El 29 de mayo pasado un actuario de Mazars Auditores estampaba su firma en el informe de auditoría de las cuentas anuales de 2017 de la Sociedad Pública de Alquiler. Con ese sencillo ejercicio activaba también la cuenta atrás para la extinción definitiva de lo que se vendió en su día - allá por 2005 - por el Gobierno Zapatero como el gran proyecto para dinamizar el mercado del alquiler en España, resolver el problema de acceso a la vivienda de los jóvenes y embridar la descontrolada evolución de los precios inmobiliarios en un país que se dirigía a toda velocidad hacia su peor crisis económica en 70 años.
Se trata de un final anunciado. En lo peor de la crisis económica y con las cuentas públicas echas unos zorros, el Ejecutivo de Mariano Rajoy decretó en marzo de 2012 un ambicioso plan de cierre de empresas públicas que incluía la liquidación de la emblemática Sociedad Pública de Alquiler, impulsada siete años antes por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y, más en concreto, por su entonces ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, que nunca había sido observada con cariño desde la bancada popular.
Si la sociedad ha llegado con vida al año 2018 es, principalmente, porque el Estado ha tenido que resolver los 170 litigios civiles que arrastraba la sociedad y porque no fue hasta el pasado 12 de febrero cuando los tribunales notificaron al Gobierno - a través de su Entidad Pública Empresarial del Suelo (Sepes), propietaria del 100% de la Sociedad Pública de Alquiler - el archivo de la última causa judicial en que estaba inmersa, según admite la sociedad en sus cuentas anuales correspondientes a 2017, que acaba de publicar.
Seis años ha tardado la sociedad liquidadora - el despacho malagueño Villalba-Coloma-Arkersmit- en quitarse de encima las cargas judiciales arrastradas por las sociedad y, una vez resuelto el asunto, solo esperaba a la conclusión del proceso de auditoría de las cuentas anuales de 2017 para proponer la extinción definitiva de la sociedad, que esperaba sustanciar antes de que finalizara el año 2018. Eso ocurrió a finales del mes de mayo, lo que hará que, por esas cosas del destino, la eliminación de la sociedad se decrete durante el mandato de otro Gobierno socialista, el de Pedro Sánchez.
La Información ha intentado confirmar la ejecución definitiva del acto administrativo de extinción de la Sociedad Pública de Alquiler en el Ministerio de Fomento sin haber obtenido ninguna respuesta. En el Inventario de Entes del Sector Público Estatal la sociedad en liquidación desde el año 2012 continúa figurando en régimen de alta.
Un negocio ruinoso
"Se trata de que la vivienda deje de ser un problema y pase a ser un derecho". Si la Sociedad Pública de Alquiler no cuajó no fue ni por falta de ambición ni por falta de difusión mediática. En un contexto en el que los precios inmobiliarios habían puesto en el centro del debate público las dificultades de la clase media para acceder a una vivienda, la SPA se vendió como la gran solución pública para abrir la puerta de un hogar a todos los españoles.
Su desempeño resultó más modesto. En los siete años que separaron su creación del anuncio de su liquidación, la sociedad gestionó menos de 20.000 contratos de alquiler y nunca fue capaz de superar los números rojos, hasta el punto de abrir un agujero de más de 53 millones de euros a las arcas públicas, a la luz de las cuentas de resultados publicadas durante todos estos años.
Antes de decretar su extinción, la ministra de Fomento del PP calificó la SPA de "negocio ruinoso", no sólo por las pérdidas acumuladas sino también por la escasa incidencia que la sociedad tuvo en el mercado de alquiler de viviendas. La puntilla se la dio el Tribunal de Cuentas un par de años después con un demoledor informe de fiscalización en el que hablaba de un modelo de negocio ineficaz, llevado con una gestión negligente y caracterizada por la asunción de compromisos "muy superiores a los que podía soportar".
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