Una vez constituidas las mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, el engranaje parlamentario comienza a rodar para iniciar una legislatura que a todas luces parece complicada. Superada la primera negociación, las distintas formaciones preparan las exigencias que trasladarán al PSOE en el caso de que el Rey Felipe VI le designe como candidato a la investidura, mientras que los socialistas confían en reeditar la mayoría conseguida este jueves en la Cámara Baja para poner en marcha un nuevo gobierno de coalición que sea capaz de cumplir con los compromisos pactados con Bruselas y aprobar los presupuestos para el próximo año, aunque dados los tiempos, lo más probable es que en el caso de que se quieran modificar las cuentas públicas de 2023, se harán para el año ya en curso tras las navidades.
Cabe recordar que el Gobierno en funciones se encuentra en plenas negociaciones con la Comisión Europea para perfilar algunos aspectos de la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitida a Bruselas en el mes de junio. Estas, según apuntan fuentes ministeriales, se refieren sobre todo a cuestiones económicas de reparto de presupuesto para los planes estratégicos denominados como PERTES. Tal y como adelantó La Información, ambos ejecutivos acordaron ampliar el plazo inicialmente estipulado de dos meses hasta el seis de septiembre para que el periodo estival no supusiese un inconveniente en estas conversaciones. Todo apunta que para esa fecha Pedro Sánchez todavía no se habrá sometido a la confianza del Parlamento, aunque esto está por ver, dado que la ruptura escenificada por PP y Vox en la sesión constitutiva podría conducir a una pérdida de apoyos de Alberto Núñez Feijóo que situarían como principal candidato al socialista.
Sin embargo, hay ciertos compromisos que el Gobierno ha decidido no modificar en la actualización aprobada hace apenas dos meses y que tienen como fecha límite de entrada en vigor el 31 de diciembre. Estos son, entre otros, la reforma de la Ley de Industria -que se da por imposible- y la aprobación de la norma que cree la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, a la que es previsible que los socialistas busquen dar prioridad, dado que supone un obstáculo para la solicitud del cuarto pago de los fondos europeos que asciende a 10.000 millones de euros. En la pasada legislatura esta norma superó la tramitación en el Congreso con el único voto en contra de Vox y se quedó a las puertas de llegar al Senado, pero la convocatoria anticipada de elecciones hizo que la iniciativa decayese, por lo que el nuevo equilibrio de fuerzas no constituiría un obstáculo para que saliese adelante de forma exprés.
Menos sencillo sería para un nuevo gobierno progresista -presumiblemente integrado por PSOE y Sumar- la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2024. Por lo pronto, parece improbable que estos puedan tomar forma antes de que concluya diciembre, dado que en función de las decisiones que tome el monarca, el proceso de investidura podría dilatarse incluso hasta noviembre. A diferencia de la iniciativa anterior, que podría ser registrada por los socialistas como proposición de ley, para las cuentas públicas es preciso que el autor sea el Gobierno y por tanto, que sea un proyecto de ley.
La Constitución marca que el Ejecutivo debe realizar esta tarea como máximo tres meses antes de que finalice el año, esto es, como tarde el 1 de octubre o de lo contrario, se prorrogarán los presupuestos del año en curso, este es, en consecuencia, el escenario más probable. Si bien el nuevo gobierno de Sánchez se enfrentaría a un obstáculo antes de iniciar la tramitación de los nuevos presupuestos una vez haya comenzado el 2024 y es la necesidad de aprobar los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, que deben ser respaldados por el Congreso y por el Senado, pero que presentan una particularidad: la Cámara Alta tiene la facultad de establecer un veto irrevocable.
"Se trata de un veto diferente, el Senado puede vetar las iniciativas procedentes del Congreso y habitualmente, dentro de nuestro modelo de bicameralismo imperfecto, el Congreso puede levantarlo con mayoría absoluta, por lo que de facto es una suerte de ralentización. Pero en este caso, para los objetivos de estabilidad presupuestaria el veto sí es irrevocable, dado que la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera sitúa a las dos cámaras en pie de igualdad, lo que puede dar lugar a bloqueo", explica en conversación con este medio el politólogo especializado en Derecho Parlamentario, Pablo Laín.
Tras las elecciones del 23 de julio, el Partido Popular controla el Senado, ostenta la presidencia de la Mesa y cuenta con una holgada mayoría absoluta, por lo que tendría la capacidad de frenar el paso previo a aprobar las cuentas públicas. Un objetivo que persiguió el exministro Cristóbal Montoro con la elaboración de la ley 2/2012. Sin embargo, no sería la primera vez que esto sucedería, como recuerda Laín. "Sucedió en 2018, la mayoría absoluta del Partido Popular impidió en 2018 que el presupuesto público aumentase en 6.000 millones de euros que ya había sido avalado por las instituciones europeas".
No obstante, explica que existe una vía para esquivar este freno, la modificación de la Ley Orgánica, que necesitaría aunar una mayoría absoluta en el Congreso. Un cambio que también se trató de llevar a cabo en 2018 y en la última legislatura; sin embargo, la llegada de la pandemia de coronavirus relegó a un segundo plano los planes de estabilidad y también la reforma de la norma de 2012, que quedó encallada en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso. Si bien, en 2024 la Unión Europea se dotará de nuevas reglas fiscales y este tema volverá a ocupar un lugar prioritario en la política económica del Ejecutivo.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios