Miércoles, 16.10.2019 - 22:26 h
Consecuencias de la inestabilidad política

El parón político congela 15 millones de salarios y pensiones en el inicio de 2020

La investidura fallida y las nuevas elecciones dejan sin mejora retributiva a pensionistas, funcionarios, parados, trabajadores que cobran el SMI...

pensionistas Madrid
El 'sueldo' de 15 millones de ciudadanos empezará 2020 congelado por el bloqueo. / EFE

El bloqueo político que ha llevado a la convocatoria de nuevas elecciones generales el 10 de noviembre (las cuartas en menos de cuatro años) tiene importantes consecuencias, no solo para la estabilidad económica del país, sino también directamente para los bolsillos de más de 15 millones de ciudadanos. Las limitaciones operativas del Gobierno en funciones provocarán que todos los colectivos cuya actualización de ingresos depende de normas con rango de ley tengan que esperar a que se forme un nuevo Ejecutivo que dé luz verde a las mejoras retributivas, y nada garantiza que esto vaya a suceder antes de que acabe el año.

Se trata de los 8,8 millones de pensionistas, los 2,5 millones de funcionarios, los 1,7 millones de parados que cobran una prestación por desempleo y los 2,5 millones de trabajadores afectados por el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Todos ellos empezarán el año 2020 con sus ingresos congelados. Las actualizaciones de sus retribuciones, ya sean prestaciones, sueldos públicos o umbrales de referencia legal para los empresarios, como es el caso del SMI, no puede aprobarlas un Ejecutivo en funciones, porque se lo prohíbe la Ley del Gobierno.

En concreto, la Ley establece que el Gobierno en funciones debe limitar su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados, cualesquiera otras medidas. Esto dejaría fuera decisiones como la subida del SMI, las pensiones, el salario de los funcionarios o el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, el conocido como IPREM, al que se ligan numerosos subsidios y prestaciones públicas.

Por un lado están los más de 8,8 millones de ciudadanos (en su mayoría jubilados) que no saben cuánto van a cobrar de pensión a partir del 1 de enero. El propio Pedro Sánchez se comprometió a garantizar el poder adquisitivo de este colectivo aunque no lograse ser investido, como ha ocurrido. Pero el presidente en funciones es consciente de que en estos momentos tiene las manos atadas por la ley del PP que establece que las pensiones públicas subirán solo un 0,25% siempre que la Seguridad Social esté en números rojos.

Así las cosas, en estos momentos se están explorando todas las vías legales posibles para subir las pensiones en función del Índice de Precios de Consumo (IPC) en 2020, pero existen muchas dudas sobre la capacidad legal del Gobierno en funciones para acometer esta revalorización. Mientras en los ministerios de Trabajo y Hacienda están convencidos de que pueden hacerlo a través de un Real Decreto Ley, los sindicatos han considerado que no están capacitados para ello. No obstante, hay que recordar que en 2018 la subida de las pensiones no entró en vigor hasta julio, pero se aplicó con carácter retroactivo.

Por otro lado se encuentran los más de 2,5 millones de empleados públicos que deberían ver reflejada en sus nóminas una subida salarial del 2% a partir del 1 de enero de 2020, pero que vuelven a estar en vilo por la inestabilidad política. Los sindicatos ya se han puesto en contacto con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública para instarle a dar los pasos necesarios para garantizar que el incremento se aplique desde la nómina de enero y no se retrase como ha ocurrido de forma casi sistemática en los últimos años. Exigen que el Gobierno apruebe la subida por decreto, como se hizo para 2019 aunque no había Presupuestos, pero la diferencia es que entonces el Ejecutivo estaba en plenas funciones.

A estos hay que sumar los 2,5 millones de trabajadores que, según calcula el Ministerio de Trabajo, están afectados por el SMI. En concreto, son 1,3 millones de cotizantes del régimen general sin sistemas especiales; entre 750.000 y 800.000 del sistema especial agrario y unas 400.000 personas del sistema especial de empleadas de hogar. La decisión de subir el salario mínimo para el año siguiente debe adoptarla al final del ejercicio en curso el Gobierno de turno y aprobarla por decreto, de nuevo una función restringida en la actual situación de interinidad que amenaza con prolongarse hasta bien entrado 2020. Así, el SMI empezará el año congelado en los actuales 900 euros al mes.

Pero hay más. Los 1,7 millones de parados que gozan de cobertura económica por parte de la Seguridad Social también van a perder poder adquisitivo desde el 1 de enero. Hay que recordar que la actualización de las prestaciones por desempleo depende de un indicador concreto, el IPREM, al que también están referenciados numerosos subsidios y ayudas públicas. El problema es que esta cuantía actualmente fijada en 537,8 euros mensuales está congelada ya desde 2017. Los Presupuestos de 2019 contemplaban un incremento del 2%, hasta 548,6 euros, pero el Congreso los tumbó y tampoco hay nuevas cuentas para 2020. Por tanto, el IPREM también empezará el próximo año congelado. 

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