Agrava el problema de vacantes

La empresa teme una fuga de talentos al sector público por la ola de oposiciones 

Casi el 50% de los funcionarios se jubilarán en la próxima década, según los datos de la OCDE, lo que supone una oportunidad para los jóvenes, que pueden acceder a mejores salarios y condiciones laborales con una oposición.

Jóvenes se presentan a una oposición.
La empresa teme una fuga de talentos al sector público por la ola de jubilaciones.
Europa Press

En los próximos diez años se habrá jubilado el 58% del personal de la Administración General del Estado, entre funcionarios y personal laboral fijo, según las previsiones realizadas por el Ministerio de Hacienda y Función pública a finales de 2023. Esto supone que más de 97.000 plazas quedarán desiertas hasta 2032, sin que el Estado se haya preparado para ello durante los años de la crisis financiera, lo que se traduce en una intensa convocatoria de oposiciones para los siguientes ejercicios. Todo ello al margen de los puestos que queden vacantes en las administraciones autonómicas y locales, por lo que algunos sectores empresariales ya reconocen que constituye un reto a la hora de atraer perfiles jóvenes a sus filas. 

"Tenemos un problema cultural (...), una sociedad bastante acomodada con un nivel de paro razonable y con buena parte de la administración a la que le toca jubilarse ahora, por lo que hay un atractivo para para ir al sector público, pero sin empresas, sin nuevos empresarios, no avanzaremos", expresaba el presidente del Círculo de Empresarios vascos, Andrés Arizkorreta García, en una de las mesas del Congreso de la Empresa Familiar en la que diferentes líderes empresariales abordaban, entre otros temas, los retos del mercado laboral a corto plazo. 

Para CEOE, el problema de las vacantes por la escasez de mano de obra cualificada es prioritario aunque parece no ser el centro de la 'competición' con la Administración, sino que en este caso respondería a la diferencia entre las condiciones laborales y salariales que ofertan el sector público y el privado. Para la mayoría de estudiantes -universitarios o de FP- el primer contacto con el mundo laboral es a través de unas prácticas no laborales como becarios, no obstante, una vez finalizado ese periodo muchos de ellos se encuentran que el sector privado les ofrece unas condiciones que no cumplen con sus expectativas, que no alcanzan para poder permitirse un piso en la ciudad en la que trabajan o reducen su tiempo libre a mínimos. Y optan por prepararse una oposición. 

"Había una parte vocacional, pero las condiciones económicas hacen mucho"

Es el caso de J. (26 años) quien prefiere no decir su nombre, que tras estudiar Derecho ha decidido prepararse las pruebas para ingresar en la Policía Nacional. "Terminé la carrera y sin el máster de Acceso a la Abogacía no puedes colegiarte, por lo que a la hora de buscar trabajo me encontré con que el único trabajo que podía realizar era de asistente jurídico. Las grandes empresas trabajan mucho con becarios y son tareas muy automatizadas que se basan en rellenar plantillas con datos de clientes". Consiguió un puesto de teleoperador por el que cobraba más que sus compañeros de carrera a pesar de trabajar menos horas y finalmente, se dio cuenta de que no quería dedicarse a un trabajo de oficina. "Tome la decisión de opositar, había una parte vocacional, pero las condiciones económicas hacen mucho", reconoce a este medio.

Almudena (26 años) también prepara la misma oposición. Siempre había valorado el sector público como primera opción mientras estudiaba la carrera de Historia del Arte, aunque pensaba orientarse hacia el ámbito de los museos. "Pensé que a mí no me gustaría estar toda la vida enseñando lo mismo y encerrada, porque soy una persona activa a la que no le gusta mucho la rutina", explica a La Información, lo que le hizo decantarse por la Policía Nacional, motivada por la posible promoción interna además de por su conexión con el campo del Derecho, en el que le gustaría formarse.

M. (24 años), que también pide mantener el anonimato, estudió Biología y después un máster de Bioquímica y Biología Molecular, pero antes de terminarlo ya había decidido que no iba a dedicar su carrera profesional a la investigación. "Cuando terminé la carrera ya tenía en la cabeza la idea de ser bombero como segunda opción, pero al hacer prácticas en un laboratorio de la facultad en el máster, no me gustó nada. Me di cuenta de que no quería dedicar mi vida a esto y empecé a opositar", relata. El salario ligado al cargo no es malo, admite, pero apunta a que en la balanza pesaron más las condiciones laborales, los días de descanso por cada día de trabajo y el hecho de tener una plaza fija, así como el hecho de no ser un trabajo repetitivo. 

Lucía (24 años) en cambio, estudió Periodismo y Ciencia Política, quiere ser secretaria de intervención en municipios de menos de 5.000 habitantes. "A mitad de carrera me di cuenta de que no quería ser periodista, mi principal idea era orientarme hacia la comunicación política pero en pandemia detecté el problema que había en los ayuntamientos y me surgió la curiosidad", explica. Al terminar sus estudios trató de buscar un trabajo acorde a su formación en su ciudad natal, Burgos, sin éxito y medio año después tomó la decisión. "La razón principal fue la tranquilidad de tener una plaza para siempre y un salario muy digno que además se actualiza cada tres años". No obstante, admite que tener que posponer su proyecto vital por no tener apenas ingresos mientras estudia, también pesaba en contra. 

Estos son cuatro ejemplos de una realidad mucho más amplia. En muchos sectores el salario con el que se accede a la profesión guarda una distancia de casi 1.000 euros mensuales con algunos de estos puestos públicos, lo que los empresarios valoran como un reto añadido en plena competición entre empresas pequeñas y grandes por atraer talento joven. En los últimos cinco años, el Salario Mínimo Interprofesional ha crecido casi un 50% hasta situarse en los 1.080 euros al mes en 14 pagas, lo que ha atenuado las diferencias entre los sectores público y privado en los rangos inferiores. Sin embargo, las empresas de menor tamaño aseguran no poder igualar las ofertas por el aumento de costes laborales registrado en el mismo periodo, al tiempo que aseguran verse especialmente afectadas por la morosidad pública. 

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