La estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez de - con la legislatura ya cerrada - aprovechar los consejos de ministros de los viernes para aprobar beneficios sociales con cargo al presupuesto público por la vía de la extraordinaria y urgente necesidad tendrá sus ventajas, tanto para los beneficiarios de las ayudas como para la imagen del partido en el Gobierno, pero también acarrea un envés tenebroso: el riesgo de generar una expectativa que luego no se acabe cumpliendo si la medida cae en su obligada tramitación parlamentaria.
Aunque el Gobierno ha tratado de minimizar ese riesgo por la vía de presentar únicamente reformas digeribles por una mayoría del arco parlamentario - ahora reducido a los 65 parlamentarios de la Diputación Permanente -, esa incertidumbre amenaza también al permiso de paternidad de ocho semanas, cuyo singular esquema de entrada en vigor 'en diferido' hará que se active a partir de este lunes, a la espera de que la Diputación Permanente convalide el proyecto en primera instancia y que el proceso de enmiendas posterior no lo desnaturalice.
Ocurra lo que ocurra lo que parece claro es que el proceso de aprobación del permiso de paternidad de ocho semanas no pasará a los manuales de buena técnica regulatoria. El Gobierno, que ya había planteado la medida en su proyecto de Presupuestos para 2019, interpretó que sería muy adecuado activar la medida por decreto el 8 de marzo - en medio de los fastos reivindicativos por el Día Internacional de la Mujer - pese a haberla aprobado una semana antes.
La indignación de las decenas de padres que se quedaron sin la cobertura de este nuevo beneficio social por esta decisión táctica sumó a varios centenares más después de que el Gobierno deslizara que el permiso de paternidad recién aprobado no se activaría sin embargo hasta el 1 de abril, pese a que la confusa redacción del decreto abría la puerta a cualquier posibilidad.
Sujeto a las enmiendas de los grupos políticos
A partir del próximo lunes, por tanto, los progenitores distintos de la madre biológica de todos los bebés nacidos a partir de este lunes disfrutarán de ocho semanas de permiso, frente a las cinco semanas que tenían desde verano de 2018. Las dos primeras semanas del permiso deberán disfrutarse de forma ininterrumpida tras el parto. Las seis semanas restantes podrán ser de disfrute interrumpido y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla doce meses. Este permiso, retribuido al 100%, será intransferible, por lo que si el padre no lo disfruta, no lo podrá ceder a la madre, informa Europa Press.
Aunque el Real Decreto entre en vigor este lunes su continuidad depende de que sea convalidado o no por la Diputación Permanente del Congreso -órgano que funciona al estar disuelta la Cámara-. Fuentes del Ministerio de Igualdad precisan que la entrada en vigor será efectiva, al menos, hasta que se tome la decisión, al tiempo que señalan que no se contempla el escenario de que el Parlamento lo tumbe.
Precisamente está prevista una reunión de la Diputación Permanente el miércoles día 3 de abril, es decir, dos días después de la entrada en vigor de los permisos. Ahí se decidirá si se convalida o se deroga el decreto ley.
Ése no será más que el primer trámite parlamentario que deberá superar el Real Decreto Ley del Gobierno. El Congreso ha accedido a la petición de PDeCAT y Compromís de que se abra un periodo de enmiendas para modificar el texto presentado por el Gobierno. En plena precampaña electoral, prácticamente todas las fuerzas políticas han manifestado ya su intención de presentar modificaciones al texto.
El asunto ha generado preocupación en la CEOE. Las empresas ya van a tener que asumir una factura de 53 millones de euros por la ampliación de los permisos de paternidad, que probablemente sea más elevada porque el decreto gubernamental no ha arbitrado ningún tipo de medida de apoyo que permita, por ejemplo, rebajar el coste de las cotizaciones sociales de los empleados contratados para sustituir un permiso de paternidad, que es una de las cuestiones que la organización empresarial espera que se debata en el trámite de enmiendas al decreto.
Pero más allá de la posibilidad de introducir algún tipo de incentivo, a los empresarios les preocupan sobre todo que inmersos en una precampaña electoral los partidos se vean presionados a mejorar el permiso de paternidad si alguna fuerza política lo plantea, por el potencial coste electoral de oponerse a algo así.
La factura del permiso de paternidad para las empresas
Según la Memoria de Análisis de Impacto Normativo sobre el Real Decreto ley, la ampliación del permiso a ocho semanas en 2019 supondrán un aumento de 226 millones del gasto para el Estado, mientras que para las compañías será de unos 53 millones, como consecuencia de las cuotas empresariales.
El texto prevé que el permiso de paternidad se amplíe de forma progresiva: se elevará a ocho semanas en 2019; a doce en 2020 y a 16 en 2021, igualándose así al de maternidad. Una vez equiparados, las seis primeras semanas posteriores al parto serán obligatorias e ininterrumpidas, y las diez restantes que tendrá cada progenitor serán a distribuir hasta que el bebé cumpla un año.
La ampliación del permiso para 2020, supondrán 705 millones más anuales para el Estado y 166 para los empresarios. Esta cifra se elevará hasta los 1.107 millones de incremento en los Presupuestos Generales del Estado en 2021 y 261 millones en relación a las empresas, ya con las 16 semanas de permiso.
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