Meloni sufre su primer obstáculo en el Gobierno por el precio de la gasolina

Cuando accedió al Gobierno de Italia, Giorgia Meloni sabía que no iba a ser fácil con la situación que arrastraban todas las economías europeas tras el estallido de la guerra de Ucrania, pero seguro que no pensaba que el malestar iba a comenzar tan pronto. Y es que la decisión de la primera ministra de no renovar el recorte de los impuestos especiales a la gasolina ha levantado entre ampollas entre los italianos. Sin el descuento, el precio de los combustibles se ha encarecido y ya es el primer quebradero de cabeza para el Ejecutivo, en el que no paran de levantarse tensiones tras las protestas convocadas en las gasolineras del país. 

Con la firma del presidente de la República, Sergio Mattarella, entra hoy en vigor el llamado "decreto de combustibles", aprobado en el pasado consejo de ministros y que contiene una serie de medidas para contrarrestar el aumento de los precios de los combustibles de los últimos días, pero enfocado en la que han considerado la "especulación" de los gasolineros.

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Estas medidas, como las de tener que exponer en cada gasolinera el precio medio aprobado cada día junto con el precio al que se vende, y las acusaciones de "especulación" provocaron el anuncio de huelgas por parte del sector que después fueron "congeladas" ante la apertura de una mesa de negociación que continuará este martes.

El decreto no contiene ninguna medida para reducir inmediatamente el precio del carburante y Meloni en varias declaraciones confirmó su decisión de no renovar el descuento de unos 18 céntimos por litro en los impuestos especiales -aquellos introducidos durante años para permitir al Estado financiarse ante una emergencia, pero que luego han permanecido- y que había impuesto el gobierno de Mario Draghi para controlar precios.

Meloni consideró que ante la situación económica del país no era el momento justo, ya que, según expertos, esta medida costó alrededor de 1.000 millones de euros al mes y beneficiaba a todos y no a aquellos con ingresos más bajos. En su versión final, el decreto prevé que las distribuidoras deberán exhibir el promedio regional junto al de venta de su combustible y prevé multas que pueden oscilar entre los 500 y los 6.000 euros para quienes no lo hagan.

El Gobierno sí que ha renovado una medida de Draghi que concede una bonificación puntual de 60 euros para la compra de abonos de transporte público, pero ha reducido el número de los que tienen derecho a ella: los que tienen ingresos inferiores a 20.000 euros puede pedirlo y no los 35.000 como antes.

La decisión de mantener los impuestos especiales provocaron una oleada de protestas por parte de la oposición que recordaron a Meloni, que en su programa de Gobierno prometió bajar el precio de la gasolina, pero también por parte de varios miembros de su propia mayoría.

Según los medios italianos, el presidente de Forza Italia, Silvio Berlusconi, aliado en el Gobierno, aseguraba que "la decisión de la gasolina es el primer error de Meloni".