El acuerdo alcanzado entre el PSOE y Ezquerra para la investidura de Pedro Sánchez llevará al Gobierno, hoy en funciones, a asumir también la deuda de las autonomías que no estén acogidas a los mecanismos extraordinarios de liquidez. Estos instrumentos, que pese a diseñarse en origen como temporales se han mantenido desde su creación en 2012, han facilitado el acceso a la financiación de unos territorios a los que la crisis financiera y de deuda habían impedido salir a los mercados por sus propios medios a obtener liquidez.
Finalmente, Cataluña podría no ser necesariamente la autonomía que más se beneficie de esta medida, tal y como han confirmado fuentes del Ministerio de Hacienda a este diario. El acuerdo sellado con ERC especifica que, con el fin de sanear la situación financiera de la Generalitat y facilitar su vuelta a la financiación en los mercados de deuda, se procederá a tramitar una modificación legal "de alcance general para todas las Comunidades Autónomas de régimen común" que permita la asunción por parte del Estado de parte de la deuda autonómica con este, originada "por el impacto negativo del ciclo económico".
Con ese objetivo, será la Administración Central la que fijará qué parte del incremento del pasivo autonómico obedece al impacto del ciclo, pudiendo también acudirse a transferencias para la cancelación de la deuda con terceros distintos del Estado, si fuera necesario. En este último supuesto se encuentran Castilla y León, Canarias, Galicia, Asturias y Madrid, que se financian directamente en los mercados y que, según las mismas fuentes, podrán recibir transferencias del Estado para amortizar la deuda que tienen contraída con terceros, si se acogen a esta opción.
También podrá hacerlo Andalucía, que tiene actualmente una doble vía de financiación, puesto que acude al mismo tiempo a la conocida como Facilidad Financiera (uno de los dos mecanismos creados durante la pasada crisis) y a los mercados; así como las otras ocho comunidades que, junto a Cataluña, siguen acogidas actualmente al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Esto es, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana, Baleares, Cantabria, Murcia y La Rioja.
Los mecanismos que supusieron de facto un rescate
A lo largo de la última década, la puesta en marcha de los mecanismos adicionales de financiación ha facilitado una elevada liquidez a las administraciones territoriales a unos costes muy reducidos. Lo ha hecho en un período de crisis que requería unas mayores necesidades crediticias, pero también en un entorno de fuerte inestabilidad en los mercados financieros que en muchos casos les impedía acceder a la misma y en otros les exigían costes tan altos que eran inasumibles.
El Gobierno de Mariano Rajoy diseñó el FLA específicamente para las autonomías que incumplían los objetivos de déficit, deuda y la regla de gasto, mientras que la Facilidad Financiera la creó para quienes, ajustándose a las metas fiscales, buscaban financiarse a unos intereses inferiores a los que podían obtener en el mercado, al que se les permitía acudir al mismo tiempo que se beneficiaban de este mecanismo. La incorporación al FLA suponía el tutelaje por parte del Estado, que imponía una serie de condiciones a los territorios para poder acceder a los préstamos.
Durante todo este tiempo, el Estado ha venido captando esos fondos en los mercados para poder prestárselos a las autonomías en condiciones muy ventajosas, lo que ha contribuido también a elevar la deuda pública. Puede decirse que estos dos instrumentos y el Plan de Pago a Proveedores, diseñados todos por el equipo del entonces titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, actuaron de facto como un rescate, al evitar la quiebra tanto de las autonomías como de sus proveedores (fundamentalmente pymes) en los peores momentos de la crisis de deuda para España. Eran tiempos en los que los inversores no diferenciaban entre las CCAA que estaban en una situación algo mejor y las que no lo estaban.
Los dos mecanismos, FLA y Facilidad Financiera, se han ido manteniendo más allá de la Gran Crisis. Esto, pese a que la Autoridad Independiente de Responsabilidad fiscal (AIReF), presidida por el hoy ministro en funciones José Luis Escrivá, llegó a pedir su retirada allá por 2017, cuando un buen número de autonomías llevaban un tiempo saliendo a los mercados sin dificultades. En aquellos años ya hubo quienes pusieron sobre la mesa la posibilidad de una quita, algo que se descartó por los efectos negativos que hubiera tenido para España en un momento en que el shock de deuda se veía como un episodio demasiado reciente.
Así y a lo largo de esta década, la Administración Central ha pasado a convertirse en principal acreedor de los Gobiernos autonómicos. Tanto es así que, según el Banco de España (BdE), acaparaba alrededor del 60% de los cerca de 317.000 millones de euros de deuda regional a cierre del último ejercicio, con Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía a la cabeza.
Cataluña ha recibido más de 102.821 millones del FLA desde 2012
Los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública confirman que Cataluña habrá recibido más de 102.821 millones de euros del FLA desde 2012 y hasta este año (sólo a lo largo de este ejercicio la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos le ha asignado un total de 12.605 millones); así como otros 19.766 millones de la Facilidad Financiera, un instrumento al que pudo acudir únicamente entre 2019 y 2020.
El pacto firmado entre el PSOE y ERC supone que el Estado condonará hasta 15.000 millones de euros de deuda del FLA a Cataluña, esto es, el 20% de los 71.000 millones de euros que adeuda en estos momentos la autonomía al Estado. Se entiende que ese es el porcentaje de deuda que se ha visto incrementada por efecto directo del ciclo. Lo anterior implica que el Gobierno de la Generalitat se ahorrará otros 1.300 millones de euros por los intereses que tendría que abonar por esa cantidad si no le fuera condonada.
Por detrás de Cataluña, el siguiente territorio que tiene una mayor deuda contraída con el Estado por esta vía de los mecanismos de liquidez extraordinarios es la Comunidad Valenciana (46.274 millones de euros); seguida de Andalucía (25.276 millones); Castilla-La Mancha (11.069 millones); Murcia (9.762 millones); Aragón (4.940 millones) y Baleares (4.828 millones).
