Pronunciar el nombre de “Ciudad de la Justicia” en Madrid es mentar la bicha del Partido Popular en la región. A finales del mes de julio, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, procedió a abrir procedimiento contra el que fuera consejero de justicia de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, y otros cinco cargos de los ejecutivos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, por los delitos de prevaricación, malversación y fraude a la Administración Pública. La Fiscalía añade además en su escrito de acusación ocho años de cárcel para Prada y seis para Félix García de Castro, Alicio de las Heras, Isabelino Baños, Mariano Sanz y Andrés Gómez Gordo, en sus condiciones de directores técnicos y asesores en el fiasco que supuso para las arcas públicas el anterior proyecto de Ciudad de la Justicia.
El juicio se sustanciará durante el mes próximo mes de septiembre y desvelará qué sucedió con los más de 100 millones de euros que se destinaron a un proyecto que nunca llegó a ver la luz. Mientras se dilucida el final judicial de la trama, el nuevo Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso parece dispuesto a pasar página y jugárselo todo a la reedición del proyecto, que se ubicará al lado del actual hospital de emergencias, enfermera Isabel Zendal.
El conjunto de proyectos presentados por el ejecutivo autonómico adopta el título de “Reactivamos Madrid”, donde se agrupan 200 proyectos y 28 reformas que concentran los más de 22.000 millones de euros solicitados por la Comunidad de Madrid al Gobierno central con cargo a los fondos europeos. Todos servirán “para absorber el empleo del futuro, para reforzar la cohesión social, para construir una región más competitiva y productiva y para fortalecer el sistema sanitario”. El plan, a diferencia del anunciado por el resto de comunidades, pone especial énfasis en la adaptación de la Administración a los nuevos tiempos, caracterizados por un acercamiento distinto del ciudadano al sector público. Por ello plantea la eliminación de trabas burocráticas, oficinas de atención al ciudadano virtuales, planes de protección civil, atención telemática al contribuyente, ampliaciones de la red de Metro, educación digital, etc.
La Justicia no ha quedado al margen de la propuesta del Gobierno de Díaz Ayuso. Así, se “refuerza la puesta a disposición de salas de vistas con el fin de facilitar y agilizar la celebración de juicios. En especial, los derivados de los ERTEs y despidos causados por la crisis sanitaria”, así como “medidas también de apoyo al Tribunal Superior de Justicia y a la Fiscalía de Madrid para la resolución de demandas judiciales por el Covid 19”.
La "nueva" Ciudad de la Justicia
Según los planes de Ayuso, 442 millones de euros irán destinados al desarrollo de su particular visión de la ciudad de la justicia de Aguirre. Las infraestructuras tendrán una especial atención dentro del nuevo diseño del organigrama judicial al reunir en una única sede, situada en Valdebebas, los 28 edificios en los que en la actualidad se imparte justicia en la Comunidad y que corresponden al área judicial de la capital.
El objetivo es “centralizar los edificios judiciales en una misma sede y optimizar los recursos, reduciendo los costes asociados al arrendamiento, mantenimiento, conservación y vigilancia de las sedes”, como anunció la Comunidad de Madrid el mismo día de la presentación de la iniciativa ‘Reactivamos Madrid’.
Independientemente de la llegada o no de fondos europeos, el proyecto de la Ciudad de la Justicia se engloba dentro del Plan 21x21, cuyos protagonistas son las veintiún áreas o partidos judiciales repartidas por toda la comunidad, una de las prioridades de la administración de Ayuso. Su consejero de Hacienda, y responsable de la caja madrileña, Javier Fernández-Lasquetty, ya ha mostrado su intención de sacar adelante la nueva sede con la esperanza de que se convierta en una referencia en cuanto al nuevo concepto de administración digital e inteligente con el que se desea situar a Madrid a la cabeza de la gestión pública digital. Lo hará, en principio, en la misma ubicación diseñada originalmente para albergar los servicios judiciales que se planearon a comienzos de siglo.
Además de la solución de espacio físico que se pretende dar a los diferentes órganos judiciales, el proyecto supondrá una mayor eficiencia y optimización del presupuesto destinado al mantenimiento y alquiler de las distintas sedes judiciales que se reparten por la ciudad. Junto a la racionalización y la unificación, la digitalización es el tercer pilar sobre el que se sustenta el diseño de la justicia autonómica del futuro y que, a la vez, sirve de gancho para lanzar la transformación digital de la Justicia, algo que, sin duda alguna, es muy bien visto por Bruselas, quien finalmente supervisará la adecuación de la financiación a los objetivos presentados durante 2021 y que priorizan la digitalización y el medio ambiente por encima de todo para poder aspirar a convertir en una realidad financieramente sostenible a la Ciudad de la Justicia.
Ya a finales de 2020, la presidenta de la Comunidad inauguró el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el que Ayuso dio el primer paso del diseño de la Ciudad de la Justicia, “un proyecto fundamental y que por fin pondrá soluciones a la dispersión judicial tan complicada que tiene el Partido Judicial de Madrid”. El recinto, operativo desde diciembre, cuenta con una superficie construida de 13.500 metros cuadrados y una útil de más de 8.700 repartidos en ocho plantas. Cuenta con 17 mesas de autopsias, dos salas frigoríficas de congelación colectivas y 123 cámaras individuales, 10 laboratorios, aulas de formación, salas de rayos X, salón de actos, 61 despachos y salas polivalentes para los funcionarios y trabajadores destinados en la nueva ‘morgue’ madrileña.
Tras más de veinte años de espera, Isabel Díaz Ayuso podría cumplir el sueño de Esperanza Aguirre de contar con un distrito dedicado únicamente a la Justicia, la misma que, paradójicamente, juzgará al que fuera mano derecha y máximo impulsor del antiguo macroproyecto que terminó como uno de los mayores fiascos de la gestión madrileña del gobierno popular en los inicios de los años 2000.
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