En apenas unos días arranca el desembarco de los primeros miembros de la generación del baby boom en el sistema de las pensiones y el ministro de la Seguridad Social está ultimando el dique de contención que debe evitar el colapso. Los ingresos por cotizaciones van como un tiro, pero el récord de recaudación es insuficiente para garantizar la sostenibilidad financiera de las cuentas públicas a largo plazo. Por eso el plan más inmediato de José Luis Escrivá pasa por seguir insuflando recursos al sistema y su intención es que sean los trabajadores con sueldos más altos los que vean incrementadas sus aportaciones para sostener las pensiones de los babyboomers.
Según los últimos datos difundidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los ingresos por cotizaciones sociales se incrementaron un 8,5% interanual el pasado mes de octubre, hasta alcanzar un máximo de más de 116.000 millones de euros, lo que supone 9.000 millones más que un año antes. En comparación con los datos del último ejercicio que no estuvo afectado por la pandemia, 2019, el incremento de las cotizaciones es del 12,6% (unos 13.000 millones más), de modo que el aumento de los ingresos por cotizaciones sociales marcó su máximo histórico de los últimos 15 años en el acumulado de enero a octubre.
Desde el departamento que pilota Escrivá achacan el buen ritmo de los ingresos a la positiva evolución del empleo y destacan que las cotizaciones están creciendo 1,8 puntos más que el gasto en pensiones. Sin embargo, en privado no ocultan que la mejora de la recaudación, aunque está contribuyendo a reducir el déficit del sistema (las cuentas de la Seguridad Social presentaron un saldo negativo, a 31 de octubre de 2022, de 1.119 millones de euros) no va a ser suficiente en ningún caso para sufragar las pensiones durante las décadas en las que el sistema va a estar inevitablemente sometido a una mayor tensión financiera.
De ahí que el objetivo prioritario de Escrivá sea inyectar recursos al sistema. Toda vez que el Gobierno ha decidido, con el apoyo del Congreso de los Diputados, vincular las pensiones a la inflación -dejar que pierdan poder adquisitivo en una crisis de precios como la actual sería un tiro en el pie en la antesala del año electoral- el foco no se sitúa en el gasto, sino en los ingresos. Y ahí la estrategia del Ministerio pasa por hacer caja por la vía de las cotizaciones sociales de manera generalizada, pero exigiendo un mayor esfuerzo a los trabajadores que cobran los salarios más elevados. Serán ellos los que mayoritariamente sufraguen la jubilación de los boomers.
Serán los trabajadores con sueldos más altos los que sufraguen la jubilación de la generación del 'baby boom'
Para empezar, el ministro Escrivá ya ha colado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 una subida de las bases máximas de cotización del 8,6%, en línea con el incremento previsto para las pensiones por la subida del Índice de Precios de Consumo (IPC). En consecuencia, el sueldo a partir del cual no se pagan cotizaciones pasará de los 4.139,40 euros mensuales actuales a 4.495 euros (54.000 euros anuales). De este modo, la Seguridad Social ingresará más por los trabajadores que más cobran y logrará un incremento de la recaudación de unos 800 millones de euros anuales, según cálculos elaborados por este periódico.
Esa importante subida de las bases máximas en 2023 supone el punto de partida de un proceso para eliminar progresivamente los topes de las cotizaciones. En la hoja de ruta de Escrivá está el aumento paulatino de las bases máximas de cotización, hasta alcanzar el 30% entre 2025 y 2050, tal y como ha planteado a los agentes sociales en la negociación de la segunda parte de la reforma comprometida con Bruselas. En concreto, el borrador que está en estos momentos encima de la mesa establece un alza anual equivalente al IPC más 1,154 puntos. Mientras, para las pensiones máximas propone una subida de apenas el 3% en esos mismos 25 años, ligándolas al IPC más 0,115 puntos porcentuales, es decir, diez veces menos.
De ese modo, Escrivá pretende ingresar más por las cotizaciones de los trabajadores con mejores sueldos sin equivalencia en las pensiones más altas para no seguir incrementando el déficit del sistema. Pero no solo eso, sino que en paralelo ha introducido otra recarga generalizada en las cotizaciones a través del bautizado como Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que supone un incremento del 0,6% (0,5 puntos para la empresa y 0,1 puntos para el trabajador) que irá directamente a la hucha de las pensiones -el fondo de reserva- para pagar las jubilaciones del baby boom. Inicialmente, el ministro planteó que este mecanismo estuviera vigente entre 2023 y 2032, pero ahora está negociando con Bruselas la ampliación hasta 2050.
Bruselas pide cambios en el MEI porque duda de que sea suficiente para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. Así lo creen también otros organismos como el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). El Ministerio, por su parte, defiende la puesta en marcha de otras medidas complementarias para apuntalar los ingresos, como el nuevo sistema de cotización de trabajadores autónomos, y mantener a raya los gastos, como la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión. Esta última iniciativa, no obstante, no cuenta con el respaldo ni de la patronal, ni de los sindicatos, ni de los propios socios del Gobierno, por lo que el Ministerio va a presentar una nueva propuesta a la mesa de diálogo social que se reúne este próximo lunes.
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