El Ministerio de Hacienda modificó en el último momento el bautizado como 'Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés' para eliminar la obligación de hacer pública la agenda oficial de los altos cargos del Gobierno que mantienen reuniones con lobistas. Así lo revelan a La Información fuentes del sector del 'lobby' que cuestionan que con este cambio "de última hora" y "por la puerta de atrás" el Gobierno libera de toda obligación a los empleados públicos y hace recaer la máxima responsabilidad en términos de transparencia sobre los 'lobbies'.
En versiones anteriores del texto se contemplaba que todos los altos cargos hasta el rango de directores generales -además del presidente y el conjunto de ministros del Gobierno, los secretarios de Estado y subsecretarios, los secretarios generales o los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas, entre otros- estarían obligados a publicar su agenda oficial en el Portal de Transparencia. En este sentido, el Anteproyecto de Ley entendía como agenda pública toda la actividad del personal implicado en la toma de decisiones y en la gestión de recursos públicos, incluidas, claro, las reuniones con los grupos de interés que tratan de influir en las leyes.
Pero ese apartado desparece del texto tras la reunión de secretarios de Estado y subsecretarios previa al Consejo de Ministros que dio luz verde al Anteproyecto de Ley hace ahora dos semanas, según informan fuentes conocedoras del giro de guion de Función Pública. El Ministerio conserva, eso sí, el artículo relativo a la "huella normativa", que establece que las actividades realizadas por los grupos de interés con la finalidad de influir en la elaboración de cualquier proyecto normativo deberán ser reflejadas por parte del departamento competente en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, donde tendrá que constar la identidad del funcionario que haya mantenido contactos con los grupos de interés, así como la de los lobistas y sus pretensiones en las reuniones mantenidas y en qué fecha se produjeron.
El cambio es sustancial, según interpretan fuentes de algunos de los principales 'lobbies' del panorama nacional que habitualmente defienden sus intereses ante el poder ejecutivo. El hecho de que en el Anteproyecto de Ley, tal y como aparece redactado ahora mismo en el trámite de audiencia pública, se elimine la obligación de publicación de la agenda pública de los altos cargos -en estos momentos el Gobierno solo difunde las agendas oficiales del presidente y los ministros- libera a los empleados públicos, hace recaer toda obligación de transparencia sobre el 'lobby' y "contradice todos los estándares europeos", insisten desde grupos de interés afectados.
Hay que recordar que este mismo Anteproyecto de Ley ya pasó el trámite de consulta pública entre los meses de abril y mayo de 2021 y entonces el Ejecutivo ya recogió una treintena de aportaciones -la gran mayoría, de asociaciones y entidades privadas- respecto a las agendas de los responsables públicos, algunas de las cuales matizaban que su publicación debía limitarse a los altos cargos y solo en algunos casos a las de otros responsables, "cuando la importancia de los asuntos así lo aconseje". También hubo aportaciones muy detalladas respecto a la publicidad de las reuniones y la información que debe ser accesible (la identificación de asistentes, la documentación que se distribuye, etc.), según la documentación que recopiló entonces el Ministerio.
Desde los grupos de interés defienden que la publicación de las agendas en el Portal de Transparencia debe producirse limitándose, efectivamente, a las de los cargos públicos con más responsabilidad dentro del Gobierno, porque lo contrario -extender esta obligación a todos los altos cargos- supondría una carga burocrática excesiva. De ahí que critiquen que el departamento que dirige María Jesús Montero haya eliminado este apartado del texto. "Nos obligan a inscribirnos en un registro oficial, a regirnos por un código de conducta y nos someten a un régimen sancionador mientras eliminan toda obligación de transparencia para el Gobierno", denuncia un lobista con amplia experiencia en el trato con la Administración Pública.
El sector ya está preparando una batería de alegaciones al Anteproyecto de Ley que estará en audiencia pública hasta el día 5 de diciembre y después volverá al Consejo de Ministros, antes de iniciar la tramitación parlamentaria, según adelantan a este medio. Y es que la publicación de las agendas no es el único punto de fricción con el Ministerio, según las fuentes consultadas en el mundo del 'lobby', que desvelan que el equipo de Montero introdujo otro cambio de última hora al excluir a los colegios profesionales de los grupos de interés regulados, junto con los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las patronales, que tampoco estarán afectados por la nueva regulación. "Están dejando fuera a algunos de los principales lobistas de España", cuestionan estas fuentes.
Los 'lobbies' han puesto toda la maquinaria en funcionamiento para, en esta ocasión, tratar de influir en una norma que les afecta de lleno y cuya tramitación va a ser más rápida de lo inicialmente esperado. Según ha podido saber La Información, la ministra de Hacienda ha dado orden de que esté lista antes de Navidad, lo que deja un escaso mes de margen. "Nos hemos puesto a trabajar en un conjunto de alegaciones muy detalladas para que la norma cumpla con las obligaciones esenciales que establecen los estándares europeos y las directivas de la OCDE", aseguran fuentes involucradas en las conversaciones que auguran una "ardua pelea" para "corregir" el texto.
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