El Gobierno ha decidido dejar en suspenso la aprobación de la senda de estabilidad para 2019-2021, que fue rechazada por el Congreso en julio y que el Ejecutivo se propone volver a presentar en sus mismos términos en los próximos días, hasta dar con una salida legal que le permita reformar de urgencia la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y esquivar el más que probable veto que la mayoría del PP en el Senado le propinaría a la propuesta gubernamental, evitando así que prosperara.
El Ejecutivo ha preferido no abordar la preceptiva aprobación de la senda de déficit en el Consejo de Ministros de este viernes para evitar activar el contador que le obliga a someter de nuevo al Congreso de los Diputados la aprobación de su propuesta antes de conocer a ciencia cierta las opciones de las que dispone para esquivar el veto del PP.
Desde el Gobierno aseguran estar "explorando" las vías legales que podrían permitir modificar la Ley de Estabilidad y que mientras tanto ha optado por parar la aprobación de la senda de estabilidad, informa Efe. Pero tampoco puede demorar su decisión mucho más ya que la Ley de Estabilidad prevé "un plazo máximo de un mes" para que el Gobierno lleve a las cámaras un nuevo acuerdo de Consejo de Ministros sobre la senda de consolidación fiscal desde su devolución inicial por parte de éstas, que se produjo el pasado 27 de julio, por lo que incluso en el escenario actual ya podría estar incumpliendo la ley.
Las mismas fuentes han hecho hincapié en que el Gobierno sigue manteniendo su senda -frente a la anterior del PP más restrictiva-, que establece unos objetivos de déficit del 1,8 % del PIB para 2019, del 1,1 % para 2020 y del 0,4 % para 2021, y que ya recibido el preceptivo visto bueno tanto de las comunidades autónomas (a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera) como de las corporaciones locales (tras la reunión de la CNAL).
Podemos explicó el miércoles que solo el Congreso votará la senda de estabilidad, pero desde el Ejecutivo apuntan a que también se podría dar al Congreso la capacidad de levantar el veto del Senado, como ocurre con las tramitaciones de leyes con carácter general.
La Ley de Estabilidad prevé que, en caso de rechazo a los objetivos en el Congreso o el Senado, el Gobierno tiene que presentar una nueva senda en el plazo de un mes, aunque el Ejecutivo considera que el hecho de que se vaya a reformar cambia las cosas
El anuncio de un pacto para la reforma de la Ley de Estabilidad, hecho ayer por Podemos tras la reunión mantenida con el Ministerio de Hacienda, ha allanado el camino para la futura aprobación de los objetivos de déficit del Gobierno socialista, que aún no ha definido cómo sorteará legalmente la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta.
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