El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha pegado un acelerón importante en la carrera por las reformas. Tanto es así que distintas fuentes del diálogo social consultadas por La Información apuntan a que el acuerdo en un primer paquete de medidas en materia de pensiones podría llegar antes que un eventual pacto con el Ministerio de Trabajo. Escrivá ha maniobrado este inesperado adelanto a la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, tras retirar de la propuesta inicial varias de las reformas más traumáticas y aplazar las de mayor calado en términos de ajuste del sistema a los años venideros. "Están peleando para ver quién se lleva antes el acuerdo... y todo apunta a que será Escrivá", auguran fuentes conocedoras del rumbo de las negociaciones en ambas mesas paralelas.
Dejando a un lado los términos bélicos, las sensaciones entre los interlocutores sociales, tanto del flanco sindical como del empresarial, son buenas respecto a la última reunión mantenida con Escrivá. Aunque las conversaciones empezaron con mal pie -patronal y sindicatos han acusado al ministro de difundir en ruedas de prensa asuntos que no se han abordado debidamente en la mesa- parecen haberse encarrilado. El motivo, según apuntan varias fuentes inmersas en los vericuetos de la negociación, es que el Ministerio ha modificado sensiblemente su planteamiento inicial, haciendo cesiones a uno y otro lado de la mesa, de modo que ha logrado acercar posturas en aspectos a priori más sencillos de consensuar.
Para empezar, el ministro abandonó de inicio su propuesta para elevar el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión hasta los 35 años, un tema espinoso que no llegó a plantear negro sobre blanco en la mesa con patronal y sindicatos porque ya había generado gran revuelo cuando trascendió un borrador confidencial en el que se detallaban las reformas a confeccionar para Bruselas. Ese mecanismo de ajuste se volverá a abordar en el futuro, en una segunda fase de negociaciones. Al igual que la sustitución del factor de sostenibilidad, que introdujo la reforma de 2013, por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que incorpore nuevos parámetros para calcular la pensión como la esperanza de vida o el equilibrio del ratio entre cotizantes y pensionistas, que no empezará a operar hasta el año 2027.
Otra de las cesiones, no menores, se produjo en la reunión de la semana pasada y tiene que ver con la fórmula de revalorización de las pensiones. Inicialmente, Escrivá había planteado que la subida anual con el IPC se absorbiese en los tres años siguientes en caso de inflación negativa, pero el ministro acabó cediendo a las presiones sindicales, eliminando esa absorción y permitiendo la ganancia de poder adquisitivo. A cambio, la patronal arrancó otra concesión, que tiene que ver con la subida de las bases máximas de cotización. El ministro ha retirado, por el momento, esta medida del primer paquete de reformas, para no perjudicar a los empresarios con un incremento de los costes laborales en plena crisis. Fuentes sindicales, no obstante, aclaran que la medida se ha aplazado, no suprimido.
La última renuncia del titular de la Seguridad Social llegaba esta misma semana. En la reunión mantenida el lunes, el Ministerio accedió a retrasar un año, hasta 2023, la entrada en vigor del nuevo sistema de cotización por ingresos reales para los trabajadores autónomos afiliados al RETA. Tras las reclamaciones de las principales asociaciones del gremio, que llevan meses advirtiendo de que los cambios planteados excluirían a la mitad de los trabajadores por cuenta propia y supondrían una subida de la cuota para unos 700.000 autónomos, el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, que es quien pilota las negociaciones con la patronal y los sindicatos, ha comunicado a los agentes sociales que la reforma, inicialmente prevista para 2022, se retrasará a 2023 e introducirá un periodo transitorio de una década para favorecer la adaptación.
Con todas estas cesiones, el Ministerio habría logrado acercar a los interlocutores sociales a un acuerdo próximo, siempre según las fuentes consultadas en el ámbito de la patronal y los sindicatos. Sería, eso sí, un primer paquete con medidas ya cerradas como la fórmula de revalorización y, en paralelo, se incluirían otras como los incentivos a la jubilación demorada o la reforma del sistema de penalizaciones a la anticipada, cuyas condiciones se siguen negociando. También se seguirá avanzando en el trasvase de los gastos impropios de la Seguridad Social hacia el Estado, que ya ha comenzado en este ejercicio 2021. En el departamento de Escrivá comparten el optimismo en relación a un pronto acuerdo y manifiestan que la evolución de las conversaciones está siendo "muy productiva".
Atasco en la reforma laboral
Este acelerón en la mesa de pensiones, aunque sea para una primera reforma acotada y parcial, contrasta con el atasco que se está produciendo en las negociaciones para la modernización del mercado laboral. La Comisión Europea, a quien habrá que rendir cuentas de las reformas para acceder a los fondos de recuperación, ha pedido a España que aborde con seriedad la dualidad del mercado laboral y los altísimos niveles de desempleo juvenil como elementos prioritarios. Sobre el papel, eso es lo que se prioriza en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, donde la vicepresidenta económica Nadia Calviño ha colocado estos aspectos como los más urgentes. Pero la realidad es que Díaz ha decidido empezar el diálogo social por la modificación de los puntos de la reforma laboral relativos a la negociación colectiva, para reequilibrar la balanza hacia el lado sindical, provocando un encontronazo con la patronal que imposibilita un acuerdo a corto plazo.
La vicepresidenta ha asegurado que todas las reformas laborales que se remitan a Bruselas deben estar culminadas a lo largo de este año. Pero el calendario corre y, por ahora, las conversaciones con los agentes sociales no han fructificado, básicamente por la oposición frontal de la CEOE al contenido del primer borrador en el que no se abordan los cambios que recomienda la Comisión. El Plan del Gobierno establece que ambos enfoques se negociarán "en paralelo". Lo "más urgente", dice el documento, es asegurar la empleabilidad de los colectivos más afectados por la pandemia y reducir el paro (especialmente el juvenil), modernizando el SEPE y manteniendo un modelo "transitorio" de ERTE hasta finales de año que impulse la reincorporación de trabajadores. A la vez, se negociarán las reformas "de mayor calado", a saber: la simplificación de contratos, el nuevo mecanismo de ERTE, la modernización de la negociación colectiva, la regulación de las subcontratas y la revisión de bonificaciones.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios