Una reforma laboral integral y ambiciosa, que aborde con contundencia la dualidad del mercado de trabajo y la elevada tasa de paro juvenil. Es lo que exige, sin fisuras, la Comisión Europea al Gobierno español, en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia que deben presentar los países en los próximos días para acceder a los fondos europeos de reconstrucción. Bruselas ha identificado esos dos indicadores como las principales debilidades estructurales de la economía española y va a ser inquebrantable en su examen al paquete de reformas que envíe el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El punto de partida no es halagüeño: España llega a la prueba de fuego con el desempleo joven disparado y la contratación indefinida dopada.
Los últimos datos del mercado laboral, publicados este martes, tienen, como es habitual con las estadísticas de Trabajo y Seguridad Social, distintas interpretaciones. En términos generales, el empleo parece haber superado el embate de la tercera ola de la pandemia, aunque el camino por recorrer para recuperar el nivel previo a la crisis es largo, teniendo en cuenta que en el último año se han perdido 330.000 puestos de trabajo y 700.000 personas se han quedado en el paro. Las perspectivas de recuperación no son buenas, habida cuenta de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que este año terminará con otros 150.000 parados pese al repunte de la actividad.
Con este telón de fondo, Sánchez se va a presentar ante la Comisión Europea en las próximas fechas, con el Plan de Recuperación que aprobará el Consejo de Ministros el martes que viene, para captar los 140.000 millones que España espera recibir del Next Generation EU entre ayudas y préstamos. El paquete incluirá más concreciones sobre la reforma laboral que ya se ha puesto en conocimiento de Bruselas en distintos borradores del Plan y que las autoridades europeas han señalado como la transformación preferente que esperan encontrar en el documento que le remita el Gobierno español. La reforma deberá incluir medidas concretas para reducir la dualidad del mercado de trabajo -esto es, la brecha entre trabajadores indefinidos y temporales- y la elevada tasa de paro de juvenil.
Son los farolillos rojos. España ha sido señalada en numerosas ocasiones por superar de largo los promedios del conjunto de países de la Unión en ambos indicadores. Pero los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo ahondan aún más en la gravedad de la situación: por un lado, porque evidencian como los jóvenes han sufrido con mayor virulencia los efectos de la crisis económica provocada por la pandemia y el desempleo entre el colectivo se ha incrementado considerablemente; y por otro, porque aunque reflejan una tasa de temporalidad más reducida de lo que viene siendo habitual en el mercado laboral patrio, las cifras de contratación indefinida están 'dopadas' por los efectos de la conversión de contratos temporales forzada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Por partes. Respecto al desempleo juvenil, el total de parados menores de 25 años registrados en las oficinas del servicio público de empleo (SEPE) alcanzó el pasado mes de marzo los 357.793, lo que supone 70.233 más que un año antes. Lo llamativo es que el incremento interanual, del 24,4%, duplica de largo la tasa de variación general del desempleo (11,3%). Pero es que además, hay que tener en cuenta que ese porcentaje está calculado sobre marzo de 2020, cuando el paro ya se había disparado como consecuencia de la irrupción de la pandemia, de modo que conviene echar la vista un mes atrás, hasta febrero de 2020, antes del estallido de la crisis, cuando se contabilizaban 261.448 parados jóvenes. Con esa referencia, el paro juvenil se ha incrementado en 96.345 con motivo de la Covid, casi un 37%.
Y respecto al otro 'talón de Aquiles', la temporalidad, un primer vistazo a los datos de contratación de marzo sorprende positivamente, pues se observa un incremento de los contratos indefinidos de nada menos que del 56,4% en tasa mensual (con 74.760 nuevas firmas) y del 42,5% en tasa anual (con una diferencia de 61.798 contratos respecto al nivel de marzo de 2020). De este modo, la tasa de temporalidad se reduce del habitual 90% al 85%, pero los datos tienen 'truco'. Del total de 207.191 contratos indefinidos registrados en marzo, el 54%, en concreto, 111.904, proceden de conversiones. Esto significa que más de la mitad de los contratos fijos no son nuevos puestos de trabajo, sino una transformación de empleos temporales en indefinidos.
En muchos casos, las empresas convierten contratos en fijos porque finiquita el periodo legal para continuar como temporales o con el objetivo de obtener bonificaciones en las cotizaciones sociales, pero en otros muchos es la Inspección de Trabajo la que fuerza estas transformaciones. Así es en esta ocasión y de ahí el repunte de las conversiones (crecen un 101% en tasa mensual y un 81% en términos anuales). Como se informó en estas páginas, la Inspección ha puesto en marcha una campaña masiva de control del fraude en la contratación temporal y, a la espera de los resultados, las cifras del Ministerio parecen confirmar su buena marcha. El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ponía este martes de relieve el repunte de la contratación indefinida, gracias a la conversión de casi 112.000 temporales, y destacaba la "enorme importancia" que en estos datos ha tenido la labor de la Inspección.
Para Pérez Rey, estos datos ponen de manifiesto que hay "enormes bolsas de fraude" que hay que combatir. "La Inspección de Trabajo lo está haciendo con gran determinación, pero los datos también demuestran que es necesaria una reforma legislativa en materia de contratación, que haga de la contratación indefinida lo general y que confine los contratos temporales a razones objetivas", avanzaba el 'número dos' de Yolanda Díaz, en línea con las reformas que exige la Comisión Europea al Gobierno español. Lo llamativo es que el Ministerio de Trabajo ha decidido empezar la negociación con los agentes sociales por los aspectos relacionados con la negociación colectiva y no por medidas dirigidas a atajar la temporalidad, más allá de algunos cambios en materia de subcontratación. Un planteamiento que augura tensiones tanto con la CEOE como con Bruselas.
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