El Parlamento Europeo ha alcanzado un acuerdo para la reforma del mercado eléctrico. El texto no incluye finalmente ninguna mención a los límites a los ingresos de las tecnologías inframarginales. En este sentido, se ha pactado que la Comisión evalúe (a más tardar en junio de 2024) diferentes opciones para establecer un mecanismo de "válvula de alivio temporal" ('relief valve mechanism') y que presente una propuesta legislativa. La mayoría se ha opuesto a incluir un 'revenue cap' como el establecido en el Reglamento de emergencia.
Así lo ha informado el ponente principal, Nicolás González Casares. En cuanto a los Contratos por Diferencia (CfD), el otro punto más irritante de la negociación, se introduce la obligación de que los esquemas de apoyo directo a los precios para nuevas inversiones en generación eléctrica (eólica, solar, geotermia, hidráulica sin embalse y nuclear) sean mediante esta forma o esquemas equivalentes, siempre y cuando sean evaluados y aprobados por la Comisión. “Se mantiene la obligatoriedad de estos esquemas como únicos esquemas de apoyo directo a los precios”, asegura el eurodiputado socialista en una nota.
Además, se ha incluido una limitación a las ampliaciones de instalaciones existentes, del modo que la cobertura que ofrezcan los CfDs deberá ser proporcional a la inversión realizada en relación a los costes totales de inversión de la planta. Por su parte, los ingresos de los CfDs se deberán destinar a los consumidores con el objetivo de rebajar su factura de la luz. Se deberá prestar especial atención a los consumidores vulnerables y en riesgo de pobreza. Los Estados miembro también podrán dedicar los ingresos a costear los propios CfDs, a inversiones para la transición energética o para industrias electrointensivas en riesgo de fuga de carbono.
Votación el 19 de julio
Este mismo jueves se ha producido una reunión entre los ponentes en la Eurocámara con el objetivo de González Casares de cerrar las enmiendas de compromiso y alcanzar el acuerdo sobre el texto para poder aprobarlo en la Comisión de Industria, Investigación y Energía el 19 de julio. Los temas más complejos, tal y como se supo tras la negociación del 27 de junio, han sido los CFD y el reparto de sus ingresos, así como la introducción de un tope o ‘cap’ a los beneficios de determinadas tecnologías.
Ha sido el propio Casares quien ha anunciado en su cuenta de Twitter que se ha llegado a un acuerdo entre EPP (Maria da Graça Carvalho), RENEW (Morten Petersen) y Greens (Michael Bloss). El eurodiputado socialista ha destacado que en el acuerdo se recoge la prohibición de desconexión a los vulnerables, más derechos a los consumidores y mejores mecanismos de activación de las medidas de emergencia. La ponente popular, Maria da Graça Carvalho, también ha hablado en la red social: "Tenemos un acuerdo. No habrá tope a los ingresos", ha asegurado.
Por otro lado, se ha reforzado el artículo sobre la crisis de precios con criterios más precisos y la obligación (antes era opcional) para que la Comisión la declare. Bruselas solo podría no declarar una crisis en casos debidamente justificados. La crisis de precios se declarará en el caso de que se dé un incremento en los precios del mercado mayorista de dos veces y media (durante 6 mese) con respecto a los cinco años previos. Se establece un mínimo de 180 euros el megavatio hora (MWh) para la declaración de la crisis y si los precios minoristas se incrementan un 60% en comparación con los dos años anteriores (durante tres meses consecutivos). En cuanto a los contratos de compraventa de energía a largo plazo, los conocidos como PPA, los 27 deberán eliminar las barreras a su contratación, al tiempo que la Comisión creará una plataforma voluntaria de mercado. Asimismo, se introduce un artículo para que se desarrollen PPAs estandarizados de uso voluntario y se crea una base de datos para darles más transparencia.
La Eurocámara también ha acordado establecer un sistema europeo de subastas de energía renovable, con el objetivo de complementar los esfuerzos de los Estados miembro para alcanzar el objetivo de un 45% de renovables en 2030. Las subastas irán destinadas a cubrir el objetivo de un 2,5% adicional al 42,5% vinculante en caso de que las contribuciones de los países no alcancen a cubrir el objetivo.
Delegación parlamentaria
Además, el 19 de julio se dará luz verde también a habilitar a la delegación parlamentaria encabezada por González Casares a iniciar negociaciones interinstitucionales, el método informal de adopción de legislación al que se conoce comúnmente como trílogos. En los trílogos, el ponente en nombre del Parlamento y la presidencia de turno (en este caso España) en nombre del Consejo, negocian sobre el texto legislativo para llegar a un terreno común con la Comisión Europea ejerciendo como árbitro.
Por su parte, fuentes conocedoras de la negociación afirman que la Representación Permanente de España han hecho llegar este jueves a los expertos en energía de los 27 Estados miembro tres propuestas sobre los últimos temas que quedarán encima de la mesa en el Consejo. En cuanto a los CfD, plantean que se asegure una distribución concreta de los ingresos entre los consumidores, vía limitación, que permita dar otros usos a los ingresos sobrantes, así como encontrar un equilibrio entre la seguridad de suministro y no arriesgar los objetivos climáticos en el ámbito de los mecanismos de capacidad.
No obstante, el tema debe ser ahora abordado por los Representantes Permanentes en el Comité de Representantes Permanentes de la Unión Europea (COREPER). Se entiende así que la idea es que los ministros de Energía discutan el texto final durante la reunión informal que mantendrán el 12 de julio en Valladolid. El objetivo del Ejecutivo central es que la reforma salga adelante durante la presidencia española del Consejo de la UE. La idea de reformar el mercado mayorista de electricidad, impulsada y abanderada por España, nació con el objetivo de rebajar los precios y reducir la volatilidad, a la vez que se avanza en el proceso de descarbonización, garantizando la seguridad de suministro y repartiendo los costes de un modo más justo entre productores y consumidores. El cómo abordarla ha generado un gran revuelo en el Parlamento Europeo durante los últimos meses.
División de opiniones
Eurodiputados y grupos de todo el espectro político apoyaban mantener un límite de los ingresos de las empresas energéticas en futuras crisis, aunque de manera muy distinta. En concreto, Gonzáles Casares, encargado de redactar los informes que contengan la posición de toda la Eurocámara como ponente oficial, presentó 186 enmiendas a la propuesta de la Comisión Europea. Entre ellas destacaba el tope de 180 euros megavatio hora (MWh) para el mercado mayorista de electricidad, que entraría en vigor solo cuando lo decida la Comisión y cuando se superen ciertos límites de precios y se den varios meses con un precio superior.
También defendía que cada Estado miembro pueda imponer un 'cap' más bajo si lo considera necesario. En España, el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, introdujo una minoración de los ingresos extraordinarios que obtienen las centrales nucleares e hidráulicas en el mercado mayorista, gracias a la repercusión sobre el mismo de unos costes de gas que no soportan. La minoración, que se aplicará hasta diciembre de este año, afecta a todos los contratos bilaterales que tengan un precio de cobertura superior a los 67 euros el megavatio hora (MWh). Por su parte, Bruselas planteó establecer el límite en 180 euros/MWh al dinero que recibe la generación eléctrica a partir de renovables, nuclear y lignito.
Por su parte, Pilar del Castillo, del Partido Popular Europeo (EPP, por sus siglas inglés), abogogó por un 'cap' a nivel europeo sin dar libertad a que cada Estado miembro imponga el suyo . Además, la exministra de Educación con José María Aznar y que ahora suena como ministrable si Alberto Núñez Feijóo llega a La Moncloa, pidió que se establezca un 'suelo' que asegure los ingresos al generador. El PP ha manifestado en reiteradas ocasiones que está "en contra de cualquier iniciativa que suene a intervencionismo" y que acabará con la 'excepción ibérica' si Feijóo es presidente del Gobierno.
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