El Consejo de Ministros de este martes espera aprobar una modificación del Real Decreto-ley de 11.000 millones que contemplan las ayudas directas a pymes y autónomos. El objetivo es que las comunidades autónomas tengan un margen de flexibilidad adicional a la hora de ampliar a qué sectores y empresas conceder los fondos.
En este sentido, se incluirá la posibilidad de dar ayudas a empresas con pérdidas en 2019 por circunstancias extraordinarias. Hasta ahora, este grupo había sido excluido.
El pasado viernes el Ministerio de Hacienda remitió a los gobiernos regionales los convenios que regulan la colaboración para poner en marcha esos 7.000 millones de ayudas directas que el Ejecutivo central aprobó en marzo para los autónomos y las empresas afectadas por la pandemia del coronavirus.
Así, insisten a las comunidades a que tramitan esos convenios con carácter de urgencia para poder comenzar a disponer de los recursos que les correspondan de ese fondo.
Quiénes pueden solicitarlas
Pero, ¿cómo podrán las empresas y autónomos para acceder a esas ayudas? Los requisitos son los siguientes:
- En primer lugar, certificar una caída de ingresos de, como mínimo, el 30%, en 2020 o 2019.
- Las empresas receptoras no podrán tener su domicilio en un paraíso fiscal, ni estar en concurso ni haber cesado la actividad en el momento de la solicitud.
- Deben, además, estar al corriente de los pagos de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
El riesgo a perder las ayudas
Según dicta el artículo 4 del Real Decreto Ley 5/2021: "La empresa beneficiaria de estas ayudas deberá justificar ante el órgano concedente el mantenimiento de la actividad que da derecho a las ayudas a 30 de junio de 2022. En caso contrario, se procederá al reintegro de las ayudas percibidas".
En la práctica esto supondría que aquellos autónomos que no han conseguido capear la crisis y se han quedado sin ingresos, aún recibiendo las ayudas directas, y se vieran obligados a cerrar, tendrían, además, que devolver esas subvenciones de entre 4.000 y hasta 200.000 euros. Es decir, no solo las perderían, sino que tendrían que abonar la cantidad recibida.
Además, las empresas que reciban los fondos tienen la obligación de no repartir dividendos ni aumentar los salarios de la cúpula directiva en los próximos dos años.
Puedes comprobar a continuación la lista de actividades que pueden solicitar las ayudas:
