La reforma de las pensiones que el Gobierno ha remitido a Bruselas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incluye, finalmente, una de las medidas más polémicas de los últimos meses. Se trata de la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación, que generó el rechazo frontal de los sindicatos y también dentro del propio Ejecutivo y en la oposición, por suponer, de facto, un recorte de las prestaciones. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, negó la mayor, pero lo cierto es que él mismo, en los borradores iniciales, llegó incluso a cuantificar esa reducción y en la versión final del documento que ya está en manos de la Comisión Europea se admiten los posibles "efectos negativos" que puede implicar esta reforma para los pensionistas.
Para entender lo que ha sucedido con esta medida hay que remontarse a diciembre de 2020. El departamento de Escrivá plasmó en uno de los primeros borradores del denominado "componente 30" -así es como se refieren a la ficha sobre la reforma de las pensiones en el argot comunitario- la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión hasta los 35 años y dejó por escrito, negro sobre blanco, que esa medida supondría un recorte medio de las pensiones de jubilación del 6,3%. El rechazo frontal de los sindicatos y de Unidas Podemos obligó al ministro a rectificar, hasta el punto de que los polémicos 35 años desaparecieron de los papeles oficiales y de las propuestas presentadas a los agentes sociales.
Pero Escrivá siempre ha mantenido su hoja de ruta para alcanzar la sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones. Lo único que ha hecho es modularla tras las presiones recibidas. Así, en la versión final del 'componente 30' mantiene la reforma para la "adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación". El ministro considera que este es uno de los cambios paramétricos que necesita el sistema y que de hecho se han ido incluyendo en todas las grandes reformas aprobadas en España desde el año 1985, hasta llegar en la actualidad a los 23 últimos años para el cálculo de la base reguladora de la pensión y alcanzar los 25 años en 2022.
Ahora bien, aunque en la versión definitiva de la ficha que ya están examinando las autoridades europeas no se detalla a cuántos años se quiere ampliar el periodo de cómputo para el cálculo de las pensiones ni se cuantifica el impacto económico que la medida tendría en la cuantía de las prestaciones, sí se reconoce que "puede tener efectos negativos". Si bien evita concretar ese eventual impacto desfavorable para los pensionistas, admite que para amortiguarlo "es importante complementarla con medidas que modulan sus efectos como la posibilidad de elección de años o la mejora del sistema de integración de lagunas de cotización". Se trata de fórmulas, en definitiva, para eliminar del cálculo los peores años de la carrera laboral.
En este sentido, en el documento remitido a Bruselas insisten en que "la medida pretende reforzar la progresividad y el carácter contributivo del sistema haciendo que la pensión de jubilación refleje en mayor medida la vida laboral del trabajador y atienda la realidad de un mercado laboral en el que las interrupciones y las lagunas son cada vez menos excepcionales". Y aquí omiten los cálculos que sí se incluyeron en los primeros borradores, donde se reconocía que "aun cuando el efecto en cada trabajador es diferente, aumentando la pensión en algunos casos y disminuyéndola en otros, en términos medios la pensión se reduce, si bien el efecto es paulatino en el tiempo y se moderaría por la posibilidad de elección de años".
Los borradores iniciales revelaban incluso, a modo de ejemplo, que el cambio de la base reguladora de 15 a 22 años en 2019 tuvo incidencia en el 52% de las altas y la reducción media de la pensión fue del 3,9%. También se aseguraba en esos textos que "a medida que transcurran los años la medida tendrá incidencia en un mayor número de nuevas pensiones y también la reducción media será mayor". Y se hacían incluso estimaciones sobre el efecto de calcular la pensión sobre un máximo de 35 años en lugar de 25, apuntando a un recorte medio de la pensión inicial del 6,3%.
En la reforma finalmente incluida en el Plan de Recuperación, el Ejecutivo se limita a constatar que "el efecto medio de calcular la pensión sobre un determinado periodo de referencia no es uniforme en las cuantías de las pensiones, pues depende de las características concretas de cada carrera de cotización". Y en esta línea, se compromete a revisar el procedimiento de integración de lagunas de cotización, para atender a la realidad de "unas trayectorias laborales cada vez más atípicas por fragmentadas, especialmente asociadas a la temporalidad, que perjudica de manera muy señalada a los jóvenes, así como a las mujeres, que experimentan en media más interrupciones en su vida laboral".
Nada está cerrado, en cualquier caso. La medida, que tiene su encaje en las recomendaciones de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, tiene que debatirse en la mesa de diálogo social con la patronal y los sindicatos. Y no parece que vaya a ponerse en marcha pronto, ya que no se incluye en el primer paquete urgente de reformas. De hecho, el calendario de implementación que maneja el Ministerio de Seguridad Social y ha plasmado en la ficha enviada a la Comisión Europea sitúa la aprobación de los cambios, como pronto, en el año 2022, para su despliegue progresivo a partir de 2023.
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