Unos 1.900 euros más por cada trabajador al año. Es el sobrecoste que tendrán que asumir las empresas, de consumarse la senda de crecimiento que ha dibujado el comité de expertos convocado por el Ministerio de Trabajo para determinar la cuantía que deberá alcanzar el salario mínimo interprofesional (SMI) al final de la legislatura, es decir, en el año 2023. Así se extrae de los cálculos facilitados a La Información por los gabinetes técnicos de distintas organizaciones empresariales del país, tras conocerse el contenido del borrador del informe que se hará público en los próximos días y que dará paso a la reapertura de la mesa del diálogo social para la negociación de la subida de esa referencia salarial para lo que queda de año.
Los motores de los equipos técnicos de las patronales han empezado a bramar tras salir a la luz la propuesta del grupo de expertos que puso en marcha la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a finales del pasado mes de enero, tras la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de mantener congelada la cuantía del SMI en 2021, otorgando derecho de veto a la patronal en la mesa de negociación y a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en el Consejo de Ministros. Los empresarios han empezado a echar cuentas de cuánto les costará, incluido el desembolso en Seguridad Social, el salario mínimo que los expertos sitúan en una horquilla de entre 1.012 y 1.047 euros en 14 pagas en el año 2023.
Según estas estimaciones preliminares, la parte más alta de la franja, que implicaría un incremento del SMI del 10,2% respecto a la cuantía actual de 950 euros mensuales, supondría un coste adicional anual para las empresas cercano a los 1.900 euros en relación con lo que pagan en estos momentos por un trabajador que cobra el salario mínimo. El sobresfuerzo incluye tanto el aumento de 97 euros mensuales que conllevaría un SMI de 1.047 euros (serían 1.358 euros al año) como el alza de cotizaciones a la Seguridad Social que debería asumir la empresa, que superaría los 520 euros anuales. En suma, el empresario estaría desembolsando por su empleado unos 1.880 euros más de lo que paga en estos momentos al cabo del ejercicio.
Hay que insistir en que se trata, en todo caso, de estimaciones realizadas a partir del nivel máximo de salario mínimo que estarían valorando los expertos en su informe. Según la información publicada por El País y confirmada a este medio por distintas fuentes conocedoras de los trabajos que se han llevado a cabo durante estos meses en ese comité, la senda de crecimiento que debería seguir el SMI para alcanzar el 60% del salario medio que establece la Carta Social Europea debería concluir en algún lugar entre los 1.012 y los 1.047 euros en 2023. Esto implicaría una subida de entre 62 y 97 euros mensuales o, lo que es lo mismo, un incremento de entre el 6,5% y el 10,2% sobre los 950 euros que se abonan en la actualidad.
Por el momento, el Ministerio de Trabajo evita pronunciarse sobre estas cifras y se remite a la publicación del informe elaborado por los expertos "en los próximos días". Asimismo, tampoco despeja la incógnita sobre si las referencias serán retocadas con la Encuesta de Estructura Salarial que publicará el Instituto Nacional de Estadística (INE) el próximo martes, 22 de junio, con datos actualizados de 2019, así como en los próximos meses o años, con las sucesivas estadísticas que se vayan elaborando. Llama la atención, en cualquier caso, que la referencia fijada por el comité de 'sabios' está muy por debajo de los 1.165 euros que calculaba en su día UGT, aunque es considerablemente superior a los 1.003 euros que proyectaba CCOO.
Fuentes del departamento de Díaz explican que la negociación de la senda ha sido especialmente complicada. No en vano, el debate académico en los últimos tiempos ha sido intenso, especialmente a partir de la directiva europea de octubre de 2020, que se refiere al 60% del salario mediano o al 50% del sueldo medio como los indicadores que deben marcar la referencia para la evaluación de la adecuación del salario mínimo. En el acuerdo de coalición, el Gobierno dejó clara negro sobre blanco su intención de subir "el salario mínimo interprofesional hasta alcanzar progresivamente el 60% del salario medio en España, tal y como recomienda la Carta Social Europea".
En aquel acuerdo, sellado en diciembre de 2019, PSOE y Unidas Podemos ya incluyeron la creación de una comisión asesora del Ministerio de Trabajo, a disposición del diálogo social, compuesta por "profesionales de reconocido prestigio, académicos y representantes de los sindicatos y empresarios", que tendría en cuenta para su análisis "entre otras cuestiones, el índice de precios de consumo, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general". Finalmente, el grupo se ha constituido en mitad de una pandemia y de una grave crisis económica y no ha contado con la patronal, que rechazó participar en las reuniones desde el minuto uno.
Rechazo empresarial
Los empresarios consideran que la decisión de subir el SMI es exclusiva del Ejecutivo, pues la consulta a los agentes sociales es preceptiva por ley, pero no vinculante, y por eso decidieron dar la espalda al comité de expertos. Las conclusiones, por tanto, no van a contar con el visto bueno de la patronal, aunque fuentes de Trabajo aseguran que su postura sí ha estado representada por expertos de distintos ámbitos. Desde Cepyme defienden que es "aconsejable debatir de forma constructiva la subida del SMI de los próximos años en la mesa del diálogo social, pero es necesario evitar que se tomen decisiones sin estudiar las consecuencias como se ha hecho en los últimos años, ya que puede ser mayor el impacto negativo en el empleo -como ha señalado recientemente el Banco de España- que el positivo".
Para los empresarios de las pymes, que son de los más afectados por el sobrecoste que supondrá el aumento del SMI en sus balances, "no es el momento de subir el salario mínimo, ni por el contexto económico ni por la situación en la que se encuentra el mercado de trabajo". "Se debe contemplar la coyuntura económica y evitar que suponga un freno a la recuperación", zanjan las fuentes consultadas en Cepyme. Desde el Ministerio de Trabajo, sin embargo, defienden que el momento económico es el adecuado porque las cifras de paro y afiliación están mejorando, al tiempo que las previsiones de PIB se están elevando según se va acelerando la recuperación. Sin embargo, en el departamento de Calviño defienden que, con medio millón de trabajadores todavía en ERTE, lo prudente en estos momentos es contener el SMI hasta poder avanzar más adelante en esa senda con vistas a 2023.
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