Sumar presentó el jueves en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para impulsar un Pacto de Estado por un Turismo Justo, Sostenible e Inclusivo que abarque el periodo entre 2024 y 2030 e incorpore medidas, también, enfocadas directamente en el mercado inmobiliario. El socio minoritario del Gobierno ha puesto el foco en la 'Golden Visa', el permiso de residencia concedido a las fortunas extranjeras que compren una vivienda o terreno de al menos 500.000 euros en España. La coalición morada reclama su eliminación, consciente de las fricciones que este tema puede generar con el ala socialista del Ejecutivo, de la que espera avances en esta vía amparados en su acuerdo de gobierno.
Ese pacto sitúa el derecho a la vivienda como una de las prioridades de la legislatura, recuerdan desde Sumar e inciden en que el PSOE va a tener que cambiar algo su punto de vista sobre este tema. "No se entiende que en este país sigan existiendo las Golden Visa", apunta a este diario Alberto Ibáñez, el diputado de Compromís -integrado en la coalición que encabeza Yolanda Díaz- encargado de presentar la iniciativa en pro de turismo sostenible en la Cámara Baja.
Desde su punto urge garantizar ese derecho buscando fórmulas que ya existen en otros países, como Canadá o Andorra, que han aprobado moratorias para que la población no residente, mayoritariamente fondos buitre y grandes fortunas, no contribuyan a la especulación encareciendo el mercado inmobiliario. Su crítica va más allá y apunta a que en un país donde existen las tarjetas de identidad de extranjero (TIE) que, considera, no tienen justificación desde el punto de vista de la nacionalidad ni de la defensa de los derechos humanos, sigan existiendo las Golden Visa. "El PSOE debería hacer una fuerte reflexión de su política migratoria y avanzar en esta vía", señala.
El pasado mes de mayo, antes de que el presidente del Gobierno convocase elecciones anticipadas y se disolvieran las Cortes, el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones firmó un acuerdo con Íñigo Errejón, responsable de Más País, para limitar o endurecer los requisitos a los visados dorados. Desde la formación integrada en Sumar sí se mostraban partidarios de mantenerlos en el caso de inversores extranjeros que compren deuda española por valor de dos millones de euros o que desarrollen un proyecto empresarial en el país.
Escrivá solicitó una opinión del resto de ministerios implicados: Asuntos Económicos, Exteriores y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Al poco de anunciarse, se inició el ciclo electoral y el tema estaba pendiente de la conformación de un nuevo gobierno. Las fuentes consultadas inciden en que, de salir adelante, la medida deberá acometerse de forma conjunta con los ministerios de Exteriores e Interior. En el momento de publicarse este artículo ni Economía ni Seguridad Social habían confirmado a 'La Información' si el tema ha vuelto a retomarse o si se ha hecho alguna evaluación o avance al respecto.
Origen y declive de la 'Golden Visa'
Estos permisos de residencia vinculados a la compra de inmuebles fueron aprobados por el gobierno de Mariano Rajoy en 2013, un 'annus horribilis' para el mercado inmobiliario nacional que, tras haber encadenado cinco ejercicios consecutivos de caída de precios, vio como el coste de la vivienda retrocedía otro 10,6% de media, según el INE. Desde el 1 de enero de aquel ejercicio se había eliminado la deducción por compra, el IVA por la adquisición de vivienda nueva había vuelto al 10% (llegó a bajarse hasta el 4%) y apenas se cerraron un total de 300.349 transacciones con el grifo del crédito aún a medio abrir. Por poner en contexto, el año pasado se rozaron las 650.000 operaciones, la mayor cifra en 15 años.
Sin embargo, la coyuntura ha cambiado profundamente desde entonces y la propia Comisión Europea ha llamado a los países a suprimir la Golden Visa al considerar que se trata de una práctica "antidemocrática" que, en un momento puntual, trató de reanimar un sector tocado y hundido desde el estallido de la crisis financiera en 2008. A Bruselas le preocupa que este tipo de incentivos puedan emplearse para lavar dinero negro y favorezcan la corrupción y el fraude fiscal. De hecho, las autoridades europeas empezaron a movilizarse tras la invasión rusa de Ucrania y a raíz de la publicación de la una investigación periodística liderada por The Guardian.
En 'Dominica: Pasaportes del Caribe' el diario británico y otros medios, en colaboración con el Proyecto de investigación contra la corrupción y el crimen organizado, OCCRP por sus siglas en inglés, revelaron que cinco estados caribeños habían vendido 88.000 visados de la UE a ciudadanos de Irán, Rusia y China, entre otros países. Estas prácticas venían desarrollándose desde 2015.
La vecina Portugal se haya en pleno proceso para retirar esta visa dorada, que lleva funcionando en su territorio desde 2012. Es sólo una de las medidas que incluye el paquete aprobado por el ex primer ministro, António Costa, para tratar de solucionar el grave problema de vivienda en el país, donde los precios de los inmuebles se dispararon el año pasado cerca del 19%.
