Promete una mejora generalizada

Escrivá 'vende' una subida de la base de la pensión de un 0,42% con los 30 años

La patronal y los sindicatos rechazan negociar una medida que no forma parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo e instan al ministro a buscar primero un acuerdo político, también en el seno del Gobierno.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
Escrivá 'vende' una subida de la base de la pensión de un 0,42% con los 30 años
Europa Press

Una subida de la base reguladora de la pensión de jubilación de menos de medio punto. Son los cálculos que ha trasladado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a la patronal y los sindicatos en la última reunión de la mesa de diálogo social que debate sobre la segunda parte de la reforma del sistema público de las pensiones. Según se desprende de la documentación a la que ha tenido acceso La Información, los técnicos del departamento que dirige José Luis Escrivá estiman que la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión desde los 25 hasta los 30 años, eliminando los dos peores años de cotización, supondrá un incremento medio de la base reguladora del 0,42%.

Desde el Ministerio informaron, al término de la reunión celebrada este jueves, que habían facilitado a los negociadores de la patronal y los sindicatos "algunas cifras" del impacto de la propuesta para la "adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación". En un comunicado, Seguridad Social aseguró que, según sus cálculos, "el nuevo sistema (pasar de 25 a 28 años, eligiendo los 28 mejores de entre 30 años para el periodo de cómputo) protege mejor las pensiones de los nuevos entrantes en el mercado de trabajo ante carreras laborales menos lineales, cada vez más frecuentes". Sin entrar en detalles, el Ministerio quiso dar garantías de que la reforma no supondrá un recorte generalizado de las prestaciones, como se ha dicho, sino una mejora.

Este medio ha tenido acceso a los cálculos que el Ministerio puso sobre la mesa. Con la ampliación del periodo de cómputo a los mejores 28 años, la base reguladora -en estos momentos se calcula como el cociente que resulta de dividir por 350 las bases de cotización durante los 300 meses inmediatamente anteriores al mes previo a la jubilación-, subiría, de media, un 0,42%. Pero no solo eso. Escrivá ha constatado, después de echar cuentas, que la modificación planteada beneficiaría más a los hombres que a las mujeres. En concreto, mientras las bases de ellos subirían un 0,63%, las de ellas se mantendrían prácticamente igual que con el cálculo actual, con un leve alza de apenas el 0,01% de media. Por ello se está trabajando, en paralelo, en propuestas para reducir la brecha de género en las prestaciones.

Estos cálculos sorprendieron a los agentes sociales. Primero, porque no se refieren a las cuantías de las pensiones, sino a las bases reguladoras. Y segundo, porque, en cualquier caso, se dan de bruces con los que el propio Ministerio plasmó en los borradores iniciales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, donde se reconocía que la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión supondría una merma de las prestaciones. Aunque en ese informe se matizaba que el impacto no sería uniforme y dependería de las características concretas de cada carrera de cotización, se dejaba constancia de un recorte medio del 6,3% en el supuesto de ampliación del periodo hasta los 35 años y se cuantificaba que la extensión de 15 a 22 años en 2019 incidió en más de la mitad de las altas y ya supuso una reducción media del 3,9%.

Recientemente, el Banco de España ha publicado un estudio en el que constata que pasar de los actuales 25 años a 35, que fue el periodo que se valoró inicialmente en el Ministerio, supondría un recorte de las futuras pensiones del 8,2%. El supervisor también apunta que la ampliación del periodo de cálculo, con la posibilidad de elegir los mejores años de cotización, perjudicaría a los trabajadores con salarios medios, beneficiaría a las nóminas más bajas y tendría un efecto neutro sobre las más generosas. Según el organismo que dirige Pablo Hernández de Cos, la reforma que aprobó en 2011 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha implicado un recorte del 5% sobre la cuantía de las prestaciones de los jubilados.

Desacuerdo político

En cualquier caso, ni la patronal ni los sindicatos quieren entrar a valorar a fondo los cálculos de Escrivá porque, de primeras, rechazan negociar una reforma que no está en las recomendaciones del Pacto de Toledo. Tanto CEOE como CCOO y UGT le han pedido al ministro que, directamente, retire la propuesta de la mesa y vaya a buscar un acuerdo político. Primero, en el propio Gobierno, ya que Unidas Podemos se ha mostrado en contra de una medida que consideran que supondrá un recorte en las pensiones. Y después en el Parlamento, ya que la mayoría de los grupos, y particularmente los socios habituales de la coalición progresista, también han manifestado su rechazo a este cambio en el cálculo de la pensión.

La otra reforma que está sobre la mesa (el aumento progresivo de las bases máximas de cotización hasta alcanzar el 30% entre 2025 y 2050, frente al 3% que se propone incrementar las pensiones más altas) tampoco tiene visos de prosperar en el diálogo social. Los sindicatos están a favor de que las empresas paguen más por las cotizaciones sociales, pero los empresarios se oponen de plano y advierten, además, de que este planteamiento quiebra los principios de proporcionalidad y equidad generacional que el Gobierno se ha comprometido con Bruselas a garantizar. "Están en juego los fondos europeos", recuerdan desde la organización empresarial. Seguirán negociando en la próxima reunión, convocada ya para el día 12 de diciembre.

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