La 'troika' saca la amarilla a la reforma de pensiones: se debe contener el gasto

La reforma de las pensiones, fundamental para garantizar la sostenibilidad del sistema público de reparto y que las prestaciones tras décadas de trabajo lleguen a la generación 'baby boom' y a sus hijos, avanza, pese algunos contratiempos, como la negativa de la patronal a apoyar determinadas iniciativas y sus críticas al superfondo de pensiones del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que saldrá adelante sin el consenso social. Con la puesta en marcha de las medidas menos dolorosas, que han priorizado la aceptación social y la suficiencia del sistema, ahora deberán salir adelante las que deberán garantizar la sostenibilidad, básicamente conteniendo el gasto, que son las más 'dramáticas'.

Hoy lunes, los conocidos como 'hombres de negro' -mayoritariamente mujeres y dirigidos por una mujer, Celine Gauer-, el equipo de altos funcionarios de la Comisión Europea que supervisa las reformas económicas a las que se han comprometido los países, vuelven a España después de la visita de octubre, con el precedente de las críticas y avisos realizados por la propia Comisión, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE). En juego están ahora 12.000 millones de la segunda fase -durante 2022 están previstos un total de 18.000-, que Europa se ha comprometido a dar a España si cumple con las reformas prometidas, recogidas en los 52 hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Si las medidas no se ejecutan a tiempo o no se consiguen los objetivos previstos, tampoco los fondos llegarán en las fechas estipuladas.

Los organismos económicos europeos vieron con buenos ojos las medidas contempladas en la 'dura' reforma de pensiones de 2013, la impulsada por el equipo de Mariano Rajoy en plena crisis, con iniciativas, como el Factor de Sostenibilidad, que nunca se llegó a ejecutar, muy elogiadas, y que hubieran reducido de forma drástica el gasto. Este es el asunto trascendente para estos organismos, porque las reformas no 'sirven' si en lugar de reducir el gasto, lo aumentan. Hay tres temas en el punto de mira de FMI, Comisión Europea y BCE -la 'troika'-, que son el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) -sustituto del Factor de Sostenibilidad-, la ejecución del nuevo sistema de cálculo de las pensiones y la puesta en marcha de la subida de las pensiones con el IPC, un compromiso que disparará el gasto año tras año.

Bruselas ha exigido a España que alargue el periodo de cálculo de las pensiones y concrete la fórmula si quiere recibir a tiempo los fondos de recuperación

Bruselas ha exigido a España que alargue el periodo de cálculo de las pensiones si quiere recibir a tiempo los fondos de recuperación, algo que se recoge en el Componente 30 -Sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo-, pero de forma poco concreta y con la puerta abierta a la elección de los años a integrar en la base reguladora en las carreras más largas, junto con una revisión del procedimiento de integración de lagunas en la carrera profesional, dos posibilidades que sin duda dispararán el gasto y que se alejan del objetivo. La puesta en marcha de esta iniciativa, que deberá elevar el periodo para calcular la pensión de forma progresiva a 35 años e incluso a toda la vida profesional, perjudicaría, sino se implementan soluciones, a los autónomos y a las mujeres, con grandes lagunas de cotización en los primeros años de su vida laboral, fundamentalmente ligadas al cuidado de sus hijos.

También desde Bruselas se ha censurado el incremento del gasto subyacente, aquel no estrictamente vinculado a la lucha contra la pandemia, y especialmente la subida de las pensiones de acuerdo con el IPC, que ya se aplica desde este año. En cuanto al MEI, también ha mostrado sus dudas, y ha pedido a España certifique que este nuevo mecanismo garantiza la equidad intergeneracional. Mientras el Factor de Sostenibilidad vinculaba las pensiones a la esperanza de vida, el MEI solo se activará si es necesario y de forma temporal y tiene el objetivo de repartir de un modo equilibrado entre generaciones el esfuerzo de financiar las pensiones.

Sin duda, el FMI está siendo el organismo más duro con las iniciativas de reforma de pensiones española, que ve claramente insuficientes y que si los pensionistas españoles no quieren acabar como los de la Grecia del rescate -con recortes de prestaciones de hasta el 40%, se deberán ejecutar medidas adicionales ante un gasto en pensiones que crecerá exponencial debido a la indexación de estas a la inflación. Esta decisión supondrá, según el FMI, añadir 3,5% puntos de PIB de gasto al sistema de pensiones de aquí a 2050.  Apuesta por ampliar de 25 a 35 los años para calcular la pensión e impulsar un mecanismo que vincule la pensión a la esperanza de vida, es decir, recuperar el Factor de Sostenibilidad de la reforma de 2013 derogado.

El Banco de España también ha advertido que las medidas de la reforma serán insuficientes para cuadrar las cuentas y aboga por recuperar algunas de 2013

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) advertía recientemente de las consecuencias de vincular las pensiones con el IPC y señalaba a España y a otros países que han implementado estos mecanismos que debería prestar especial atención y poner en marcha medidas que contrarresten los efectos de las subidas anuales. Mientras, el Banco de España ha sido especialmente con lo conocido hasta ahora de la reforma de pensiones. El Gobernador Pablo Hernández de Cos aseguraba en el Congreso a finales del pasado año que las medidas previstas serán insuficientes para cuadrar las cuentas de la Seguridad Social y que se deberán facilitar nuevos mecanismos si lo que se pretende es garantizar las prestaciones para todos los jubilados y evitar la quiebra del sistema. 

De Cos defendía algunas de las medidas contempladas en la reforma del Partido Popular de 2013 y advertía, que con una tasa de empleo del 80% y un factor demográfico del 58% en 2050 -el peso de la población de más edad sobre la población en edad de trabajar- sería necesario un aumento del tipo efectivo de las cotizaciones sociales de ocho puntos, hasta el 32%, para mantener constante la tasa de beneficio actual -último sueldo con respecto a la pensión- o de lo contrario, bajar esta tasa al 34%, desde el 46% actual, o lo que es lo mismo, un importante tijeretazo a la pensión. Para el Gobernador sería clave recuperar el Factor de Sostenibilidad, que reduciría la pensión inicial de los nuevos jubilados en función de la esperanza de vida y, sobre todo, el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), cuya aplicación está suspendida desde 2018 y limita la subida anual de las pensiones, excepto las mínimas.