Las paradojas de la Administración y de los ciclos económicos. El año 2013 arrancó en España con la mayor tasa de paro de la última crisis, con récords absolutos en las cifras que hablaban de más de seis millones de desempleados y de un porcentaje de personas sin un puesto de trabajo que superó el 27%, según la Encuesta de Población Activa. Durante ese mismo año, la sangría se frenó y alternó pequeños aumentos o descensos hasta que ya hacia su final y, sobre todo, desde el arranque de 2014, la tendencia cambió y en nuestro país empezó a recuperarse el mercado laboral, con hasta medio millón de nuevos ocupados al cierre de cada ejercicio. Hasta hoy, que la tasa de la EPA se mueve en torno al 15% y el total de parados ronda los 3,5 millones (casi la mitad).
Pues justo en ese periodo de bonanza, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), lo que antes se conocía como Inem, ha perdido a casi de 1.200 empleados y se ha quedado con una plantilla de poco más de 9.000. Entre finales de 2013 y y el cierre del ejercicio 2017, para ser exactos, un recorte del 11,6%.
Según las cuentas anuales de este organismo a las que ha tenido acceso Europa Press, el SEPE lleva perdiendo efectivos de manera continuada desde el ejercicio 2014, la mayoría funcionarios. En el caso de los laborales, también se aprecian recortes, sobre todo de laborales fijos, aunque de menor intensidad.
De esta manera, a cierre de 2013 el número de efectivos en nómina del SEPE era de 10.229, cifra que a finales de 2017 bajó hasta los 9.037 trabajadores, lo que supone un descenso en cuatro años de 1.192 empleados. De esos 10.229 efectivos, un total de 9.135 eran funcionarios y 1.072 eran laborales fijos. A cierre de 2017, el número de funcionarios ha bajado a 7.982, es decir, 1.153 funcionarios menos (-12,6%) en cuatro años. En el caso de los laborales fijos, el SEPE cerró el ejercicio pasado con 1.009 trabajadores de esta categoría, 63 menos que al finalizar 2013 (-5,9%).
En paralelo al retroceso de los trabajadores laborales fijos, los laborales eventuales mantuvieron un número más o menos estable entre 2013 y 2015, pero a partir de 2016 empezaron a aumentar, hasta sumar a cierre de 2017 un total de 38, frente a los 17 de finales de 2013. Solo en el año 2017 el SEPE perdió 373 trabajadores, casi un 4% respecto a 2016, tras registrar 2.146 bajas de personal y 1.789 altas.
Ahora, casi dos de cada tres empleados del SEPE son mujeres, con 5.724 trabajadoras frente a 3.313 hombres. El 88,3% de la plantilla del servicio público de empleo es personal funcionario (7.982 personas), de los que 5.035 son mujeres y 2.947, varones.
Las cuentas anuales del SEPE para el ejercicio 2017, publicadas esta semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE), han recibido el visto bueno de la Intervención Delegada en el organismo, aunque con alguna salvedad. En el informe de auditoría que ha elevado, la Intervención reprocha al organismo que no contabilice los derechos de cobro derivados de los pagos indebidos de prestaciones de desempleo, ni en vía voluntaria ni en vía ejecutiva.
El SEPE estima que el saldo de pagos indebidos al cierre del ejercicio 2017 era de 612,5 millones de euros. "La falta de contabilización de estos deudores por pagos indebidos de prestaciones se ha incluido en todos los informes de auditoría de cuentas emitidos por la Intervención Delegada en el SEPE desde el ejercicio 2011", recuerda.
De acuerdo con las cuentas del SEPE del ejercicio 2017, un total de 8.830.820 personas distintas se inscribieron en el Servicio Público de Empleo Estatal como demandantes de empleo en algún momento del ejercicio 2017, cifra en la que se incluyen no sólo las personas en paro, sino también aquellos trabajadores que teniendo empleo buscan un mejor puesto de trabajo. De estos más de 8,8 millones de demandantes, algo más de 2,9 millones se colocó por cuenta ajena; 101.693 se colocó por cuenta propia; 115.820 participó en acciones de formación para trabajadores ocupados; 2,3 millones recibieron servicios de orientación de empleo y 25.011 recibieron orientación enfocada al autoempleo.
El SEPE reconoce que al 31% de las personas que se inscribieron como demandantes de empleo en 2017 no se les prestó ningún servicio en dicho ejercicio. El tiempo transcurrido desde la inscripción de la demanda hasta que el SEPE prestó el servicio fue en 2017 de 33,5 días, aunque si se tiene en cuenta el número de personas a las que no se les dio ningún servicio, esta cifra se eleva hasta los 82 días.
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