La Comisión Europea solicitará por escrito a finales de esta semana la salida del bloque comunitario del Tratado de la Carta de la Energía (TCE). España ha sido uno de los países más críticos con el acuerdo al asegurar que imposibilita el cumplimiento de las metas climáticas establecidas en el Acuerdo de París. Una carta enviada a Bruselas por parte del Gobierno de España en octubre del año pasado, en la que se oficializaba la intención del país de retirase, animó a Países Bajos, Francia, Eslovenia, Alemania y Francia a hacer lo propio. Finalmente, parece que se hará de manera coordinada en contra de la opinión de las empresas.
En concreto, el TCE, en vigor desde 1988, fue firmado por 53 países. La modernización del texto es lo que ha traído cola desde hace años. El tratado se diseñó tras la desaparición de la URSS, en un contexto en que muchos temían invertir en los países del bloque soviético, y se concibió para promover la seguridad energética fomentando mercados más abiertos y competitivos que al mismo tiempo respeten los principios de desarrollo sostenible y soberanía sobre los recursos energéticos.
Está suscrito por todos los Estados miembro de la Unión Europea, salvo Italia que lo abandonó en 2016, y países como el Reino Unido, Bosnia y Herzegovina, Japón, Armenia, Jordania, Ucrania o Tayikistán. Este contempla un sistema de protección de las inversiones, un trato no discriminatorio por tecnologías y resoluciones de disputas a través de mecanismos de arbitraje. Los países que difieren con el acuerdo aseguran que el texto haba quedado anticuado en virtud de los objetivos de cambio climático.
Atados otros 20 años
En un principio, la Comisión abogaba por la reforma del tratado y no por abandonarlo. De hecho, desde Bruselas ya advirtieron a España y al resto de países que anticiparon su salida de que seguirán sujetos sin cambios a las condiciones de arbitraje que prevé el acuerdo internacional durante otros 20 años pese a romper con él, según la cláusula de supervivencia del artículo el Artículo 47(3).
"El Tratado de la Carta de la Energía estaba en vigor cuando se aprobaron las primas a las renovables y también cuando se retiraron de forma retroactiva, de modo que no habrá ningún cambio en dicho frente. El acuerdo contempla una cláusula de salida mediante la cual los países que dejan el tratado siguen vinculados a sus procesos por un periodo de veinte años. Por lo tanto, no habrá cambios en lo referido a la tramitación de los casos", recalcan fuentes de las empresas afectadas por los arbitrajes renovables.
"La salida anunciada por la UE genera más inseguridad jurídica en el sector"
En este sentido, las mismas fuentes subrayan que el tratado "es total y absolutamente compatible con el despliegue de energía renovable, como muestra el hecho de que Europa sea líder en dicho campo". "El Tratado brindó la cobertura necesaria para lograr dicha posición de liderazgo y la salida anunciada por la UE genera más inseguridad jurídica en el sector", argumentan.
Nick Cherryman, socio del bufete de abogados Kobre & Kim, señala a La Información que la decisión de la UE de abandonar el TCE envía un "mensaje negativo a los inversores y que "es un paso profundamente regresivo". "Esta acción subraya la falta de apoyo por parte de la UE a los inversores en energías renovables. La UE y sus Estados miembro no han acordado ninguna protección equivalente que lo sustituya, por lo que los inversores se encuentran en una situación de mayor incertidumbre en cuanto a si recibirán alguna protección por los riesgos país que asumen al invertir", afirma.
En este sentido, advierte de que desde que la Ley de Reducción de la Inflación entró en vigor a principios de este año, "Estados Unidos ofrece un ecosistema de inversión en renovables atractivo y jurídicamente seguro". La última condena a España por el lío de las renovables se ha conocido este mismo martes. La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (CPA) ha condenado a España a indemnizar al grupo energético francés EDF con un pago de 29,6 millones de euros por la retirada retroactiva de las primas a las renovables. El proceso quedó resuelto en abril, aunque la publicación definitiva del laudo y su comunicación oficial al Gobierno se ha producido en los últimos días. Con este nuevo revés para España, ya son 23 los laudos que instan al Estado a resarcir a las compañías afectadas. Próximamente se espera la resolución del proceso que involucra a E.ON, cuya reclamación asciende a los 600 millones de euros.
Laudos pendientes
No obstante, la mayoría de los laudos se han canalizado a través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), perteneciente al Banco Mundial. Los laudos pendientes de pago que España acumula en los tribunales internacionales de arbitraje alcanzan los 1.300 millones de dólares (1.200 millones de euros), según el Índice de Cumplimiento de Arbitrajes Internacionales. Esta cifra excluye los intereses de demora, las condenas en costas y los gastos desembolsados por el país para la contratación de abogados. En total, estas obligaciones se sitúan por encima de los 250 millones de euros. Según fuentes jurídicas, cuando se resuelvan todos los procesos, el coste se elevará a entre 2.000 y 2.500 millones de euros, lo que supone alrededor del 0,2% del PIB.
RWE, Renergy, Triodos, Nextera, Cube, Soles Badajoz o Eurus son algunos de los afectados por los arbitrajes. El fondo Antin, que recientemente ha lanzado una opa sobre la española Opdenergy, era otro de los grandes afectados. Este traspasó los derechos del pleito a la Sociedad luxemburguesa Energy Investments. Según fuentes del Gobierno, España se resiste a realizar los pagos porque cree que "pueden ser contrarios al derecho de la UE y constituir una Ayuda de Estado ilegal".
Algunas de las compañías afectadas han puesto en marcha distintos procesos legales orientados a conseguir el embargo de bienes del Reino de España. De momento, los denunciantes han logrado el visto bueno de la justicia británica y australiana y han abierto la veda a la incautación de todo tipo de activos. En el caso de EDF, la sentencia condenatoria con España puede desatar nuevos procesos de embargo de bienes en países como Suiza. El Ejecutivo ha contratado los servicios de MLL Legal por 363.000 euros (con impuestos) para intentar evitar la incautación de activos en el país helvético.
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