Tras una serie de maniobras más o menos sutiles para esquivar las restricciones impuestas por las leyes de estabilidad presupuestaria, la última de ellas la fracasada propuesta para que el Estado pudiera emplear los 14.000 millones de remanentes municipales a cambio de un fondo de 5.000 millones de euros para que los Ayuntamientos pudieran gastar a placer, el Gobierno ha decidido al final tirar por la calle de enmedio y suspender de un plumazo las estrictas reglas fiscales implantadas en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy para los ejercicios de 2020 y 2021 como fórmula más rápida para darse a sí mismo y a las administraciones territoriales el margen de maniobra necesario para atender todas las necesidades de gasto que surjan como consecuencia de la lucha contra la pandemia.
La iniciativa, que se comunicará de manera formal este próximo lunes a las comunidades autónomas en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y que se aprobará el martes en el Consejo de Ministros junto al techo de gasto, desactivará las restricciones al gasto en las administraciones públicas y el corsé de los objetivos de referencia para la reducción del déficit y la deuda pública para 2020 y 2021 - ya obsoletos tras la respuesta presupuestaria que ha exigido la pandemia - y según el Ministerio de Hacienda también dejará en suspenso la senda de consolidación fiscal para el periodo 2021-2023 aprobada por el Congreso el pasado mes de marzo.
La ministra de Hacienda ha explicado que la idea del Gobierno es hibernar la senda de déficit del plan de estabilidad en tanto no se aclare el panorama económico y utilizar mientras tanto unos objetivos de déficit orientativos para facilitar a las diferentes administraciones la elaboración de sus presupuestos y, aunque no lo dijo expresamente, también para aplacar la inquietud de los mercados que modulan sus inversiones, entre otras cosas, por la credibilidad que les ofrecen los planes de reducción de déficit y de deuda de los países, especialmente de los muy endeudados como España. Así trazado el plan le evitará al Gobierno tener que presentar ahora ante el Parlamento sus planes de reducción de déficit para el periodo 2022-2024 o, en otras palabras, su hoja de ruta sobre los ajustes o las subidas fiscales a realizar para intentar poner de nuevo las cuentas del país en orden, un trago que podría condicionar la negociación presupuestaria con sus socios.
La maniobra no ha gustado a la oposición. "En ningún artículo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria se dice que la 'cláusula de escape' exima al Gobierno de someter al Congreso la actualización de los objetivos de estabilidad", señala Elvira Rodríguez, portavoz de asuntos económicos del Grupo Popular. El PP exige que el Gobierno clarifique cuál va a ser la evolución de las cuentas públicas durante los próximos años y que esa hoja de ruta se someta a la evaluación de sus socios y del Parlamento en general. No está solo en esa demanda. Desde instituciones como el Banco de España y la Autoridad Fiscal se ha insistido repetidamente en que el Gobierno se juega buena parte de su credibilidad en acompañar sus planes de reforma de una senda creíble de consolidación fiscal a medio y largo plazo.
Dudas sobre la suspensión de la regla de gasto
El Ministerio de Hacienda pretende aprovechar también su movimiento para desactivar la aplicación de la limitante regla de gasto española y arramblar con las restricciones legales al uso de los remanentes municipales y al empleo de los superávits presupuestarios de las administraciones territoriales para objetivos diferentes al de reducir su deuda. La síntesis trasladada el pasado miércoles por el Ministerio explica que al final de lo que se trata es de "dotar de mayor margen a la Administración para combatir las consecuencias económicas de la pandemia, ofrecer apoyo a empresas y ciudadanos y sentar las bases de la recuperación".
El asunto es que no está tan claro que el Gobierno tenga la base legal para hacer lo que pretende. "La 'cláusula de escape' que prevé la Ley de Estabilidad Presupuestaria para situaciones de excepcionalidad, como la que está viviendo el país con la pandemia, habilita a las Administraciones Públicas para incurrir en déficit en esos casos, pero está definida en términos de déficit estructural y no alcanza ni a la regulación de la regla de gasto ni a las corporaciones locales", explica Diego Martínez, profesor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. Esos 'peros' no son irrelevantes. Implican, de momento, que la mera activación de la 'cláusula de escape' prevista en la Ley de Estabilidad Presupuestaria no es suficiente para desactivar las reglas de gasto que limitan la capacidad de gastar de las administraciones territoriales y además que los ayuntamientos se quedarían fuera de esa flexibilización de las normas presupuestarias.
El otro matiz es que la norma hace referencia al 'déficit estructural', un criterio de medición de los desequilibrios presupuestarios que elimina los componentes cíclicos del déficit - los excesos de ingresos en periodos de bonanza o los incrementos extraordinarios del gasto en periodos de crisis, por ejemplo - pero que todavía no se ha utilizado en España que aún diseña sus sendas de consolidación con el déficit real. En opinión de Diego Martínez pese a esa formulación de la norma se puede entender que la activación de la cláusula permite suspender la sujeción normativa a los objetivos de déficit y de deuda establecidos en los planes de estabilidad, pero no a la regla de gasto, y únicamente en los casos del Estado y las comunidades autónomas, no en el de las corporaciones locales. "Además, la norma establece de forma muy clara que la activación de la cláusula tendrá que ser aprobada por mayoría absoluta en el Congreso", advierte.
La cuestión no debe estar muy clara porque el propio Ministerio de Hacienda se amparó en la imposibilidad legal de derogar por la vía rápida la regla de gasto de los ayuntamientos para plantear su célebre decreto sobre los remanentes municipales . Lo que hace poco más de un mes era inviable jurídicamente ahora al parecer se puede hacer a través de un sencillo acuerdo del Consejo de Ministros...
Desde el Ministerio de Hacienda se admite que la 'cláusula de escape' prevista en la Ley de Estabilidad Presupuestaria no alcanza por sí sola para resolver esos ángulos muertos que justificaron su maniobra de hace un mes, pero consideran que la suspensión de las reglas fiscales europeas decretada por la Comisión en los primeros compases de la crisis les ampara tanto para desactivar la operativa de la regla de gasto como para incrementar el margen de maniobra de los ayuntamientos para gastar.
El arma jurídica que enarbolan, y a la que la Abogacía del Estado habría dado su visto bueno, es el artículo 3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y concretamente el párrafo en el que se dice que “la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea”. Desde esta perspectiva interpretan que dado que la Comisión Europea suspendió las reglas fiscales en toda Europa, los países miembros pueden utilizar ese paraguas para suspender sus normas nacionales por mucho que éstas no tengan una vinculación jurídica directa a la normativa europea.
Expertos como Diego Martínez tienen dudas de que se pueda invocar esa decisión de la Comisión Europea para modificar la normativa nacional, máxime cuando se trata de aspectos que afectan a una Ley Orgánica, la de Estabilidad Presupuestaria, y a la misma Constitución, cuyo artículo 135 restringe a los ayuntamiento su capacidad de incurrir en déficit, algo que ocurriría de manera inexorable si se lanzaran a exprimir sus remanentes. Un académico de Hacienda Pública con experiencia en política en el pasado asegura que la maniobra del Ministerio de Hacienda "no tiene un pase" y que probablemente no resistirá la más mínima valoración jurídica en el caso de que el asunto llegue a los Tribunales.
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