El pasado 22 de abril el diputado de ERC Jordi Salvador i Duch elevó una batería de ocho preguntas al Gobierno en las que le interpelaba por la situación de la mutua catalana Activa Mutua, seria candidata a la absorción por parte de otra entidad tras una serie de catastróficas desdichas que la han llevado a una situación financiera límite como ya adelantó La Información, y en concreto por el papel desempeñado por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) - el organismo que tiene encargada la coordinación de este ámbito dentro del organigrama del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social - en su situación actual.
El diputado republicano cuestionaba al Ejecutivo, por ejemplo, por los motivos concretos que habían llevado a la DGOSS a advertir sobre la posible adopción de medidas cautelares contra la mutua, sobre qué precepto legal concreto se justificaba esa advertencia y también por los planes de futuro que tenía para la mutua y si entre éstos entraba una posible fusión con Ibermutua, la entidad que ya en el año 2018 absorbiera a la Mutua Gallega en el último proceso de fusión que ha vivido el sector.
La Información ha tenido acceso a actas de reuniones de la Junta Directiva de Activa Mutua que revelan constantes interferencias por parte de la Seguridad Social en aspectos de gestión que en algunos casos son de régimen interno, que sugieren un alineamiento del actual director general de la entidad, Miguel Ángel Díaz Peña - el hombre cuyo nombramiento amparó en su día el exsecretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, y que actualmente está de baja por enfermedad - con los intereses de la Secretaría de Estado y que revelan asimismo un clima de pánico dentro de la mutua por las consecuencias que pueda tener para su futuro cualquier acto que no sea coherente con los planteamientos que se trasladan desde el Ministerio.
La única mutua que no se defendió de la Inspección
A la caída en desgracia de Activa Mutua, afectada como el resto de entidades del sector por la crecida del gasto en bajas, por ciertas lagunas de gestión y por la falta de respuesta en forma de financiación por parte del Gobierno, se le puede poner fecha: el año 2019. Ese año empiezan a aflorar los resultados de la campaña que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social abrió, ya en la era del PP, contra los gastos supuestamente suntuarios de algunas mutuas con cargo al erario público y Activa Mutua se convierte sin quererlo en protagonista principal de esa campaña al trascender a los medios - de un modo en el que algunos de los exdirectivos de la mutua observan un ansia ejemplarizante por parte de la Seguridad Social - la sanción de alrededor de un millón de euros impuesta contra ella por la Inspección y la puesta en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción del expediente por si del mismo pudieran derivarse consecuencias penales.
La sacudida fue aprovechada por Seguridad Social para propiciar una limpia en la cúpula directiva de la mutua - que supuso la salida de su director gerente y también de su entonces presidente Josep Nogués -, imponerle un plan de actuación y saneamiento y para situar como director gerente a un hombre de la total confianza de Octavio Granado, Miguel Ángel Díaz Peña, exdirector general de Ordenación de la Seguridad Social entre 2004 y 2011 y coautor junto a Granado de algún artículo periodístico muy crítico con la gestión de las mutuas. Sólo unos meses después, según la información a la que ha tenido acceso este medio, el papel de Díaz Peña resultó clave para bloquear la intención de la Dirección de Activa Mutua de acudir a los tribunales con el asesoramiento de Cuatrecasas para recurrir la actuación de la Inspección de Trabajo contra la entidad del mismo modo que sí hicieron otras entidades del sector en una situación similar.
Fuentes del sector revelan que días antes de que Activa Mutua desistiera de presentar ese recurso ante los tribunales Díaz Peña remitió una carta a la Junta Directiva en la que advertía de la posible comisión de un fraude de ley si se presentaba un recurso contra la Administración de la que dependía, de las consecuencias sobre la reputación de la entidad que tal acción podría tener e incluso informaba de que la magistrada a la que le correspondería la ponencia sobre el recurso era una persona con relaciones personales y familiares con la Inspección, lo que a su juicio minimizaba las posibilidades de éxito.
Activa Mutua se decantó finalmente por no presentar recurso a la sanción de la Inspección y tuvo que digerir un golpe financiero total de 2,2 millones de euros entre la sanción y el reintegro de fondo, que asumió en su mayor parte con su propio patrimonio y que dejó a la mutua sin reservas de tesorería en medio de una crisis brutal para el sector. Otras mutuas sí recurrieron las actas que le levantó la Inspección en el marco de la batida iniciada en 2017 y hace apenas unas semanas el Tribunal Supremo ha resuelto a favor de los intereses de Ibermutua la primera sentencia en relación a este asunto, lo que a juicio del sector abre la puerta a una oleada de resoluciones favorables en esa misma instancia. Fuentes próximas a la mutua catalana se quejan amargamente de que fuera su caso el único que saltara a los medios y el único que se remitiera a la Fiscalía Anticorrupción...
Vetos a la reorganización interna, injerencias en la gestión...
Los movimientos propiciados desde Seguridad Social en Activa Mutua a raíz del episodio de la sanción de la Inspección derivaron en una intensa reorganización interna que resultó en la salida de un puñado de directivos históricos de la casa y el aterrizaje de personas de confianza del nuevo director gerente, según interpretan fuentes próximas a la entidad y ratifican diferentes fuentes del sector. El asunto llegó al punto de que el nuevo presidente de Activa Mutua, Domingo Bargalló, llegó a quejarse en una Junta Directiva, según se recoge en una de las actas a que ha tenido acceso este medio, de la falta de comunicación con los responsables de la DGOSS, que al parecer solo despachaban con el nuevo director gerente sin tener en cuenta a los órganos directivos de la mutua. La cosa no mejoró tras la baja de Díaz Peña por un asunto de salud. En las reuniones de la Junta Directiva la queja recurrente ha sido que la relación con Seguridad Social se limitara a recibir los impedimentos por parte del organismo público a cualquier iniciativa adoptada desde la mutua.
Una de éstas iniciativas fue el nombramiento de un director gerente en funciones en tanto se prolongara la baja de Díaz Peña. La decisión no sentó bien en la DGOSS, según se constata en otra de las actas a las que ha tenido acceso La Información, y hasta tal punto fue así que el 9 de diciembre del año pasado Seguridad Social remitió un oficio a la mutua exigiendo la restitución del organigrama anterior a este nombramiento y el restablecimiento en sus responsabilidades de una serie de personas, así como otras indicaciones en relación a determinadas prácticas de la mutua, ante la constatación de que el nuevo equipo se estaría apartando del plan establecido en 2019. Activa Mutua no ha tardado mucho en revocar su esquema provisional y plantear el nombramiento de un nuevo director gerente que sustituya a Díaz Peña ya con el visto bueno de la Seguridad Social.
El capítulo del oficio remitido desde la DGOSS dejó otro episodio que revela la influencia de la Seguridad Social en la gestión de Activa Mutua. Dos de los directivos de confianza de la etapa abierta en 2019 se encargaron de circular el oficio entre la plantilla por su cuenta y riesgo, dando los cambios por aprobados y sin autorización previa alguna por parte de la Junta Directiva de la mutua, el máximo órgano de gobierno de la misma. El asunto, consignado como falta de gravedad, provocó la apertura de un expediente disciplinario y se trató en la siguiente Junta Directiva de la mutua en orden a tomar las medidas disciplinarias que correspondieran, entre las que el representante sindical que representa los intereses de los trabajadores en la entidad pidió el despido de los responsables para evitar situaciones de agravio comparativo con otras situaciones similares en las que sí se adoptó esa medida. No fue así.
El acta de la Junta revela que el director gerente de baja, Díaz Peña, solicitó "la benevolencia con los expedientados" y que la propia DGOSS intervino para pedir a los órganos directivos de la mutua que fueran "magnánimos". A los responsables se les castigó con la suspensión de sus contratos de alta dirección y consecuente pérdida de la condición de directivo, si bien mantuvieron sus puestos de trabajo. Preguntados por el asunto antes de publicar esta noticia, fuentes de la Seguridad Social se limitaron a señalar que los expedientes disciplinarios son asuntos internos de las mutuas en los que la Dirección General de Ordenación de Seguridad Social no se inmiscuye.
Nota de la Redacción: El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha puesto en contacto con esta redacción después de la publicación de esta noticia para remitir una nota al respecto, tras no haberlo hecho de forma más explícita durante las llamadas y las peticiones de cita que se le pidieron para obtener sus explicaciones. Reproducimos aquí su texto exacto:
Las mutuas son asociaciones privadas de empresarios que tienen por finalidad colaborar en la gestión de la Seguridad Social, bajo la dirección y tutela del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. Sin perjuicio de esta naturaleza privada, las mutuas forman parte del sector público estatal de carácter administrativo, de conformidad con la naturaleza pública de sus funciones y de los recursos económicos públicos que gestionan. De ahí que estén expresamente prohibidas por la Ley General de Seguridad Social las operaciones de lucro mercantil, las actividades de captación de empresas asociadas o de trabajadores adheridos y la concesión de beneficios a favor de los empresarios asociados.
En junio de 2019, y a la vista de graves irregularidades en la gestión que se habían detectado (duplicidades en la estructura directiva, organizativa y funcional; prácticas de captación de empresas; exceso de gastos en bienes corrientes y servicios; uso injustificado de medios asistenciales privados utilizados; política retributiva), la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social definió un plan de actuaciones para su corrección que fue aprobado por la nueva Junta Directiva que eligió un nuevo presidente y propuso la designación de un nuevo gerente que fue autorizada por la DGOSS. Durante el tiempo transcurrido desde entonces, la mutua ha estado sometida a una supervisión continua por parte de la DGOSS, con la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Paralelamente, esas irregularidades han dado lugar a la apertura de actuaciones previas ante el Tribunal de Cuentas.
En diciembre de 2020, la citada Inspección advirtió que, tras la baja por enfermedad del nuevo gerente, algunas medidas del plan de actuaciones ya adoptadas estaban siendo revertidas. Como consecuencia de ello, la DGOSS remitió un escrito a la mutua (9 de diciembre de 2020) señalando que de persistir los incumplimientos podrían adoptarse medidas cautelares.
En marzo de 2021, y de nuevo tras una actuación de la Inspección de Trabajo, la DGOSS volvió a requerir a la mutua para que informase sobre las medidas adoptadas y las pendientes. En respuesta a ese requerimiento, la mutua remitió una hoja de ruta el pasado mes de abril cuyo cumplimiento está siendo supervisado y evaluado por la DGOSS para la adopción en su caso de las citadas medidas cautelares. La DGOSS se ha limitado a supervisar y evaluar esta hoja de ruta sin que se haya dado ningún tipo de injerencia ni otro interés distinto a la defensa del interés público.
Cabe recordar que todas las actuaciones desarrolladas por la DGOSS, en colaboración con la Inspección de Trabajo y la Intervención General de la Seguridad Social, tienen presente que la financiación necesaria para el sostenimiento y funcionamiento de la mutua se realiza mediante cuotas de la Seguridad Social.
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