El plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania que acaba de aprobar el Gobierno no incorpora finalmente una de las principales medidas demandadas por Unidas Podemos para paliar los efectos de la crisis energética sobre las familias: un cheque de 300 euros para ayudar al pago de la luz y el gas en los hogares. El PSOE rechazó incluirla, pero los socios minoritarios del Ejecutivo siguen presionando para convencer a los socialistas y no descartan sacarla adelante en las próximas semanas. Fuentes gubernamentales consultadas por La Información avanzan que el asunto se está negociando en el seno de la coalición y que la medida podría ver la luz en el marco del gran pacto de rentas que se pretende acordar con las organizaciones sindicales y empresariales.
La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, promotora de esta iniciativa, no ha conseguido, de momento, convencer a Pedro Sánchez y a la vicepresidenta responsable del área económica, Nadia Calviño, para incluir esta ayuda en el primer paquete de medidas que ha aprobado el Consejo de Ministros para hacer frente a la crisis energética, pero su departamento sigue trabajando para que sea una realidad en los próximos días o semanas. El Gobierno tiene pendiente cerrar el anunciado pacto de rentas con la patronal y los sindicatos y esa sería una vía para incorporar, si no el cheque tal y como lo ha diseñado el equipo económico de los morados, alguna ayuda directa similar para las familias que están sufriendo los efectos de la imparable escalada de los precios energéticos.
La propuesta de UP consiste en un cheque de 300 euros para familias con ingresos anuales inferiores a los 70.000 euros. En principio, plantean que se financie a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, aunque la gestión y el abono correría a cargo de las comunidades autónomas. Sería compatible con la percepción de otras subvenciones para la misma finalidad y tendría un coste total de unos 5.700 millones de euros este año. La unidad de convivencia cuya renta se tendría en cuenta estaría compuesta por la persona titular de los contratos de suministros de la vivienda habitual, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, así como las personas vinculadas por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge o pareja de hecho que también residan en la misma vivienda.
Los socios mayoritarios del Gobierno, con Sánchez a la cabeza, han frenado inicialmente este propuesta. Pero fuentes de UP aseguran que siguen negociando con el PSOE y no descartan que salga adelante. Hacienda, por su parte, no se pronuncia al respecto. La idea de los de Yolanda Díaz es incorporarla a un segundo paquete de medidas para paliar las consecuencias derivadas del conflicto bélico en Ucrania, porque los morados consideran que el plan nacional que se acaba de publicar en el BOE se queda corto. Así lo admitía Belarra el lunes, tras la presentación del plan que hizo Sánchez ante el Ibex: "Hemos trabajado intensamente para construir un nuevo escudo social que limite la subida de los alquileres, incluya un cheque de al menos 300 euros para las familias vulnerables y baje la factura de la luz. Queda mucho por hacer pero somos la mejor garantía para cuidar a la gente".
Hemos trabajado intensamente para construir un nuevo escudo social que limite la subida de los alquileres, incluya un cheque de al menos 300 euros para las familias vulnerables y baje la factura de la luz. Queda mucho por hacer pero somos la mejor garantía para cuidar a la gente.
— Ione Belarra (@ionebelarra) March 28, 2022
Unidas Podemos va a pelear por incluir esta medida en la negociación del pacto de rentas que pilota Nadia Calviño. No es tarea fácil, pero tienen un aliado en la mesa: CCOO, que ya ha planteado algo similar. El sindicato propone crear un bono de 300 euros que llegaría automáticamente a través de la nómina a los trabajadores de salarios bajos y a través de las prestaciones a parados y pensionistas con pensión mínima o no contributiva. "Se trataría de una ayuda flexible, pues el beneficiario puede decidir gastarla en pagar la factura energética, en alimentos, alquiler...", explica el sindicato. Según sus cálculos, este bono beneficiaría a casi 9,6 millones de personas y costaría 2.870 millones de euros, que se financiarían con el aumento de la recaudación procedente del alza del precio de la energía y la mejora de la actividad registrada durante el primer trimestre, que situará a final de año los ingresos tributarios 2.000 millones por encima de lo presupuestado.
Díaz estudia medidas similares
Dentro de Unidas Podemos, no solo Ione Belarra, también Yolanda Díaz lleva semanas estudiando medidas similares. A mediados de marzo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo reunió a un selecto grupo de economistas para recopilar recetas anticrisis y una de las que suscitó su interés fue precisamente la posibilidad de aprobar ayudas directas para los más vulnerables. Frente a soluciones como los bonos sociales o los cheques, que colocan todo el peso de la carga burocrática sobre los hombros de los ciudadanos y pueden llevar a la administración al colapso (como sucedió, de hecho, con el Ingreso Mínimo Vital en los primeros compases de su vigencia), los expertos propusieron una rebaja directa en las cotizaciones sociales a cargo del trabajador, de manera que ese 6,35% que la empresa aporta a la Seguridad Social en concepto de cotización pase directamente al bolsillo del trabajador como parte de su nómina mensual.
No sería, en cualquier caso, una rebaja generalizada de cotizaciones sociales, sino aplicada de manera quirúrgica a partir de un umbral para los sueldos más bajos. Sería financiado con los Presupuestos Generales del Estado vía préstamos a la Seguridad Social e implicaría, según algunos cálculos, un bono de unos 300 euros anuales, modulable en función del sueldo. También podría aplicarse a las nóminas de los parados y a los perceptores de pensiones mínimas no contributivas, ya que todos estos beneficiarios están perfectamente localizados por el Estado y sería la manera más directa y efectiva de acceder a ellos y proporcionarles una ayuda de emergencia. Sin embargo, aquí no figuran otros colectivos vulnerables como los parados de larga duración que ya han agotado la prestación, por lo que también se valoró la opción de actuar de manera quirúrgica mediante el sistema impositivo, a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Son algunas de las opciones que están sobre la mesa y que deberán resolverse en el marco de la negociación del pacto de rentas. La patronal y los sindicatos están discutiendo en el ámbito bipartito el AENC, el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva donde se va a determinar la subida salarial recomendada para los convenios de aquí a 2024. La CEOE ha ofrecido un alza de hasta el 9%, pero, con la inflación disparada, los sindicatos exigen llegar al 10% e incorporar cláusulas de revisión con el IPC, una salvaguarda que los empresarios solo están dispuestos a incorporar al final del periodo. El pacto de rentas es un acuerdo más amplio en el que está involucrado el Gobierno, del que los agentes sociales esperan que ponga medidas concretas sobre la mesa para hacer frente a la crisis energética, como puede ser el cheque familiar o la rebaja de las cotizaciones sociales.
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