El Programa Nacional de Reformas que el Gobierno acaba de remitir a Bruselas plasma la resolución del pulso mantenido en los últimos meses entre la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la titular de Trabajo, Yolanda Díaz. Finalmente, el calendario que se impone para la reforma laboral es el diseñado por la vicepresidenta económica: primero se abordarán, con carácter urgente, las medidas que priorizan las propias autoridades europeas -a saber, la reducción del paro juvenil, la modernización de las políticas activas de empleo y el despliegue de los ERTE- y después, aunque se negocien en paralelo con los agentes sociales, se aplicarán los cambios previstos en el marco de la negociación colectiva.
Así figura en el documento remitido este viernes a la Comisión Europea: "Lo más urgente es asegurar la formación y empleabilidad de los colectivos más afectados por la pandemia, de cara a reducir el desempleo rápidamente (sobre todo juvenil) y eliminar los cuellos de botella para poder desplegar el Plan de Recuperación". Ello implica, añade el Ejecutivo, "centrar los esfuerzos en el primer semestre en un Plan de choque contra el desempleo juvenil, la modernización de las políticas activas de empleo, la digitalización y modernización del Servicio Público de Empleo Estatal y el establecimiento de un mecanismo transitorio de ERTE hasta finales de 2021 que impulse la reincorporación de los trabajadores".
De este modo, los aspectos inicialmente planteados por la ministra de Trabajo a los agentes sociales en la mesa de negociación, como la vuelta a la prevalencia del convenio sectorial, la limitación de las subcontratas o la recuperación de la ultraactividad de los convenios, no entrarían en ese primer paquete urgente. Fuentes gubernamentales aseguran que ha sido Calviño quien ha establecido la urgencia de los cambios anteriormente mencionados frente a estos, por ser los primeros los que la Comisión ha venido recogiendo en sus recomendaciones a España en los últimos tiempos.
Hay que matizar, no obstante, que Díaz ya ha ido avanzando en asuntos como el rediseño de las políticas activas de empleo con las comunidades autónomas, aunque no están pactadas con los agentes sociales. En concreto, no cuentan con el visto bueno de la patronal por considerar que es necesario un marco con una mayor colaboración público-privada, tal y como ha señalado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. También ha puesto sobre la mesa el Plan de Avance y Transformación del SEPE, pero los sindicatos denuncian que meses después de su puesta en marcha todavía no se ha acometido ninguna de las medidas que plantea.
En cualquier caso, el documento también recoge que, en paralelo, se negociarían las reformas de mayor calado, avanzando con cinco elementos: la simplificación de contratos, el nuevo mecanismo de estabilidad en el empleo y apoyo a la transición, la modernización de la negociación colectiva, la regulación de subcontratas y la revisión de bonificaciones. "Cabe plantear una negociación para lograr un paquete equilibrado que permita contar cuanto antes con un nuevo marco laboral para encauzar un crecimiento rico en empleo de calidad, con mayor productividad y mayores salarios, con certidumbre y seguridad jurídica", añade el texto, para matizar después que "las diferentes mesas de trabajo irán avanzando en paralelo para lograr un acuerdo que sirva de base al nuevo estatuto de los trabajadores del siglo XXI, adecuado a la realidad y necesidades actuales".
El Ejecutivo deja claro ante las autoridades europeas que "con el fin de garantizar la estabilidad en el tiempo de las reformas, todos estos elementos se tratarán en el marco del Diálogo Social, que reúne al Gobierno y a los principales agentes sociales, con el fin de llegar a soluciones equilibradas que permitan afrontar los desequilibrios existentes sin generar rechazo social y efectos secundarios indeseados". Y recuerda que este proceso ya ha servido para encauzar las importantes reformas ya abordadas desde febrero de 2020 en el ámbito del teletrabajo, el régimen especial de ERTE y de apoyo a los trabajadores autónomos, las medidas para eliminar la brecha de género mediante los planes de igualdad de las empresas o la regulación de riders.
Tres tipos de contrato
El programa contempla la simplificación de los contratos de trabajo, reduciéndolos a tres (estable, temporal y de formación/prácticas), "para promover la estabilidad en el empleo, asegurando que los contratos temporales responden a la naturaleza del trabajo y con un marco adecuado para la formación". Junto a ello, se prevé la creación de un mecanismo permanente para la formación y recualificación de trabajadores en procesos de ajuste empresarial, tanto de carácter transitorio (ante caídas de demanda significativas) como estructural (ante procesos de reconversión sectorial que exijan la adaptación de los trabajadores o la transición hacia otro tipo de trabajos o sectores).
El paquete de reformas prevé la modernización de las políticas activas de empleo, así como la simplificación y racionalización de los incentivos a la contratación, de acuerdo con el análisis (spending review) de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Asimismo, entiende que "la intensa digitalización en el ámbito productivo exige una modernización del marco laboral y de los mecanismos de concertación laboral y de negociación colectiva". En esta misma línea, avanza que es preciso revisar la regulación de las subcontratas y lograr una adecuada articulación de las condiciones aplicables al trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia.
El Ejecutivo asegura que el paquete de reformas prestará especial atención a la reducción de la brecha de género y del desempleo juvenil, reforzando y completando otras reformas estructurales en áreas como la educación y formación para atajar la dualidad extrema y permanente que conduce a la precariedad, la inestabilidad en el empleo, incertidumbre, baja productividad y bajos salarios. En este sentido, dentro del Plan, un elemento fundamental pasa por la modernización y digitalización de la gobernanza e instrumentos de información y gestión del Servicio Público de Empleo, con el fin de mejorar su eficacia para el alineamiento de la oferta y demanda de trabajo en todo el territorio nacional.
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