La Comisión Nacional de la Energía (CNE) echa a rodar y el deseo de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, es que el regulador energético se instale en el edificio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en la calle de Alcalá, la que fuera su casa hasta su desaparición en 2013 y donde se encuentra toda la cúpula con su presidenta, Cani Fernández, a la cabeza.
Así lo confirman fuentes conocedoras de la situación a La Información. Las mismas fuentes sostienen que la idea de Ribera es que la actual CNMC se traslade por completo al inmueble de la calle Barquillo, comprado en 2008 durante la presidencia de Maite Costa y ahora en manos de Patrimonio del Estado -al igual que el de la calle Alcalá-.
En el borrador del anteproyecto de ley que ha circulado durante estos días se aseguraba que la cede central estaría en Madrid y planteaba la posibilidad de que la CNE tuviera otras delegaciones repartidas por el territorio nacional. Sin embargo, en el texto lanzado a consulta pública -desde el 22 de febrero hasta el 4 de marzo- han quedado ambas referencias. "La CNE tendrá su sede principal en Madrid. El Real Decreto por el que se apruebe su Estatuto Orgánico podrá prever la existencia de otras sedes", recogía el punto 3 del artículo 2.
Asimismo, en la exposición de motivos también se hacía referencia a este asunto. "Las cuatro disposiciones adicionales regulan aspectos relativos a la constitución y ejercicio efectivo de las funciones de la CNE, la adaptación y reconfiguración de la CNMC, el posible establecimiento de otras sedes distintas a la sita en Madrid y el dominio en internet", apuntaba el texto antiguo. La disposición adicional tercera, con el nombre "Otras sedes", también ha sido borrada: "La CNE tendrá su sede principal en Madrid. El Real Decreto por el que se apruebe su Estatuto Orgánico podrá prever la existencia de otras sedes".
No obstante, en el documento se reconoce el traspaso de inmuebles por parte de la CNMC a la CNE. "La CNMC traspasará a la CNE la Dirección de Energía, incluido su personal directivo, así como el personal y medios del resto de órganos directivos de la CNMC que vienen desempeñando y/o dando soporte a las funciones que esta ley encomienda a la CNE, incluyendo en todo caso los bienes inmuebles que fueron traspasados a la CNMC desde la extinta Comisión Nacional de la Energía en virtud de la Ley 3/2013, de 4 de junio", señala la disposición adicional segunda. Actualmente, la CNMC también tiene sede en la calle Bolivia de Barcelona.
A última hora de este miércoles, fuentes oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica han asegurado a este medio que la sede se ubicará en Madrid, tras que varios medios de comunicación hayan publicado que la capital podría perder la sede y que, incluso, Barcelona y Bilbao ya se barajaban como posibilidad.
Mismos derechos para el personal traspasado
De su lado, el personal laboral que preste actualmente sus servicios en la CNMC y que sea traspasado a la CNE conservará los mismos derechos y obligaciones que tuviera, respetando en su caso la antigüedad reconocida. Una vez constituida, en tanto no disponga de presupuesto propio, mantendrá la parte proporcional del presupuesto de la CNMC, por todos los conceptos, que le corresponda en virtud de las funciones que asumirá.
La CNE estará adscrita al ministerio de Transición Ecológica y ejercerá sus funciones a través de dos figuras principales, el consejo y el presidente, que también lo será del consejo. De ellos dependerán, además de la Secretaría General y la Secretaría del Consejo, tres direcciones de instrucción: la de Electricidad, la de Hidrocarburos y Nuevos combustibles y la de Inspección, de nuevo cuño, para reforzar su labor supervisora. Según el anteproyecto de ley, el consejo estará integrado por siete miembros, que tendrán consideración de altos cargos: el presidente, con rango de secretario de estado, el vicepresidente y cinco consejeros.
Nombramientos a propuesta de Transición Ecológica
El nombramiento de los miembros del consejo, que ejercerán su función con dedicación exclusiva, corresponderá al Gobierno mediante Real Decreto y a propuesta de Teresa Ribera, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional en el ámbito de actuación de la comisión, con una experiencia mínima de cinco años en materias relacionadas con los sectores objeto de supervisión. Antes deberán comparecer ante la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados, que podrá vetar -por acuerdo de mayoría absoluta- el nombramiento de los candidatos propuestos en el plazo de un mes natural a contar desde la recepción de la correspondiente comunicación. El mandato será de seis años sin posibilidad de reelección, mientras que la renovación se hará parcialmente cada tres años.
Asimismo, a propuesta del presidente o de al menos tres de los miembros del consejo, se elegirá un secretario no consejero, que deberá ser licenciado en derecho o titulación que lo sustituya. Otro de los puntos importantes -y de actualidad tras lo ocurrido con el exministro Alberto Garzón- que recalca el anteproyecto de ley es que durante los dos años posteriores a su cese, los miembros del consejo, incluido el secretario, no podrán ejercer actividad profesional privada alguna relacionada con la actividad de la CNE. No obstante, en virtud de esta limitación y si cesan por renuncia, expiración del mandato o incapacidad permanente, tendrán derecho a una compensación económica igual a la doceava parte del 80% del total de sus retribuciones durante un plazo igual al que han estado en el cargo -por un máximo de dos años-.
La CNE nació en 1995 con el nombre de Comisión del Sistema Eléctrico Nacional y en 2013 el Partido Popular la integró en la actual CNMC con los demás reguladores sectoriales. Los cambios en el regulador llevan coleando desde hace tiempo. La 'lucha' por separar Competencia ha estado comandada por Ribera, pero se ha topado durante todo este tiempo con la negativa de Nadia Calviño, quien hasta diciembre ejercía como vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos. La actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) eligió a Cani Fernández para presidir la CNMC.
La nueva entidad debe haberse constituido y estar plenamente operativa en un plazo de cuatro meses desde la aprobación de la ley de creación, que se tramitará por la vía de urgencia. Ribera ha afirmado que la mayoría de los grupos parlamentarios es proclive a recuperar el organismo, aunque fuentes políticas aseguran que hay cierto malestar entre partidos como ERC al enterarse por la prensa que el anteproyecto de ley iría este martes al Consejo de Ministros.
Tendrá funciones de supervisión y control de los mercados eléctrico, de hidrocarburos líquidos, de gas natural, y de hidrógeno verde y otros gases renovables. También ejercerá las funciones de inspección y sanción, así como de arbitraje, información, atención y tramitación de las reclamaciones planteadas por agentes y consumidores. El anteproyecto de ley prevé también la creación del Fondo para la Gestión Económico-Financiera de las Liquidaciones del Sector Eléctrico y del Sector del Gas (FGLSEG) para gestionar los ingresos y pagos correspondientes a las liquidaciones de peajes, cargos, cánones, precios y retribuciones reguladas de los sectores eléctrico y gasista, así como las transferencias previstas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para estos sectores.
