a las personas que a día de hoy desarrollan su actividad en la economía sumergida y que también van a poder acceder a esta prestación.
Se prevé que el IMV llegue a 850.000 hogares que percibirán distintas cuantías de la Seguridad Social hasta alcanzar el nivel de renta considerado óptimo para su tipología de familia. Además de los requisitos de edad, ingresos y patrimonio, el Gobierno ha fijado una serie de condiciones para fomentar la participación de los beneficiarios en el mercado laboral. Por un lado, los hogares que no trabajen deberán inscribirse como demandantes de empleo y, cuando encuentren trabajo, parte de su salario estará exento transitoriamente en el cálculo de la prestación. Mientras, el objetivo para los hogares empleados es que aumenten el número de horas trabajadas y pasen a empleos mejor remunerados. Además, por cada euro de salario adicional que gane un beneficiario, su IMV se reducirá en una cantidad inferior. Las cuantías y demás detalles están aún por determinar.
El economista Javier Santacruz considera que "poner como condición principal estar apuntado en el SEPE no garantiza que la persona busque un empleo acorde con su formación y experiencia". Al contrario, a su juicio se trata de "una condicionalidad tan débil que sólo va a tener un posible efecto perverso". Se refiere a la cantidad de personas que se van a apuntar a las listas del paro "de golpe". Según sus cálculos, se podría producir un incremento del paro estructural de hasta cinco puntos. Por otro lado, asegura que este mecanismo no sólo no va a aflorar economía sumergida sino que "gente que vive en ella va a estar oficialmente inscrita como parada cuando ni siquiera pertenece a la población activa".
El Gobierno ha asegurado que se van a establecer estrategias de inclusión e incentivos al empleo, tal y como demandaba la patronal, si bien estos correrán a cuenta de las políticas activas de empleo que gestionan las comunidades autónomas y fuentes gubernamentales admiten que prefieren que estos itinerarios "no sean obligatorios sino útiles". Santacruz, en cualquier caso, no tiene grandes esperanzas depositadas en estas estrategias de inclusión pues, a su juicio, "ya se ha demostrados que los servicios públicos de empleo no funcionan y esa es una de las graves carencias de España desde hace muchos años".
Coincide con este análisis José Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de Fedea y profesor de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid, quien considera que estar inscrito en el SEPE no es suficiente y que "deben existir incentivos monetarios para que los beneficiarios acepten empleos". Lo explica con un ejemplo: si alguien está percibiendo un IMV de 500 euros, encuentra un trabajo por el que le pagan 450 euros y pasa a cobrar de la Seguridad Social solo 50 euros, entonces "los incentivos no existen". "Te tendrían que dar mucho más para no perder linealmente la ayuda, esa es la clave", destaca. Todo esto, a la espera de conocer los incentivos monetarios que tiene previsto desarrollar el Gobierno y de los que todavía no ha informado.
Para Santacruz, la mecánica debe pasar por ofrecer incentivos económicos, "y la evidencia empírica lo que nos dice es que el mejor incentivo económico es el fiscal". "Dado que la variable fiscal no está ni siquiera contemplada en este proyecto, una persona que esté en la economía sumergida puede tranquilamente apuntarse al SEPE y acceder en su caso a esta prestación sin que deje de trabajar en negro porque no hay incompatibilidad en ello", zanja. A su juicio, "este es el grave error de lo que están planteando, porque la Inspección de Trabajo no tiene mecanismos suficientes para investigar estas cosas y la Seguridad Social solo puede cruzar los datos con Hacienda o con las comunidades autónomas, sin capacidad real para saber si el solicitante se la cuela".
Declaración de la renta y sanciones
En contra de este argumento, fuentes gubernamentales aseguran que el IMV busca aflorar economía sumergida mediante los incentivos al empleo y la incorporación de los beneficiarios a los sistemas de información de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria. Como adelantó La Información, para cobrar el Ingreso Mínimo Vital será obligatorio hacer la declaración de la renta. Además, las mismas fuentes garantizan que se van a establecer "controles administrativos" y avanzan que en la normativa recogida en el real decreto ley se contempla la figura del "cooperador necesario" que establece la responsabilidad de los que cometen infracciones por acción u omisión y se impondrán las sanciones tipificadas en el régimen sancionador de la Seguridad Social en caso de detectarse el cobro fraudulento de la prestación.
En paralelo, y a la espera de que se especifiquen los incentivos al empleo concretos, el Gobierno ha adelantado que, en paralelo a las estrategias de inclusión y al apoyo social y laboral coordinado con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, los beneficiarios serán el foco de un conjunto amplio de políticas públicas e iniciativas privadas, incluidos incentivos a la contratación (aún por determinar). También se apuesta por la creación de un "sello social" para empresas que ofrezcan formación y empleo a beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital.
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