El Gobierno está decidido a impulsar el uso del biometano en vehículos y para ello facilitará a los promotores de proyectos estudios de prefactibilidad que faciliten la toma de decisiones sobre la conveniencia de acometer las inversiones. Estos análisis se orientarán especialmente al uso en vehículos pesados (en los ligeros se priorizará la electrificación), que presten servicios municipales de transporte público, recogidas y limpieza urbana, emergencias, protección civil y policía local.
En concreto, una de las opciones que se considera para dichos estudios es la utilización de biogás a partir de sustratos generados en el propio consumidor energético o en un entorno cercano para satisfacer consumos propios para el transporte pesado. Así lo recoge la memoria justificativa del contrato que ha sacado a licitación el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para la "prestación de un servicio de asistencia técnica para la realización de estudios de prefactibilidad de proyectos de biometano en transporte para el cumplimiento de las medidas de la Hoja de ruta del Biogás". Según la Plataforma de Contratación del Sector Público, el valor estimado del contrato es de 866.822,94 € euros (IVA incluido).
El objeto del mismo es determinar la oferta más adecuada para la suscripción con una entidad por un periodo de 30 meses. Los proyectos se orientarán exclusivamente a la producción y consumo directo de biometano para transporte pesado, es decir, con una masa máxima autorizada superior a 3,5 toneladas o con capacidad para más de nueve personas. El IDAE incluirá en su web un apartado para que los interesados (propietarios de explotaciones agrarias, industrias, gestores de residuos de gestión municipal y lodos de EDAR, entre otros), puedan solicitar la realización del estudio.
Análisis por fases
El análisis se realizará por fases. A criterio del IDAE, dependiendo de los resultados que se vayan obteniendo, se completarán todas o solo una parte. Las dos primeras serán una evaluación preliminar en función de los datos aportados por el solicitante y el estudio de prefactibilidad básico. Por su parte, el estudio de prefactibilidad avanzado constará de: planta de trasformación a biometano, estudio de la flota afectada, distribución del biometano al punto o los puntos de repostaje, y estudio económico (ahorro energético, costes, rentabilidad, etc.). El IDAE justifica que no dispone de los medios "ni humanos ni técnicos" para la realización de los estudios objeto del contrato. El Confidencial ya avanzó que el organismo, dependiente de Transición Ecológica, pretende gastarse más de 1,5 millones de euros para impulsar la Hoja de Ruta del Biogás.
Bajo la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), el Ejecutivo ha incrementado el objetivo de producción de biogás y biometano, mediante el aprovechamiento del potencial disponible, procedente de distintas fuentes, y generando sinergias con el sector privado. La previsión de biogás supone duplicar lo cuantificado en la hoja de ruta, llegando a los 20 teravatios hora (TWh) en 2030. No obstante, en opinión de la Asociación Española del Gas (Sedigas), el documento carece de "la ambición necesaria para aprovechar todo el potencial de producción real de biometano de España". Asegura que esta meta es representativa de menos de un 2% de biometano para sustituir la demanda de gas actual.
La patronal viene así defendiendo que la descarbonización será más rápida con el biometano. Sedigas calcula que España tiene un un potencial de producción de biometano de 163 teravatios TWh al año, una cifra que permitiría cubrir en torno al 45% de la demanda nacional de gas natural (hasta el 72% de industria y hogares) y con la que se podría haber ahorrado 4.000 millones de euros en la factura energética de los españoles en 2022, gracias a la reducción de las compras a países terceros.
El 'Estudio de la capacidad de producción de biometano en España', elaborado por Sedigas, en colaboración con PwC y la consultora especializada Biovic, estima que, para materializar todo el potencial del país en biotemano, se podrían poner en marcha más de 2.300 plantas de producción especializadas, que movilizarían una inversión de casi 40.500 millones de euros -el equivalente al 3,6% del PIB- y generarían cerca de 62.000 empleos, entre directos e indirectos, asociados a su operación y mantenimiento. No obstante, a día de hoy la realidad es que hay nueve plantas de biometano conectadas a la red y una cartera de proyectos de entre 200 y 300 instalaciones, que ya han solicitado autorizaciones ambientales y resto de permisos, por lo que podrían estar listas para 2025.
“Valoramos las iniciativas públicas para fomentar el desarrollo de plantas de biometano. Sin duda la administración pública tiene un rol esencial en mejorar el conocimiento de los potenciales beneficios de estas plantas tanto como vector de crecimiento económico como elementos para asentar población en el territorio con empleos de calidad”, señalan desde Sedigas a este medio.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios