El Gobierno quiere acabar con la excesiva rotación del mercado laboral y lo va a hacer por la vía del incremento de los costes que soportan las empresas por contratar a trabajadores temporales. En concreto, la reforma laboral que acaba de aprobar el Consejo de Ministros introduce un 'castigo', en forma de sobrecotización a la Seguridad Social, por cada baja de contrato temporal que dure menos de 30 días. Con esta medida, introducida en la norma por iniciativa del ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, el Ejecutivo pretende desincentivar la contratación de muy corta duración y reducir la tasa de temporalidad para aproximarla a los estándares del entorno europeo.
Cada mes se firman, de media, 800.000 contratos con una duración inferior a 30 días, según los datos facilitados por el Ministerio de Seguridad Social. En el año 2019, previo a la crisis de la Covid, la Seguridad Social registró 27 millones de bajas en total. Por poner en contexto la cifra, hay que tener en cuenta que el sistema cuenta en estos momentos con 20 millones de afiliados. Una de cada cinco relaciones laborales tuvo una duración de un día, más de un tercio duran cinco días o menos y tres de cada cinco contratos duraron menos de un mes. Cada viernes se producen 90.000 despidos en este país, que es como echar a la calle antes del fin de semana a todo un estadio con una capacidad intermedia entre la del Bernabéu y la del Camp Nou.
El Gobierno ya endureció a finales de 2018 la cotización de los contratos temporales de muy corta duración (los que duran menos de cinco días). En concreto, elevó el incremento en la cotización por la celebración de este tipo de contratos del 36% actual al 40%. Pero el actual Ejecutivo considera que esa medida no ha cumplido el efecto disuasorio para el que se había concebido y le ha dado una vuelta de tuerca. La reforma laboral establece que "los contratos de duración determinada inferior a 30 días tendrán una cotización adicional a cargo del empresario a la finalización del mismo", que se calculará multiplicando por tres la cuota resultante de aplicar a la base mínima diaria de cotización del grupo 8 del Régimen General de la Seguridad Social para contingencias comunes, el tipo general de cotización a cargo de la empresa para la cobertura de las contingencias comunes".
Esa fórmula se traduce en una tasa de 26 euros por baja de contrato inferior a 30 días. De esta forma, se sustituye la penalización anterior, que no conseguía resolver el mayor problema, que está en la concentración de contratos en uno o dos días, por una que es creciente con la frecuencia del contrato. Según explican desde la Seguridad Social, los contratos más cortos estarán más penalizados, ya que con un contrato corto de 10 días la penalización sería de 26 euros y si el mismo tiempo de trabajo se cubriera con dos contratos de cinco días, de 52 euros… y así sucesivamente. Si bien esta sobrecotización tiene excepciones, ya que no se aplicará en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, ni en el Sistema Especial para Empleados de Hogar ni en el Régimen Especial para la Minería del Carbón, ni tampoco a los contratos por sustitución.
No es la única medida punitiva que incorpora el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. Para reducir la excesiva tasa de temporalidad del mercado laboral patrio, que ruborizan a España en el entorno europeo, el Gobierno también ha endurecido, en este caso, a propuesta del Ministerio de Trabajo, las multas a las que se enfrentan las empresas por realizar contratos temporales fraudulentos, elevando la sanción máxima hasta los 10.000 euros, desde los 7.500 euros anteriores. La principal novedad aquí es que, a partir de ahora, las multas se abonarán por cada contrato en fraude y no por expediente, como sucedía hasta el momento.
Los laboralistas coinciden en que el endurecimiento del régimen sancionador es una de las medidas más efectivas para desincentivar la temporalidad fraudulenta, aunque insisten en que es necesario reforzar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que dé resultados. "La reforma laboral por sí sola no va a acabar con la temporalidad, porque ésta no se va a reducir si no se refuerza la Inspección", advertía al respecto en estas páginas la presidenta del sindicato de inspectores. "Si no nos dotan de medios y efectivos, la ley será papel mojado", concluye Ana Ercoreca. En este sentido, el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los agentes sociales sobre la reforma laboral contempla la ampliación en personas y medios de la Inspección de Trabajo, pero no concreta cifras, pese a la insistencia sindical, según denunciaron en una nota conjunta CCOO y UGT. Va a ser una de las grandes promesas que va a tener que cumplir la vicepresidenta Yolanda Díaz en los próximos meses.
Para acabar con la lacra de la temporalidad masiva, el Gobierno también ha modificado el esquema de contratación vigente hasta ahora, para intentar generalizar el contrato indefinido, limitando las causas que justifican la contratación temporal a circunstancias de la producción, sustitución de trabajadores y formación. En paralelo, se busca potenciar la modalidad de fijo-discontinuo para actividades estacionales. De este modo, el Ejecutivo quiere darle la vuelta a estas estadísticas y gran parte de la corrección vendrá, precisamente, por el trasvase de decenas de miles de temporales a fijos-discontinuos, que oficialmente cuentan como indefinidos. Es una forma de "maquillar" la tasa de temporalidad, según coinciden los expertos, que creen que el Gobierno se queda corto con las medidas adoptadas y que su impacto en la foto global del mercado laboral no se verá a corto plazo.
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