La OCDE sitúa a España junto a otros países como Francia o Bélgica como una de las economías desarrolladas que más se beneficiaría de acompasar por ley la evolución de la edad de jubilación y la esperanza de vida, en línea con lo que aseguraba el 'factor de sostenibilidad' de la reforma de pensiones de 2013 que el Gobierno de Sánchez acaba de derogar y ya se verá si en línea también con ese nuevo 'mecanismo de equidad intergeneracional' en el que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social está trabajando con los agentes sociales y que debería ver la luz antes de final de año. Para la OCDE la regla de equilibrio para que los sistemas de pensiones de los países desarrollados no afronten problemas de sostenibilidad debe ser que se eleve en dos años la edad de jubilación por cada tres años que mejore la esperanza de vida, del mismo modo que ya se ha instaurado en Portugal.
El organismo internacional, que ha publicado este martes un informe de proyecciones con horizonte 2060 sobre la presión del gasto en pensiones a futuro en las economías desarrolladas, subraya que mientras la aplicación de esa regla de actualización de la edad legal de jubilación permitiría una mejora media de tres puntos en el PIB per cápita en el área OCDE en España o Francia estaría entre los cinco y los seis puntos por la mayor distancia existente entre la edad real de jubilación y la edad legal en estos países.
La OCDE también perfila cuál sería el escenario en España si no se adoptara esa y otras medidas de reforma. Su visión inercial es que la renta por habitante con las reformas aplicadas hasta la fecha apenas permitiría elevar 0,5 puntos la renta per cápita de los españoles. La diferencia es abismal.
El informe del organismo habla de las potenciales ganancias de bienestar que proporcionaría esta medida, pero también de la situación que se generaría de no actuar en esa línea. Advierte de que si a futuro se mantienen los actuales niveles de endeudamiento público la presión fiscal aumentaría de media ocho puntos en los países desarrollados, pero más de 13 puntos en España para hacer frente a los costes entre otros del sistema de pensiones. El organismo solo ve tres vías para cubrir esa mayor presión fiscal: emitir más deuda pública, subir los impuestos o hacer reformas estructurales, y como uno puede imaginar aboga por esta última opción.
En el caso español aboga por medidas para reducir la ya endémica dualidad del mercado de trabajo entre trabajadores indifinidos sobreprotegidos y trabajadores temporales en situación de permanente vulnerabilidad, por reducir el paro juventil y por aumentar la flexibilidad del mercado de trabajo. En ausencia de reformas en ese ámbito, la OCDE augura que la tasa de ocupación de la economía española quedará anclada a lo largo de toda esta década y su aportación al bienestar general será intrascendente.
Una hoja de ruta para la reforma del sistema de pensiones
La hoja de ruta a futuro para los sistemas de pensiones de los países desarrollados que pone encima de la mesa la OCDE no se agota en la implantación de esa regla según la cual se deberá subir dos años la edad legal de jubilación por cada tres años que mejore la esperanza de vida sino que también comtemplan la necesidad de implantar medidas para cerrar las brechas entre la edad real y la edad legal de jubilación - uno de los objetivos que se ha planteado José Luis Escrivá en su reforma de las pensiones -, reducir los cauces para abandonar de forma temprana el mercado de trabajo y disponer mecanismos para elevar de forma más rápida o más intensa la edad de jubilación.
Hay que recordar que la primera revisión al alza de la edad legal de jubilación en la España democrática, de los 65 a los 67 años, se aprobó en el año 2011, pero no estará completamente vigente hasta el año 2027, tres lustros más tarde. Desde 1978 la esperanza de vida en España se ha incrementado en diez años de los 74 a los 84 años. Según la regla que propone la OCDE la edad de jubilación se debería haber llevado hasta los 68 años.
El organismo plantea más medidas en este campo: alargar los periodos de cotización necesarios para percibir el 100% de las pensión - una posibilidad que también ha explorado el Gobierno -, permitir a los trabajadores de mayor edad combinar trabajo y pensión con empleos a tiempo parcial o incentivar a los empresarios para contratar a trabajadores de mayor edad.
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