La palabra 'nunca' en política suele durar lo que se tarda en conseguir un buen acuerdo. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha subido este jueves a la tribuna del Congreso de los Diputados para defender la senda de estabilidad para 2019 (por segunda vez tras el rechazo de julio) con mejor cara de lo que podría haberlo hecho hace solo un par de días. En esas 48 horas, el Gobierno de Pedro Sánchez ha pasado de estar prácticamente solo en el Congreso a reeditar la mayoría de la moción de censura contra Mariano Rajoy para sacar adelante lo que siempre se considera como el paso previo a los Presupuestos Generales del Estado. Tras la polémica de las reuniones y sus formatos en torno al Consejo de Ministros de Barcelona del 21-D, algo en lo que han incidido desde PP o Ciudadanos como objeto de trueque usado por Moncloa para el apoyo de hoy de los soberanistas, vuelve la esperanza para las cuentas del año que viene y hay sensación, una vez más, de que la legislatura podría sobrevivir más allá de la primavera.
Poco importa que el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, tumbe la semana que viene lo que aprueba el Congreso respecto a las cifras del déficit. Porque lo que importa en política son las intenciones y si los independentistas catalanes ya apoyan la senda de estabilidad también podrían dar el paso de apoyar los ansiados Presupuestos de la "justicia social" de Sánchez. Por el camino quedarán 6.000 millones pendientes: es la diferencia entre el objetivo de déficit que quiere el PSOE (y hoy respalda la mayoría del Congreso) y el 1,3% que ya logró aprobar el PP. Lo dijo la portavoz Isabel Celáa en una rueda tras un Consejo de Ministros: si el Senado rechaza estos objetivos, el Gobierno presentará sus cuentas con los parámetros ya aprobados por el Parlamento... aunque sean los del PP.
Pero todo eso vendrá en el mes de enero, cuando Sánchez presente sus PGE (de un modo u otro). Este jueves, la ministra ha defendido sus cálculos "para dar mayor seguridad jurídica" a los Presupuestos. "No renunciamos a seguir reivindicando que estos objetivos que consensuamos con Bruselas son una oportunidad para España" y "avanzar en la recuperación de los derechos que se le arrebataron a los ciudadanos durante la crisis", así como "para vertebrar el Estado de las autonomías", ha subrayado en su intervención inicial. En definitiva, Montero ha pedido el apoyo para demostrar que "es posible el diálogo y la política frente al ruido y la confrontación" y ha vuelto a arremeter contra esa "España en blanco y negro" y la mayoría del PP en la Mesa del Congreso, "que retuerce el reglamento para impedir que la mayoría progrese".
Posteriormente, en los turnos para la toma de posición, los diputados catalanes, junto a los vascos y los que forman Unidos Podemos, confirmaron lo ya avanzado en las horas previas. El diputado de ERC, Joan Margall, ha comenzado ironizando que lo hacen por "espíritu navideño", pero a continuación ha dejado claro que lo hacen por "voluntad de diálogo" y ha pedido al Gobierno socialista que resuelva el conflicto catalán con "libertad, absolución y autodeterminación". Por su parte, el representante del PDeCat, Ferran Bel, lo ha justificado "de acuerdo con el criterio del Govern de la Generalitat porque así podrá disponer de dos décimas más de gasto".
Fuentes del PDeCAT afirman a La Información que el hecho de apoyar el objetivo de déficit del Gobierno socialista responde a una petición expresa desde el Govern. "En estos casos hacemos lo que nos pide la Generalitat y desde Economía [el departamento que dirige Pere Aragonès] nos han pedido el voto a favor", indican desde la formación independentista. Es un gesto con el Ejecutivo de Pedro Sánchez pero que no irá a más, quieren dejar claro: "De todos modos el 27 de diciembre se tumbará en el Senado".
Las mismas fuentes alejan la posibilidad de que este 'sí' al déficit se traslade a los Presupuestos a partir de enero. "No hay ninguna posibilidad de negociar" las cuentas públicas, inciden desde el partido presidido por Carles Puigdemont. El "presos por Presupuestos" sigue, por tanto, vigente. Aunque desde las formaciones independentistas prefieren hablar de "solución política al conflicto por PGE".
El Senado lo tumbará
El Congreso rechazó el pasado 27 de julio la senda con 137 votos en contra de PP, Cs, UPN, Bildu, Foro Asturias y Coalición Canaria, frente a los 88 votos a favor de PSOE y PNV, y la abstención de 86 diputados de Unidos Podemos, Compromís, ERC y PDeCAT. La senda del Gobierno contempla un déficit del 1,8% para 2019, cinco décimas más que el objetivo actual de Mariano Rajoy, con un margen de casi 6.000 millones que flexibiliza una décima la meta para el Estado (0,4%), en dos para la Seguridad Social (1,1%) y en otras dos a las comunidades autónomas (0,3%). Para 2019, establece un déficit del 1,1% y cuatro décimas en 2021 -todo para la Seguridad Social-, frente a los objetivos actuales del Gobierno del PP de tres décimas y superávit, respectivamente.
Con la actual Ley de estabilidad presupuestaria, la senda de déficit debe contar con el visto bueno tanto del Congreso como del Senado, un aspecto en el cual justificaron su rechazo muchos de los grupos de la oposición el pasado mes de julio. Tras ello, el Gobierno pactó modificar esta ley y el PSOE y varios grupos más registraron una ley para cambiar la Ley de Estabilidad y que el Congreso, en una nueva votación, pudiera levantar un eventual veto del Senado, tal y como hace en otras leyes. Con el ánimo de no llevar al Congreso unos nuevos objetivos hasta aprobar esta modificación de la Ley de Estabilidad, y así poder contar con un mayor margen de déficit en sus cuentas de 2019, el Gobierno justificó el retraso de sus Presupuestos, que debería haber llevado al Congreso antes del 30 de septiembre. Y es que, ante la falta de unas nuevas cuentas, deberá prorrogar antes del 1 de enero las de 2018, aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy días antes de la moción de censura y que entraron en vigor ya con Pedro Sánchez en La Moncloa.
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