Algo no cuadra en las estadísticas del Ministerio de Trabajo desde hace meses. Tras el estallido de la pandemia, la Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral se vio superada por la avalancha de procedimientos de regulación de empleo puestos en marcha por las empresas para capear la crisis y optó por priorizar la tramitación de los ERTE, ampliando los plazos para que las autoridades laborales remitieran la información necesaria para realizar la Estadística de Regulación de Empleo. Pero superado el colapso inicial y transcurridos ya 20 meses desde la declaración del primer estado de alarma en marzo de 2020, a día de hoy los datos oficiales siguen sin reflejar la realidad del mercado laboral.
Cuando estalló la crisis sanitaria, el Ministerio de Trabajo se vio obligado a alterar la Estadística de Regulación de Empleo (que incluye tanto los despidos colectivos como las suspensiones de contratos y reducciones de jornada) ante la imposibilidad de registrar debidamente la información de los ERTE remitida desde las autoridades laborales autonómicas y acotó los datos a los trabajadores afectados por procedimientos de ámbito estatal. Este hecho condiciona cualquier análisis: por ejemplo, según esta estadística, en 2020 hubo un millón de trabajadores en ERTE, mientras los registros de la Seguridad Social -la fuente más fiable en este caso- muestran que en el pico de la pandemia se alcanzaron los 3,6 millones de afectados.
Este desfase condicionó sobremanera las comparativas interanuales. A principios de la crisis Covid, allá por los meses de marzo y abril de 2020, se llegaron a registrar en esta estadística incrementos anuales de los afectados por procesos temporales de suspensión de contrato y reducción de jornada del 3.500%. En el conjunto del año, los afectados por ERTE crecieron un 1.600% respecto a 2019, hasta superar el millón de trabajadores. Mientras tanto, los trabajadores afectados por despidos colectivos se redujeron considerablemente en relación con el ejercicio anterior y cerraron el año con un descenso del 72%, con 'solo' 8.614 afectados, 22.257 menos que en 2019.
Es decir, a medida que los ERTE fueron tomando protagonismo en las estadísticas, los despidos colectivos fueron disminuyendo. A principios de este año se mantuvo esa tendencia... hasta marzo, mes en el que la comparativa interanual respecto al principio de la pandemia dejó descensos de los afectados por suspensiones temporales de empleo de hasta el 96%. El viraje definitivo llegó en abril, cuando los afectados por despidos colectivos empezaron a repuntar de manera considerable. Y de acuerdo con la última estadística oficial, los trabajadores inmersos en procesos de suspensión temporal de empleo se redujeron hasta septiembre un 96,4% en comparación con los nueve primeros meses de 2020, mientras los afectados por despidos colectivos se dispararon un 93% en el mismo periodo.
Con todo, a cierre de septiembre, en las estadísticas de Trabajo solo constaban 34.419 trabajadores en ERTE, mientras en la misma fecha la Seguridad Social registraba cerca de 240.000 afiliados en esta situación. Asimismo, el Ministerio apenas daba cuenta de 13.048 personas afectadas por despidos colectivos, una cifra muy inferior a los ERE anunciados por las grandes empresas (solo la banca roza los 18.000 despidos y en total, sumando sectores como la automoción, el comercio y otros, se superan las 30.000 salidas). Los datos que elabora el área estadística del departamento que dirige Yolanda Díaz, por tanto, no constituyen un termómetro válido de la situación que atraviesa el mercado laboral por la crisis de la Covid.
La propia estadística incorpora desde el inicio de la pandemia una nota aclaratoria: "Como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, se decretó en España el estado de alarma el día 14 de marzo de 2020 (...) Desde esta fecha, el número de procedimientos de regulación de empleo comunicados a las autoridades laborables se ha visto incrementado considerablemente, en concreto en cuanto al número de Expedientes de Regulación de Empleo Temporales (ERTES) generados. Por este motivo, no ha sido posible en la mayoría de los casos la remisión de información a la Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral", reza el texto.
La nota expresa que, en el contexto de marzo de 2020, "la prioridad absoluta en materia económica radica en proteger y dar soporte al tejido productivo y social para minimizar el impacto y lograr que, una vez finalizada la alarma sanitaria, se produzca lo antes posible un rebote en la actividad". "Es por esto que, desde la Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral, se ha ampliado el plazo para que las autoridades laborales remitan la información necesaria para elaborar la Estadística de Regulación de Empleo acorde a los cauces habituales, priorizando así el registro, tramitación y resolución de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo indispensables para el acceso a las prestaciones correspondientes, frente a la remisión de información estadística", continúa.
De este modo, se justifica que las tablas publicadas correspondan únicamente a los procedimientos de regulación de empleo comunicados por la Dirección General de Trabajo a la Subdirección General de Estadística para su tratamiento estadístico e incluyan solo trabajadores afectados por procedimientos de ámbito estatal. "La información referida a los procedimientos de ámbito provincial o de Comunidad Autónoma se ampliará cuando se disponga de un número relevante de autoridades laborales en disposición de facilitar datos", añade. Fuentes del Ministerio explican que a día de hoy, todavía no se dispone de esa información y que la estadística "se actualizará cuando las autoridades laborales faciliten los datos". "Estas estadísticas no son definitivas sino provisionales", matizan estas fuentes, veinte meses después del estallido de la pandemia.
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