Alargar o no la vida útil de las centrales nucleares copa gran parte del debate energético. El Ministerio para la Transición Ecológica ha manifestado en varias ocasiones y públicamente que no entra dentro de sus planes modificar el calendario de cierre y las empresas dueñas de las centrales tampoco se lo han pedido.
"En el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no hay constancia de que los titulares de las centrales nucleares hayan solicitado la modificación del protocolo de cierre firmado en 2019 entre dichos titulares y la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa)", señalan a La Información fuentes de la cartera que dirige Teresa Ribera.
La polémica ha cogido temperatura en los últimos días tras que el Gobierno haya propuesto aumentar en un 40% la 'tasa Enresa' -hasta 11,14 euros/MWh-, con la que los titulares de las centrales sufragan la gestión de los residuos radiactivos que lleva a cabo la empresa pública. Foro de la Industria Nuclear Española, en el que se encuentran representadas Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP -además de otras organizaciones-, sí que ha reclamado al Ejecutivo que se replantee el calendario de cierre, sin embargo, ninguna de las compañías afectadas ha solicitado formalmente al ministerio Ribera renegociar.
Cierre escalonado entre 2027 y 2035
De este modo, el tiempo corre y el apagón nuclear continúa programado según lo acordado entre las empresas propietarias y Transición Ecológica hace cinco años. Las cuatro grandes eléctricas que gestionan las centrales nucleares firmaron su compromiso para el cierre escalonado en marzo de 2019. De este modo, y salvo sorpresa de última hora, los siete reactores dejarán de funcionar entre 2027 y 2035. "La hoja de ruta sigue siendo la más adecuada", dijo este jueves la vicepresidenta tercera en un foro informativo organizado por la Cadena SER.
Las eléctricas hace tiempo que cedieron todo el protagonismo a Foro Nuclear como asociación que engloba a la industria nuclear en el país para canalizar el 'enfrentamiento' con el Ejecutivo. Voces como las del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y el consejero delegado de Endesa, José Bogas, salieron en defensa de prolongar el funcionamiento de las centrales hace ya más de un año, pero en los últimos meses todo a través del 'lobby'.
Cómo se reparte la titularidad de las centrales
España tiene en la actualidad cinco centrales nucleares activas con siete reactores en total. La central de Almaraz está en manos de Iberdrola (52,7%), Endesa (36%) y Naturgy (11,3%) y cuenta con dos. Ascó también tiene un par y cuenta como dueños con la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II. La instalación de Cofrentes depende de Iberdrola, mientras que Vandellós se la reparten también entre Endesa (72%) e Iberdrola (28%). Por último el reactor de Trillo lo comparten Iberdrola (49%, Naturgy (34,5%), EDP (15,5%) y Endesa (1%). Además, hay otras dos centrales en desmantelamiento: la de José Cabrera en la fase final y la de Santa María de Garoña en la fase inicial.
A la central de Trillo se le acaba el permiso de actividad el 17 de noviembre de este año, aunque sus propietarios ya pidieron renovar la autorización de explotación hasta 2034. Están pendientes de la resolución del ministerio en base al dictamen técnico que debe remitir el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). En su día, contaban con la expectativa de recuperar las inversiones requeridas con una rentabilidad razonable.
Felipe González su suma a la defensa pronuclear
El sector, al que se le ha unido el expresidente del Gobierno Felipe González, defiende que, si se le reduce la carga fiscal, el parque atómico podría contribuir con un precio más competitivo a la cobertura de los contratos a la tarifa regulada (PVPC), que son los que se ven afectados por la volatilidad el mercado mayorista. También apela a la inclusión de la nuclear por parte de la Unión Europea (UE) dentro de la taxonomía 'verde'. Las centrales que se construyan hasta al menos 2045 reciben así la categoría de inversión sostenible.
Por su parte, está previsto que las tareas de desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz comiencen en 2031, tres años después del cese de su actividad productiva. Una vez cerradas todas, el parque nuclear español habrá operado durante unos 46 años de media. Entre todos los reactores, suman una potencia bruta instalada de 7.398 megavatios (MW), lo que supone cerca del 6,5% del total de la potencia eléctrica instalada de España. Generan cada año entre 55.000 y 60.000 gigavatios hora (GWh), más del 20% de la electricidad consumida en el país.
Sobrecoste de 2.000 millones para el desmantelamiento
El Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) prevé unos costes futuros de 20.220 millones de euros para el desmantelamiento de las centrales, lo que supone un sobrecoste de unos 2.000 millones en comparación con el plan anterior. "De acuerdo con el principio de quien contamina, paga", en palabras del Gobierno, se sufragarán con el fondo para la financiación de las actividades del PGRR, gestionado por Enresa y dotado con las aportaciones económicas de los titulares de las instalaciones nucleares, que se sitúan en unos 450 millones de euros anuales.
En opinión de la patronal, los extracostes del plan suponen un "cambio sustancial" frente a las condiciones en las que se alcanzó el acuerdo del protocolo de cierre. Denuncian que también se acordó incrementar la 'tasa Enresa' en un máximo del 20%. "Las centrales nucleares ya están sometidas a una fiscalidad excesiva, en algunos casos redundante, así como discriminatoria y no homogénea ni comparable a la del resto de tecnologías y que penaliza enormemente el funcionamiento y la gestión de las mismas, por lo que cualquier incremento adicional de tasas comprometería su viabilidad económica", señalan desde Foro Nuclear.
