Consecuencias del Pacto Salarial en la Función Pública

Montoro certifica la 'pax social' con los funcionarios y se lanza a aprobar los PGE

El Gobierno, convencido de que la foto con los sindicatos de la Función Pública allanará el camino para sacar adelante las cuentas de 2018

Montoro firmando el acuerdo con los funcionarios
El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, rubrica el acuerdo con los funcionarios. EFE.

La firma estampada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el documento que recoge los términos del acuerdo alcanzado con las principales plataformas sindicales de la Función Pública para regular las condiciones laborales y salariales de los funcionarios para los próximos tres años es también el pistoletazo de salida para el principal desafío que afrontará el Ejecutivo la próxima primavera: la negociación política para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

Existe la convicción en el Gobierno de que un acuerdo de semejante magnitud, reforzado, además, por la adhesión unánime de los sindicatos, constituye el mejor aval para reabrir ahora las negociaciones con sus potenciales socios parlamentarios (Ciudadanos y PNV) al objeto de cumplir el 'timing' marcado por el presidente del Gobierno que ya ha manifestado en público su seguridad en que los Presupuestos de 2018 estarán listos antes del próximo mes de junio. Hacienda ya ha confirmado que presentará el proyecto presupuestario el viernes 23 de marzo. 

De hecho, los contactos ya han comenzado. Ciudadanos desveló a principios de semana una llamada del ministro Montoro para reabrir la negociación presupuestaria sobre la que la formación naranja llevaba meses sin tener noticia alguna, pese a su declarado interés en respaldar un eventual proyecto presupuestario. Menos noticias hay de la posición del PNV, aunque tras el acuerdo por el Cupo Vasco se da por hecho que la formación terminaría respaldando los Presupuestos

Un foco menos de preocupación

Más allá de la incidencia que pueda tener en la negociación de los Presupuestos de 2018, el Acuerdo para la Mejora de las condiciones de los empleados públicos para los próximos tres años elimina un potencial foco de conflicto para el Gobierno. Las plataformas sindicales más representativas de la Función Pública (CCOO, CSIF y UGT) habían amenazado con movilizaciones e incluso huelgas si no veían concretada su aspiración de garantizar a los empleados públicos la recuperación de al menos una parte del poder adquisitivo perdido durante la crisis, que estiman entre un 13% y un 20% en función del sindicato.

La subida garantizada del 6,1%, que mejora sensiblemente el 5,5% en que se había enrocado el Ministerio de Hacienda en la primera ronda de contactos del pasado otoño, y la adecuación de los requisitos para que la activación de la parte variable - que podrá llevar la subida real en el periodo hasta el 8%- sea menos exigente ha terminado por convencer a los sindicatos, que en un momento de la negociación llegaron a descolgarse con la petición de una subida fija del 7% y un tramo variable que pudiera llevar ese incremento hasta el 10% al final del trienio.

La factura para el Gobierno rondará los 1.300 millones de euros durante los próximos tres años, pero podría haber sido más alta. Fuentes de la negociación reconocen que, si bien la negociación ha sido todo lo dura que cabría esperar, la inclinación de Hacienda a hacer concesiones que permitieran cerrar un acuerdo ha sido mucho mayor según se acercaba la fecha límite marcada por los negociadores e infinitamente mayor que en la primera ronda de contactos del pasado mes de otoño. "Se notaba que querían el acuerdo a toda costa y eso nos ha permitido alcanzar reivindicaciones que en otoño ni nos planteábamos", admite una fuente de uno de los sindicatos presente en la negociación.

La realidad es que el ala sindical no sólo ha conseguido una subida salarial sensiblemente mejor a la planteada inicialmente por el Gobierno, que determinó el cierre sin éxito de la primera ronda negociadora, sino que ha desbloqueado la posibilidad de aplicar la jornada de 35 horas en las autonomías y ayuntamientos que cumplan con sus objetivos de sostenibilidad presupuestaria, ha conseguido derogar las penalizaciones salariales durante los procesos de baja y ha alcanzado la vieja aspiración de habilitar una bolsa de horas para que los empleados públicos puedan atender sus responsabilidades familiares. El acuerdo soñado.

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