La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) afirma que sentencias tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como del Tribunal Supremo respaldan el derecho de los consumidores a reclamar cláusulas abusivas si sufrieron una ejecución hipotecaria antes de 2013.
Asufin ha explicado que la posibilidad de examinar contratos y escrituras con cláusulas abusivas para detener ejecuciones hipotecarias se reguló con la Ley 1/2013 de medidas de protección para deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, por lo que podría haber abusos contractuales no denunciados de fechas previas a a imposición de esta ley.
La asociación también menciona la sentencia 26/2017 del Supremo, alegando que esta permite la revisión de liquidaciones de intereses y otras cláusulas dañinas para el deudor como los llamados 'suelos hipotecarios' que se aplicaron en un gran número de ejecuciones.
Unas 90.000 ejecuciones entre 2008 y 2013
Este pronunciamiento, continúa la asociación, se derivaba de uno anterior emitido por el TJUE el 29 de octubre de 2015, donde se consideraba contrario al derecho de la UE el plazo de un mes desde la publicación de la Ley 1/2013 para que el consumidor pueda oponerse a una ejecución bancaria, "lo que permite ensanchar el trámite más allá del legalmente establecido para que en cualquier momento se pueda plantear la nulidad por abusiva de cualquier cláusula contenida en el préstamo ejecutado".
De esta forma, los afectados por ejecuciones hipotecarias anteriores a 2013 podrían reclamar "todas las cláusulas abusivas, especialmente aquellas que dan lugar a retorno económico, como los intereses de demora, que en su momento dispararon la deuda que dio lugar a la ejecución, pero también por comisiones como la de posiciones deudoras, o cláusulas suelo, entre otras muchas".
Asufin afirma que en solo en 2012 se registraron 39.051 entregas de vivienda habitual a las entidades de crédito, de las que 19.716 fueron voluntarias --incluidas 15.174 daciones de pago--, y 19.335, por medio de la vía judicial, en el 85% de los casos con la vivienda vacía y en el resto con la vivienda ocupada.
"Una proyección de estos datos aplicada al periodo entre 2008 y 2013, ofrece una estimación aproximada de 90.000 viviendas habituales entregadas a los bancos como consecuencia de los procedimientos de ejecución iniciados en dicho periodo, potenciales reclamadores de cláusulas abusivas en todos esos contratos", concluye la asociación.
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