El equipo económico del Gobierno liderado por Nadia Calviño y Teresa Ribera busca la manera de hacer que las limitaciones y recortes en el consumo de gas y energía que la Comisión Europea va a poner sobre la mesa tengan un efecto limitado en el caso de España y, cuando menos, lleguen más tarde a los ciudadanos de la Península Ibérica que a los del resto de los países europeos, que son más dependientes del gas ruso. Bruselas ya ha marcado este miércoles la recomendación “voluntaria” de que se reduzca en un 15% el consumo de gas desde este mismo mes, a la vista de que el riesgo de ese corte el suministro ruso a Europa es cada vez más cierto, si bien tanto la vicepresidenta económica, como la titular de Transición Ecológica han advertido que, por el momento no están planteadas esas limitaciones en el caso español, con el convencimiento de que no se puede hacer una aplicación lineal de lo que plantee la Comisión en todos los países de la UE.
Desde el Gobierno se recuerda en todo momento que España cuanta con una de las mejores dotaciones de plantas regasificadoras de Europa para aprovechar la llegada de gas licuado de los metaneros de destinos alternativos al ruso, como Nigeria, Catar o EEUU, de la misma manera que tiene asegurada la llegada del gas de Argelia para los próximos años a través de Medgaz, lo que le convierte en uno de los 'hub' de reparto y exportación de gas al resto del continente a medio plazo. De hecho, España ya exporta energía a Francia y Portugal, algo que espera que se tenga en cuenta a la hora de "repartir" las compensaciones y las limitaciones que desde Bruselas se quieren implantar.
Fuentes cercanas a Moncloa aseguran que ya se están preparando en los ministerios más implicados y en contacto con las grandes empresas los planes de contingencia necesarios para afrontar las limitaciones que lleguen desde la Comisión Europea, si bien la apuesta principal por el momento es el ahorro energético, más que cortes reales de energía a la gran industria o a los consumidores. La propia ministra Ribera aseguraba este miércoles que el Gobierno no baraja la hipótesis de aplicar restricciones a "ningún tipo de consumidor". Además, ha afirmado que España será solidaria con el resto de Europa, pero puntualizando que "no a costa de los consumidores domésticos e industriales", que pagan "desde hace mucho una factura muy elevada" y "no se merecen restricciones ni racionamientos".
"España va a ser solidaria con el resto de Europa, pero nuestra solidaridad es mucho más útil si podemos hacer uso de nuestras infraestructuras para poder aportar gas al resto de los europeos, pero no a costa de unos consumidores domésticos e industriales que vienen pagando desde hace mucho una factura muy elevada, por ser precisamente una isla energética", ha puntualizado la ministra Ribera.
España será solidaria; Portugal se resiste
En esa misma línea, la vicepresidente primera, Nadia Calviño, advertía nada más conocer la primera de las recomendaciones oficiales de la UE, todavía voluntarias, que la situación es muy distinta según los países, ya que Alemania, Italia o Polonia son muy dependientes del gas ruso y su necesidad de adaptación es "más intensa que en el caso de España", porque nuestro país tiene una gran capacidad de almacenamiento, diversificación de fuentes y una gran penetración de las energías renovables que nos ponen en una situación "relativamente más favorable a la de otros países". Aún así, tanto Calviño como el resto de los miembros del Gobierno admiten que España tiene que ser solidaria en este contexto como otros lo han sido con nosotros cuando nos golpeó la pandemia o en otras crisis.
Más crítico todavía que el Ejecutivo español se ha mostrado esta semana el primer ministro portugués, Antonio Costa, para quien las limitaciones o las restricciones que se vayan a implantar desde la UE deberían quedar fuera del entorno energético luso, dada la apuesta que durante años se está realizando por las energías renovables, frente a la parálisis de otros socios comunitarios que lo fiaron todo al gas ruso.
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