Las reservas para consumo bajan al 30,6%

La sequía obliga a ayuntamientos a aplicar 'in extremis' medidas de gestión del agua

La falta de precipitaciones ha causado que varias comunidades, ya en estado de emergencia por la falta de lluvias, apliquen restricciones, alertando a los ciudadanos de la necesidad de mejorar el sistema de aguas español. 

La intensificación de la sequía vuelve a abrir el debate sobre la gestión del agua
La intensificación de la sequía vuelve a abrir el debate sobre la gestión del agua
Europa Press

La preocupación por la sequía en España continúa en un verano marcado por las olas de calor y la falta de precipitaciones. Estos últimos meses han seguido la tendencia de un 2022 históricamente seco, provocando que los embalses nacionales se encuentren al 38,8% de su capacidad esta semana, según los datos publicados por el Ministerio de Transición Ecológica en su último Boletín Hidrológico. Esta cifra se sitúa un 16% por debajo de la media de la última década, que es del 54,5%.

Los embalses de uso consuntivo, es decir, aquellos destinados a suministrar a los hogares y al consumo para agricultura, estarían aun más vacíos, ocupando solamente el 30,6% de su capacidad. Las cuencas más afectadas por la sequía han sido la del Guadalete-Barbate, Guadalquivir y las Cuencas Internas de Cataluña, aunque casi todas han visto sus niveles de agua almacenada menguar por la falta de precipitaciones.

Frente a esta situación, algunas comunidades autónomas han empezado a aplicar restricciones al consumo para optimizar la gestión del agua disponible. Alrededor de nueve millones de españoles residen en municipios cuyos ayuntamientos se han visto forzados a limitar el uso de agua. Andalucía ha sido la comunidad más afectada por estas restricciones, con recortes en servicios públicos vigentes en casi todas las provincias, e incluso algunas limitaciones al uso privado. De hecho, los vecinos de la zona sur de Córdoba y algunas localidades de Huelva y Málaga ya están sufriendo cortes nocturnos en el suministro. El presidente de la comunidad, Juanma Moreno, advirtió de que si la sequía continúa será necesario aplicar más restricciones en Andalucía.

Extremadura, por otra parte, ha entrado en la tercera fase de su Plan de Emergencia por Sequía, que establece un limite de 189 litros de agua diarios por persona. Además de cortes nocturnos, la comunidad ha prohibido algunas actividades que suponen un uso intensivo de agua, como llenar piscinas, lavar coches o regar jardines.

No solo el sur de España se ha visto afectada por la falta de agua. Cataluña declaró por primera vez el estado de emergencia por sequía este mes de agosto, y se estableció un límite sin precedentes de 200 litros de agua por habitante al día. Para cumplir este objetivo, se ha disminuido el consumo en servicios municipales, aunque no se plantea todavía limitar el suministro de agua en boca, pero sí se baraja una reducción de la presión del agua. El Gobierno de Navarra por su parte también ha aplicado restricciones al regadío en el sur de la comunidad, que afectan principalmente a agricultores.

La agricultura, la gran afectada

El sector más afectado por la escasez de agua es, sin duda, la agricultura. Según datos oficiales, se estima que hasta un 80% del agua que se consume en España se dedica a la producción alimentaria agrícola, a pesar de que tan solo el 2% de la población está empleada en el sector primario. Esto no solo significa que la sequía sea un fenómeno que cause gran preocupación entre los trabajadores del campo, sino también que la eficiencia y modernización de los sistemas de regadío se coloquen en el centro de las conversaciones en torno a la gestión del agua.

Como medida para paliar los efectos de la sequía, el Ministerio de Agricultura anunció el pasado mes de junio junio un acuerdo con la Comisión Europea para incrementar la cantidad que recibirán los agricultores españoles de la reserva de crisis europea. En total, Bruselas destinará la partida más grande del paquete, de 81 millones de euros, en ayudas directas a los trabajadores del campo de España, que a pesar de ser uno de los países mediterráneos más secos cuenta con un sector agrícola especialmente activo.

El trasvase del Tajo al Segura se ha convertido en motivo de polémica durante los últimos meses

El Gobierno español también ha dado un nuevo paso en uno de los conflictos más importantes en la gestión de aguas del país, el trasvase del río Tajo al Segura. El Ministerio de Transición Ecológica anunció a principios de este año que planeaba cesar progresivamente el traslado de aguas desde los pantanos de Buendía y Entrepeñas a la zona del Levante, donde principalmente se utiliza para el regadío. Este trasvase, que ha sido motivo de polémicas y disputas entre comunidades autónomas desde su incepción en 1979, se concibió inicialmente como un traslado de aguas desde una cuenca excedentaria a una deficitaria, pero ha generado fuertes criticas en un momento de sequía sin precedentes en el que los pantanos guadalajareños se encuentran al 18,5% y el 26,4% de su capacidad.

Propuestas políticas contra la sequía

Los expertos han señalado la insuficiencia de medidas enfocadas en la demanda como los trasvases o las restricciones al consumo, que resultan escasas frente al descenso histórico en precipitaciones, que se espera que continúe menguando por consecuencia del cambio climático. Por eso, la importancia de aumentar la eficiencia del sistema de suministro y regadío español y las propuestas de cambios estructurales se volvieron centrales en la campaña para el 23J, cuando los diferentes partidos presentaron sus medidas para solucionar un problema que cada vez afecta a más españoles.

El PSOE situó la creación de una Reforma de la Ley del Agua al frente de sus propuesta medioambientales, a pesar de no haber podido aprobarla durante este último mandato. El programa de los socialistas incluía duplicar la capacidad de las centrales desaladoras para hacer frente a la reducción de las reservas, además de mejorar el suministro a zonas rurales. También proponen una inversión de 5.000 millones de euros en la construcción y digitalización de infraestructuras hidráulicas para reducir el desaprovechamiento y 2.310 millones destinados a sistemas de regadío más eficientes.

El PP, en cambio, centraba su propuesta en un Pacto Nacional del Agua con las comunidades autónomas con una inversión de 40.000 millones en la mejora de infraestructuras como presas, canales o redes de abastecimiento para su modernización.

Sumar también puso en valor el ecologismo en lo referente a la gestión de aguas dentro de su programa, y proponía aumentar la vigilancia del Seprona sobre los pozos ilegales, con la intención de clausurar los no regularizados. También señaló a grandes consumidores de agua como los campos de golf y reclamó restricciones a su regadío.

Vox, por último, proponía, además de la habilitación de nuevos pantanos, unir todas las cuencas fluviales españolas para crear un sistema conectado más eficiente, donde el abastecimiento se pueda gestionar en función de las necesidades locales.

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